La “buena nota” que recientemente le concedió la calificadora Moody’s a la calidad de la deuda que emite el gobierno mexicano, debería estar directamente relacionada con el manejo actual de la política fiscal y con su perspectiva de mediano plazo. Y es que si la calificadora estadunidense le anotó un histórico “A3” a la deuda soberana del país, es porque algo extraordinario ocurrió o está a punto de ocurrir con la fortaleza de las finanzas públicas.
Es allí donde comienzan las dudas sobre la decisión de Moody’s. Y es que una de las críticas reiteradas al gobierno mexicano es precisamente la debilidad de las finanzas públicas. Crítica que se ha redoblado con la reciente aprobación de una “reforma fiscal” que no sólo le dará escasos recursos adicionales netos al erario público, después del frenazo de última hora que aplicó el Ejecutivo, sino que además es un freno adicional para la inversión y el crecimiento. Eso sin contar los miles de amparos que ya ha generado la “reforma”.
Entonces, ¿por qué se premia con una mayor calificación de solvencia, a una política fiscal cuya debilidad estructural sigue latente y cuyos resultados sobre el crecimiento y el bienestar de la población son mediocres?
Una de las respuestas la dio ayer el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado en un muy interesante análisis comparativo sobre la eficacia tributaria en México y Perú durante la última década y sus resultados sobre el crecimiento económico y el bienestar de la población en cada uno de los países. El vistazo a lo hecho en Perú es interesante porque es una de las economías de mayor crecimiento sostenido de la región y con uno de los mejores prospectos hacia el futuro, junto a Chile.
Rescato algunos párrafos del análisis del CEESP: “Contrariamente a lo ocurrido en México, la economía peruana ha fortalecido sustancialmente sus finanzas públicas en la última década, logrando incrementar los ingresos del gobierno y al mismo tiempo mantener cierta estabilidad en sus niveles de gasto, derivado de lo establecido en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal aprobada por el Congreso de la República del Perú en 1999, en el que se instituyó el principio general ‘el Estado debe asegurar el equilibrio o superávit fiscal en el mediano plazo, acumulando superávit fiscales en los periodos favorables y permitiendo únicamente déficit fiscales moderados y no recurrentes en periodos de menor crecimiento’. De esta forma, las reglas fiscales de la misma Ley estipularon que el déficit anual del sector público no financiero no puede superar el 1% del PIB y el incremento anual del gasto de consumo del Gobierno Central no puede ser mayor de 4% en términos reales. Según cifras del FMI, en 2012 los ingresos del gobierno general en Perú se situaron en 21.7% del PIB, mientras que el gasto fue de 19.6% del PIB. En contraste, el gobierno general de México incrementó sus ingresos a 23.6% del PIB, pero sus gastos alcanzaron el 27.3% del mismo. El manejo de las finanzas peruanas permitió que la deuda neta gubernamental se redujera en 32.6 puntos porcentuales en nueve años. Entre el año 2003 y 2012, la deuda peruana pasó del 36.9% del PIB a solamente 4.3%. Por el contrario, México pasó de una deuda neta gubernamental de 35.1% del PIB (menor a la de Perú en 2003) a 38% del PIB en el 2012”. En fin que “la economía peruana ha logrado crecer a tasas superiores al 5% anual de manera sostenida, y al mismo tiempo ha mantenido la estabilidad macroeconómica y equilibrio en sus finanzas públicas; por el contrario, la economía mexicana no ha logrado mejorar su crecimiento y tampoco equilibrar sus finanzas públicas, por lo que, a diferencia de lo ocurrido en Perú, los niveles de deuda neta gubernamental han aumentado permanentemente”.
En suma, los resultados en la última década en materia de equilibrio y disciplina tributaria, de combate a la pobreza y de crecimiento sostenido del PIB per cápita en ambas economías, saltan a la vista.
Así que la lección es menos marketing y más decisión, señores.