Ayer Carlos Serrano, el economista en jefe de BBVA Bancomer, lanzó en conferencia de prensa las preocupaciones que tiene el banco español asentado en México sobre algunos aspectos de la reforma financiera que recientemente fue aprobada por el Congreso y que tanta difusión le han dado las autoridades hacendarias.
Después de los consabidos piropos que lanzó Serrano a la reforma, como establecen los cánones de la cortesía, el directivo fue al punto sobre dos asuntos que les inquietan a los banqueros españoles: Uno de ellos es la facultad legal que ahora tendrá la secretaría de Hacienda de –y cito a Serrano- “evaluar el desempeño de los bancos en función de su contribución al desarrollo del país”; y el otro -es uno que ya trae polémica desde hace varios años atrás- tiene que ver con la restricción en el pago de dividendos de las filiales bancarias a su casa matriz cuando ésta se encuentre en problemas.
En ambos asuntos –y ya veremos si la “preocupación” del mayor banco del país también incluye otros aspectos de la reforma financiera que aún no han sido del todo analizados- la cuestión central es la preocupación de los banqueros extranjeros por la clara inclinación del presidente Peña Nieto de implementar políticas con una orientación de mayor intervención del Estado en los mercados, y en particular en el mercado bancario.
El asunto sobre la restricción en el pago de dividendos desde las filiales a las matrices extranjeras cuando éstas enfrentan problemas –como ha sido el caso de la crisis reciente- es un viejo asunto que se ha debatido ampliamente en México impulsada por la bancada del PRI y por el ex gobernador del banco central, Guillermo Ortiz, que planteó el debate públicamente tanto en discursos como en artículos que publicó en la prensa internacional. Claramente el ahora presidente de Banorte logró cuajar su propuesta en la reforma que aprobó el Congreso con el apoyo del PRI y del PAN, aunque aún los puntos finos de los “cómo” recién se implementará en las semanas siguientes con una altísima probabilidad de que la reglamentación mantenga el mismo espíritu de la reforma; lo cual parece razonable en un mundo globalizado y con una alta incertidumbre financiera.
Sin embargo el aspecto más preocupante y que merece una atención particular es el primer señalamiento que hace Serrano y que explicaba con cierta ligereza el subsecretario Aportela en una entrevista matutina que dio ayer en Radio Fórmula. Me refiero a la nueva facultad legal de la Secretaría de Hacienda de evaluar el desempeño de los bancos en función de su ‘contribución’ al desarrollo del país. Cuestión que nos hace recordar a las políticas financieras de los años setenta con aquellos viejos ‘cajones’ del crédito bancario a través de los que el gobierno dirigía el financiamiento hacia ciertas actividades económicas, con resultados lamentables para la economía.
La preocupación del BBVA es atendible. Pero no por ellos, ni por su negocio; sino porque la tentación de un Estado sabelotodo, que dirige y guía la actividad económica está a la vuelta de la esquina. Una tentación peligrosa por sus ya consabidas consecuencias.
DICIEMBRE, MAL MES. Ayer un reportero le preguntó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, si el gobierno federal anunciará en este año –como lo había prometido- su decisión sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. A lo que el secretario respondió: “Estamos a punto de tener una solución…Cuando tengamos esa solución, que lamentablemente no es cosa de poco tiempo, es de muchos meses… Les pido paciencia…Esperemos que sea este año, quizás principios del que viene. Diciembre no es un buen mes para tomar este tipo de decisiones…” Puesto así, esperamos que enero sí lo sea; secretario.
