A cuatro días de que concluya febrero aún no se vislumbra la firma del Pacto Fiscal que el secretario Luis Videgaray diera a conocer desde Davos durante las reuniones del Foro Económico Mundial.
Fue el 24 de enero pasado cuando el secretario de Hacienda adelantó a la prensa que durante febrero estaría listo un acuerdo de estabilidad tributaria a fin de dar certidumbre a las empresas y a los trabajadores sobre las reglas fiscales para los próximos años, según dieron a conocer los medios de comunicación nacionales ese día.
La primicia del secretario sorprendió a medio mundo, principalmente a los empresarios, quienes serían sus interlocutores en el acuerdo. La reacción del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al día siguiente, reveló que en realidad no había ninguna negociación en camino hacia la firma de un acuerdo. “Para que esto se dé (la firma de un acuerdo de largo plazo) definitivamente hay temas pendientes que seguramente tendremos que avanzar con la autoridad”, respondió Gerardo Gutiérrez Candiani desde Oaxaca. Es decir, no había nada. El secretario Videgaray habría lanzado su Pacto sin conversaciones previas y mucho menos con cierto asomo de consenso sobre los aspectos básicos de un pretendido acuerdo.
La molestia de los empresarios con la llamada reforma fiscal era abierta; así se lo habían hecho saber al gobierno en público y en privado, a la vez que su área de análisis -el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado- no cesaba en publicar diagnósticos y mostrar las consecuencias de una reforma que consideran un retroceso. Entre tanto, miles de medianos empresarios del norte del país -y uno que otro grande- amenazaban con presentar amparos frente a las nuevas obligaciones fiscales emanadas de las reformas.
Para hacerle frente a una situación así es que surge unilateralmente el llamado Pacto Fiscal, buscando emular lo logrado con el pacto firmado con los partidos políticos que impulsó el presidente Peña Nieto al inicio de su gobierno y pretendiendo validar la reforma fiscal a través de la “foto oficial” de un acuerdo empresarios-gobierno.
Pero las conversaciones de las últimas semanas no han sido tersas y los borradores enviados por Hacienda con los términos del Acuerdo, tampoco fueron aceptados por todas las cúpulas y asociaciones empresariales. “Sería sentar un precedente peligroso enviando una señal de que los empresarios estamos dispuestos a doblar las manos frente al gobierno en asuntos en los que, claramente, no estamos de acuerdo y así lo hemos dicho públicamente”, me dijo un líder empresarial hace poco.
En las cúpulas empresariales el malestar creció recientemente a raíz de la iniciativa sobre la ley antimonopolios que envió el Ejecutivo al Congreso. Su lectura de una injerencia del gobierno en los mercados para fijar precios máximos, ha sido vista como una tendencia generalizada del gobierno por dirigir la economía imponiendo sus reglas. Una situación que ha levantado ámpula en algunos sectores empresariales, profundizado aún más los desacuerdos para firmar el Pacto Fiscal.
Los próximos días serán cruciales para el futuro de un Pacto que se gestó y divulgó -como si fuera un hecho consumado- desde la oficina del poderoso secretario de Hacienda.
SÍGALE LA PISTA…
Un dato para tomar en cuenta. Mientras que en el Buen Fin de 2012, 70% de las compras se pagaron en efectivo y 30% a través de tarjetas de crédito, el año pasado estos porcentajes se invirtieron: 65% de las compras se pagaron con tarjeta de crédito y sólo 35% en efectivo; según cálculos de la ANTAD. Un signo más de la liquidez disponible en los hogares.
Samuel García
Editor y economista. Fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y 'El Universal'. Director fundador de 'Infosel'. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Máster en Periodismo Digital. Columnista, comentarista y consultor para diversos medios en México.