Hace ya casi dos décadas que estalló una de las mayores crisis económicas que se recuerden en México. A lo largo de aquel fatídico 1994 se sucedieron una serie de hechos políticos que, junto a decisiones económicas equivocadas que tomó el gobierno de Carlos Salinas, pusieron en vilo la estabilidad económica del país desatando, primero, una devaluación del peso de grandes proporciones y, después, el derrumbe de un sistema bancario a pocos años de haber sido privatizado.
Aquella gran crisis canceló por un largo tiempo las aspiraciones mexicanas de insertarse entre las economías emergentes con mayor desarrollo potencial. De un plumazo, no sólo se hizo añicos buena parte de la producción nacional, de los empleos y del ingreso de los mexicanos, sino que también las finanzas públicas asumieron una multimillonaria deuda producto del rescate bancario y del rescate a los deudores de la banca.
Varios son los cálculos acerca del costo de esa crisis. El Banco Mundial ha estimado que le costó fiscalmente al país alrededor del 25% de su producto interno bruto, aunque algunos otros análisis arrojan resultados aún mayores.
Sin embargo, el costo fiscal que pagan los mexicanos aún sigue latente, casi 20 años después de aquella crisis. De hecho, en términos nominales, la deuda del rescate bancario ha seguido creciendo en estos años y a febrero pasado alcanzó 845 mil 616 millones de pesos, unos 65 mil millones de dólares; sin contar los más de 52 mil millones de pesos que registra el saldo del programa de apoyo a deudores que se implementó durante los años aciagos de la crisis.
Así que esta enorme deuda que viene arrastrando el sector público en estas últimas dos décadas -aunque no se haya querido reconocer como deuda pública- es mucho mayor que cualquier presupuesto público que se haya destinado a programas sociales o de inversión en el país.
Ya hubiéramos querido que montos de ese tamaño se hubieran destinado durante este tiempo, por ejemplo, al desarrollo de la ciencia y la tecnología; a la educación superior en México, o al desarrollo e impulso de infraestructura en el país. Otro gallo nos hubiera cantado no sólo porque se habrían evitado las incuantificables pérdidas que sufrieron las familias, empresas y las propias finanzas públicas durante todo este tiempo; sino también porque 20 años después se siguen erogando miles de millones de pesos anuales del presupuesto público para pagar, apenas, los intereses de aquella multimillonaria deuda que se contrajo al rescatar a los bancos.
Pero además hay que advertir que esta deuda por el rescate bancario -conocida contablemente como pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB- sigue creciendo año con año en términos nominales. Si bien en los últimos 13 años esta deuda se ha reducido a la mitad como proporción del PIB (del 9.6% en 2000 al 5% en 2013), en estos mismos años el saldo neto nominal de los pasivos del IPAB se ha incrementado en casi 200 mil millones de pesos y la previsión es que esta deuda quizá alcanzará el billón de pesos hacia 2020.
Poco o nada se dice públicamente acerca de este endeudamiento derivado del rescate bancario que, año con año, carcome recursos presupuestales destinados al pago de los intereses. Sería bueno saber de boca de los funcionarios hacendarios qué piensan hacer con esta deuda: Si seguirán pateando el balón hacia adelante para pagar únicamente los intereses de un endeudamiento creciente, o si tienen la intención de reducir efectivamente el saldo de un millonario y cuestionado rescate, que ya parece eterno.