La inflación del gobierno

El fuerte incremento en los precios que hemos visto al iniciar el año, ha sido provocado principalmente por decisiones del gobierno. En esta ocasión, los incrementos no han sido determinados por los precios internacionales de los alimentos, ni por la depreciación reciente del peso, ni siquiera por factores climáticos, como ha ocurrido otras veces.

El aumento en los precios fue provocado por cuatro factores: Alzas en los precios de las gasolinas, incrementos en las tarifas del transporte público, aplicación de nuevos impuestos a los refrescos e incremento del 11% al 16% en la tasa del IVA en las zonas fronterizas del país.

Estos factores atribuidos a decisiones de política pública explican más de tres cuartas partes del incremento de los precios que reportó el INEGI durante la primera quincena del año de 0.68% y de 4.63% en términos anuales.

Es decir, el nivel de la inflación actual -que es muy superior a la meta establecida por el banco central- tiene mucho más que ver con las decisiones de los gobiernos y del Congreso, que con las pasadas decisiones de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México. Apenas hace unos cuantos días el gobernador Agustín Carstens señalaba que habían sido, precisamente, los incrementos en los precios de las gasolinas -que han triplicado a la inflación general anual- los que han impactado al alza el nivel general de precios impidiendo el cumplimiento de la meta del banco central.

Se puede argumentar, entonces, que los problemas de la política fiscal, así como la ineficiencia en la operación de Pemex que encarece el precio de las gasolinas, tiene un impacto inflacionario en la economía a través de los precios públicos.

Se argumenta que esta alza de los precios provocada por las decisiones del gobierno, será transitoria y que tendrá un efecto “de una sola vez”. Lo que querría decir -como se argumenta en las élites oficiales- que a partir de febrero se iniciará una tendencia a la baja en el crecimiento de los precios para cerrar el año en alrededor de 3.5%, como lo ha calculado el Banco de México, apoyado en un débil crecimiento de la demanda agregada.

Sin embargo la realidad de la calle parece decir otra cosa. Existe la impresión de que efectivamente hay un “contagio” alcista en los precios a partir de la política de precios y tarifas del sector público (el precio oficial de las gasolinas para este año se incrementarán entre 2.5 y 3 veces la inflación general estimada) que los analistas económicos ya han comenzado a incorporar en sus estimaciones para el año.

Ayer en sus pronósticos macroeconómicos, Banamex elevó su estimación para la inflación a final del año a 4.40%, con un promedio anual de 4.52%. Para la inflación subyacente promedio anual estimó 3.66% y 4.04% al final del año, lo que hace pensar en un efecto “contagio” del nivel general de los precios derivado de las decisiones de política fiscal del gobierno federal. Por cierto, tampoco se descarta una afectación adicional a los precios internos derivado de la volatilidad financiera internacional reciente y de las presiones sobre la paridad cambiaria.

Pero regresando al punto central. Se ha dicho que con esta política fiscal recaudatoria se busca que el gobierno cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades más urgentes de la población. Cuestión que aún está por verse.

Lo que sí ya se ve, es que la política de los precios públicos ya tiene efectos inflacionarios indeseables con consecuencias negativas sobre el poder adquisitivo de la mayor parte de la población. Y ése es un asunto que no puede soslayarse.