Palos de ciego

Desde su aprobación en el Congreso, la llamada “reforma hacendaria” comenzó a dar tumbos. De hecho, difícilmente alguno de los legisladores que la impulsaban o funcionarios hacendarios que la propusieron, podían explicar con solvencia hacia dónde se quería llegar con la flamante reforma.

Las críticas no se hicieron esperar y los funcionarios hacendarios rápidamente se dieron cuenta que una gran cantidad de cambios tributarios que habían sido aprobados, tendrían consecuencias nocivas, mientras que otros simplemente no tenían sentido económico. Así que en la última semana del año pasado -entre los días de navidad y de año nuevo- se dieron a la tarea de hacer una serie de cambios por decreto ante lo aprobado por los legisladores.

Ahora tenemos un esquema tributario no solo oneroso, sino también confuso y lleno de subsidios, compensaciones y excepciones. Un verdadero galimatías que eliminó la pretendida simplificación tributaria que se había vendido con la reforma.

Pero los palos de ciego de la reforma hacendaria no terminaron con su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2014. Y es que las advertencias del sector empresarial de que se ampararían contra los cambios tributarios, llevaron a que el secretario de Hacienda anunciara unilateralmente, en enero pasado, la firma de un ‘Pacto Fiscal’ en la búsqueda de una especie de tregua entre el gobierno y el sector empresarial para echar a andar la reforma hacendaria sin mayor ruido mediático y limitar las acciones legales en contra de los cambios tributarios.

En el fondo, el gobierno buscó con el Pacto Fiscal la aprobación formal de los empresarios de una reforma hacendaria con la que, esencialmente, nunca estuvieron de acuerdo; mas allá de las formas con la que se planteó y que tanto irritó a algunos empresarios y líderes del gremio. Así que aquel ‘Pacto’ nunca llegó  y más bien dividió a los gremios empresariales más representativos.

Así que, a un día de que concluyera el plazo que el propio secretario de Hacienda se había impuesto, el gobierno anunció ayer la firma de un peculiar ‘Acuerdo de Certidumbre Tributaria’ en el que llama la atención algunos aspectos:

1. Que más que un ‘Acuerdo’ es una carta de compromiso que dictó el presidente Peña Nieto a sus subordinados para que la firmaran bajo la modalidad de ‘Acuerdo’ del Gabinete Especializado de México Próspero.
2. Es interesante observar que el gobierno federal se compromete a no proponer nuevos incrementos de impuestos de aquí al 2018, aunque –en todo caso- ésta es una facultad de la Cámara de Diputados. Con todo, el gobierno federal deja abierta la posibilidad de proponer modificaciones tributarias cuando se den “eventos macroeconómicos sustanciales”, un concepto que no queda del todo definido.
3. El resto de los compromisos del ‘Acuerdo’, o son de carácter general sin que se especifique en qué consiste y cómo se evaluará su cumplimiento (‘Combate a la evasión fiscal y promoción de la formalidad’ o ‘Comunicación permanente y cercana con la sociedad civil’ o ‘Mejorar la eficiencia y oportunidad en el uso de los recursos públicos y la transparencia en los ingresos y en el ejercicio del gasto’) o son compromisos que responden a responsabilidades implícitas del gobierno federal como ‘(el) Pleno respeto a los derechos constitucionales y a las decisiones del Poder Judicial de la Federación’.

El ‘Acuerdo’ dado a conocer ayer, es un palo de ciego más del gobierno federal en su intento por validar una reforma hacendaria que nació como un botín de cambio político pero que no responde a una idea articulada con el propósito de que la política fiscal sea palanca de un crecimiento sostenido y de una menor desigualdad.