La propuesta fiscal que envió Enrique Peña Nieto al Congreso para obtener recursos por unos 240 mil millones de pesos hacia 2014 tendría que sufrir una transformación mayor, dadas las distorsiones que se generaría en la economía de aprobarse tal cual fue planteada.
Ya algunos legisladores priistas, más allá de la pretendida aplicación del IVA a las colegiaturas y a la compra-venta de vivienda, deslizan en privado su desacuerdo con un puñado de medidas recaudatorias que plantea el Ejecutivo Federal en su propuesta. En el reducto legislativo priista ahora se plantean cómo compensarán la caída en los ingresos fiscales esperados por el gobierno, si se modifican sustancialmente o se desechan algunas de éstas propuestas planteadas por la Secretaría de Hacienda.
A medida que transcurren los días se corrobora aquella primera impresión que causó la reforma fiscal y que aquí comentamos en su momento: Es una ‘reformita’ –acotada e insuficiente para las necesidades del país- claramente con una vocación recaudatoria, que pretende seguir incrementando el gasto público, y que para ello se apoya en aplicar más impuestos a los contribuyentes cautivos y en aumentar la deuda pública, sin compromisos concretos desde las esferas públicas en materia de transparencia, rendición de cuentas y austeridad.
Si bien hay esfuerzos por desmontar la simulación, elusión y evasión fiscal especialmente entre los grandes contribuyentes, en general la reforma fiscal que plantean Peña Nieto y Videgaray trae a la memoria la vieja visión priista de un Estado centralista, opaco y que privilegia el endeudamiento como mecanismo para financiar el gasto público.
Contrario a lo que se ha planteado, reformas como la propuesta a la Ley del Impuesto sobre la Renta a personas físicas, atentan contra el necesario principio de equidad en la aplicación del impuesto, además de que generarán distorsiones indeseables en la economía con su puesta en marcha.
La Iniciativa de la Ley de Ingresos propone aumentar la tasa máxima del ISR para personas físicas -“aplicable a contribuyentes con altos ingresos”- al 32% para aquellos que tienen ingresos mayores a 500 mil pesos anuales (41 mil pesos mensuales o más). “Con ello –dice la Iniciativa- se incluyen en la base del impuesto ingresos que se concentran exclusivamente en los sectores más favorecidos de la población”. Además la propuesta del gobierno “introduce un límite al monto de las deducciones personales que se pueden realizar en un año”. Con estas medidas el gobierno pretende recaudar ingresos adicionales por 59,000 millones de pesos el próximo año.
Si bien la población con ingresos superiores a 41 mil pesos mensuales es un porcentaje pequeño, la propuesta del gobierno de gravarlos con una tasa máxima es injusta porque rápidamente se le da a la clase media el mismo tratamiento fiscal que aquellos ricos con ingresos realmente elevados. Una opción que ya analizan los legisladores es ampliar los escalones de ingresos para tasas de ISR al 32% y al 35%.
Pero la verdadera ‘trampa’ recaudatoria que ha lanzado el gobierno, más que en el nivel de tasa, se encuentran en el tope a las deducciones fiscales que podrían realizar las personas físicas. Y es que con esta nueva medida planteada por Hacienda, la tasa efectiva del impuesto a las personas físicas alcanzaría niveles superiores al 36%, incluso podría superar el 40% en aquellos con ingresos de 41 mil pesos mensuales o más.
El impacto de medidas fiscales como el planteado de topar las deducciones fiscales sería muy fuerte en el ingreso real de las clases medias y, por lo tanto, con un impacto importante en su consumo. Una medida así favorecería diversas conductas de elusión, de desahorro y de informalidad; con impactos negativos en la economía de las familias y con serias distorsiones económicas.
Samuel García
Es economista y periodista económico. Es fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y del diario El Universal. Director fundador de Infosel. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y Coordinador-profesor del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Columnista y comentarista en diversos medios de comunicación en México.