Competencia en riesgo

03-03-2014 09:43

En las próximas ocho semanas y media que le restan de actividad al actual periodo ordinario de sesiones del Congreso -que concluye el 30 de abril- el presidente Enrique Peña Nieto buscará que los legisladores aprueben las leyes secundarias de tres de las reformas constitucionales de mayor relevancia para su gobierno: La ley de competencia económica, la ley de telecomunicaciones y las leyes relativas al sector energético.

En ese estricto orden es que los estrategas políticos de Los Pinos han planteado la agenda de asuntos urgentes que atenderá el Congreso en este periodo legislativo. Por lo visto y oído en las últimas semanas, el orden cronológico establecido por el gobierno federal para enviar las iniciativas al Congreso, responde a un criterio simple de importancia (de menor a mayor) y a la complejidad estimada para la negociación política.

El equipo cercano de Peña Nieto ha calibrado que la aprobación de su iniciativa de ley federal de competencia económica es la que menos oposición tiene entre los legisladores de oposición y de su propio partido, por lo que servirá como un “medidor” del clima de negociación política para las otras leyes -de telecomunicaciones y energía- que requerirán de precisión de relojero para su aprobación sin contratiempos. De allí que la iniciativa de ley de competencia económica se haya enviado primero al Congreso, para dejar hacia el último tramo del periodo de sesiones legislativas, el paquete de leyes energéticas que -sin ninguna duda- es “la niña de los ojos” de Peña Nieto y en la que ha fincado el grado de éxito de su gobierno.

Este orden de importancia para la negociación de las leyes secundarias preestablecido por Los Pinos ha sido aceptado tácitamente por los partidos de oposición y, curiosamente, también por la prensa. Poco se habla y discute en los medios acerca de la iniciativa de ley de competencia económica que envió el Presidente, mientras que los medios -quizá por intereses propios de sus propietarios- están mucho más atentos a la “guerra de lodo” entre las empresas de telecomunicaciones, y los partidos de la izquierda concentran sus escasas baterías en el tema energético.

Quizá este “silencio” mediático sobre la ley federal de competencia sea conveniente para la propia iniciativa del Ejecutivo que, por cierto, recogió, en buena medida, las recomendaciones que hicieran los comisionados de la nueva Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); y de allí que hace unos días su presidenta, Alejandra Palacios, saliera a los medios a defenderla.

Pero, con todo y que la iniciativa presidencial luce como una buena propuesta de ley y un avance importante respecto de la ley actual, este mismo “silencio” mediático podría dar lugar a sorpresas de última instancia, particularmente en las definiciones conceptuales de la ley en asuntos en los que descansará toda la praxis de investigación y la efectividad resolutiva del Pleno de Cofece, como las prácticas monopólicas relativas, los insumos esenciales, o la participación de mercados. De no quedar estos conceptos perfectamente definidos en la ley, seguramente que Cofece tendrá muchos problemas jurídicos para implementarlos y aplicarlos en casos específicos.

Allí es donde habrá que poner la atención porque los cabilderos y legisladores afines a los poderosos intereses empresariales han seguido trabajando en lo oscurito, precisamente con los detalles de la iniciativa. Y es que si en el orden de prioridades de Los Pinos para este periodo legislativo, la ley de competencia se encuentra en el escalón más bajo, puede convertirse en carne de cañón para las siguientes batallas.

En primera instancia no parece ser la intención de Peña Nieto, pero una ley de tal importancia para los bolsillos de los ciudadanos, debe ser vigilada centímetro a centímetro en estas próximas dos semanas que -se presume- quedará aprobada.