La discusión legislativa sobre el presupuesto público para 2014 ya comenzó. Según informa 24 Horas la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se declaró ayer en sesión permanente para votar su dictamen sobre el Presupuesto 2014 entre el martes y miércoles de la próxima semana y presentarlo al Pleno para su votación el próximo jueves 14 de noviembre.
Es decir, si todo sale como lo ha previsto el presidente de la Comisión -el priista José Manzur Quiroga- en cuestión de ocho días más quedará aprobado para el próximo año un gasto público del orden de 4.4 billones de pesos que se ha propuesto ejercer el sector público, gasto que no podrá ser financiado en su totalidad con los ingresos públicos ya aprobados por ambas cámaras, por lo que se requerirá financiamiento por más de 620 mil millones de pesos incluyendo la inversión de Pemex.
Por las reuniones recientes que se han llevado a cabo entre legisladores, funcionarios del gobierno federal, de los estados y de los partidos políticos, todo apunta a que hay prisa por aprobar el Presupuesto. En todo caso, ante la posibilidad de algunas objeciones, la indicación del subsecretario de Egresos de la secretaría de Hacienda, Fernando Galindo, es que solo se llevarán a cabo algunos ajustes menores a la propuesta original, como lo mencionó recientemente en una reunión con representantes del sector privado.
La prisa del sector oficial por aprobar el Presupuesto 2014 sin mayor examen y discusión sobre la política de gasto del gobierno, es sintomática de una ‘reforma fiscal’ que no plantea ningún cambio de fondo en la calidad del gasto público, en la rendición de cuentas de los gobiernos locales y en la transparencia en su aplicación. Asuntos que planteó el presidente Enrique Peña Nieto en el libro que sirvió de base para sus planteamientos de políticas públicas durante la campaña presidencial.
Aquí hemos insistido reiteradamente en que cualquier pretendida reforma fiscal debe comenzar por plantear una política de gasto público con objetivos precisos, con acciones palpables de austeridad en el uso de los recursos públicos, con mecanismos de rendición de cuentas en todos los órdenes del sector público, particularmente entre los gobiernos locales; y con políticas de transparencia y de vigilancia ciudadana establecidas de antemano.
Pero nada de eso vemos en el proyecto de gasto público para 2014 que el gobierno ha propuesto con un crecimiento de 9.2% en términos reales en relación a 2013, mientras que estiman que los ingresos fiscales crecerán a la mitad, en un año en que la economía apenas si crecerá en una tercera parte de lo que lo hará el gasto público.
La calidad del gasto público brilla por su ausencia. Poco o nada ha dicho el gobierno sobre el uso que le dará a los 180 mil millones de pesos –aproximados- de recursos adicionales que pretende recaudar con el alza en los impuestos. ¿Cuáles son los objetivos y usos específicos de esta recaudación? Una pregunta sin respuesta que solo aumenta la ya enquistada desconfianza ciudadana y que los diputados están obligados a responder.
Nada se ha informado respecto a los objetivos, procedimientos, usos y resultados puntuales de los recursos públicos supuestamente destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre que encabeza la Secretaría de Desarrollo Social.
¿Acaso se quiere hacer crecer el gasto público y destinar los recursos de los mayores impuestos al ‘rescate’ de empresas particulares como la refresquera Pascual, al ‘rescate’ del mercado hipotecario privado a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, al financiamiento de huelgas y plantones de la CNTE, o, incluso, para ‘apoyar’ las ventas del Buen Fin como ya lo han pedido los comerciantes del país?
El gasto público es el corazón de la ‘reforma’ fiscal y su discusión a fondo es asunto prioritario para los ciudadanos y sus representantes en el Congreso. La prisa por aprobar el Presupuesto 2014 llama a la sospecha.
Samuel García
Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.