El Observador

El riesgo de contar escuelas

11-11-2013 10:10

Eduardo Sojo sabe a lo que se está enfrentando. Desde que en diciembre pasado los partidos políticos firmantes del Pacto por México le encargaron la realización de un censo escolar en educación básica y especial, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, sabía que éste sería uno de los encargos más complicados de llevar a cabo.

Contar escuelas, alumnos, maestros, equipo y mobiliario escolar puede ser un asunto complejo por el detalle que requiere el levantamiento o por la dispersión geográfica en la que están ubicadas las escuelas, pero es un asunto de rutina para un organismo con la experiencia en este tipo de tareas como INEGI.

Vaya, en casi cualquier otro país del mundo el asunto del censo escolar causa extrañeza porque se sobreentiende que cada escuela, zona escolar y región tienen una relación pormenorizada y regularmente actualizada del número de alumnos, maestros y escuelas que están en funcionamiento. Un asunto básico de normalidad de la gestión educativa que requiere una simple hoja de cálculo para su registro.

Pero en México hasta la trivial normalidad está atada a intereses particulares y más aún cuando se trata de la cuestión educativa. Sojo sabía que contar escuelas, alumnos y maestros en México puede ser un asunto peligroso, que requiere de una elaborada estrategia, de una suerte de ‘inteligencia’ como si se tratara de enfrentar a grupos del crimen organizado. Había que sortear los peligros para la integridad física de los encuestadores bajo su responsabilidad, pero también los riesgos que se derivan de las presiones políticas de todo orden que vendrían encima.

Enfrentar a los agresivos grupos locales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE -que desde el inicio desafiaron cualquier intento del Estado por realizar un censo educativo- es una prueba de fuego para cualquier gobernante o político. Y si no habrá que preguntarle a Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal, a Gabino Cué, el gobernador de Oaxaca, o al propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ninguno de ellos ha sido exitoso en sus negociaciones con el grupo disidente de maestros que paralizan vialidades y destruyen propiedades públicas y privadas cuantas veces se les antoja; haciendo de las leyes letra muerta y burlándose de la ineptitud de los responsables de hacerlas cumplir.

Sojo sabía –como lo sabemos de alguna manera todos- que en México ni el número de maestros, ni el número de alumnos que se han exhibido en las estadísticas oficiales, son las que corresponden a la realidad. Cifras infladas que –año tras año- reclaman presupuestos públicos inflados, por miles de millones de pesos, que van a parar a los bolsillos de unos cuantos secuestradores de la educación pública que ondean las viejas banderas de las reivindicaciones sociales con enorme éxito, como se ha visto.

Ante los riesgos, el INEGI decidió informar de cada paso de este proceso. En mes y medio ha emitido cinco boletines de prensa dando a conocer los avances de sus encuestadores en el campo, pero sobre todo alertando de las resistencias que encuentra a su paso por parte de los opositores. Una especie de parte de guerra.

En el más reciente, al 5 de noviembre, reportó que ha visitado el 90.8% de los centros de trabajo escolares del país. Un 69.9% ya está censado, otro 11.1% está en proceso y en el 9.2% no se pudo obtener información; es decir hubo franco rechazo al censo escolar. Lo preocupante es que en cuatro estados –que son ‘territorios’ del CNTE- el rechazo es abrumador: En Chiapas el rechazo alcanza 61.5%; en Michoacán, 52.9%; en Oaxaca, 32.7%; y en Quintana Roo, 26.8%. En estos estados las cifras educativas seguirán secuestradas por intereses que lucen intocables.

Aquí sí –en materia educativa- se tiene un estado fallido a menos que el gobierno y los partidos en el Congreso decidan hacer valer las instituciones del Estado.

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