¡Ni un peso más!

El informe semanal que ayer divulgó la vocería de la Secretaría de Hacienda a través de los medios de comunicación, se enfocó en defender las propuestas de transparencia y eficacia en el gasto público supuestamente contenidas en la reforma fiscal que presentó el gobierno al Congreso.

La vocería hizo un esfuerzo infructuoso en el intento de convencer a la prensa y a los ciudadanos sobre bondades que la reforma fiscal no tiene. Nada está más alejado de esta reforma fiscal que la intención del sector público –gobierno federal y locales, poderes y entidades autónomas- de ‘apretarse el cinturón’, de rendir cuentas de lo que gasta, y de gastar con eficacia y pulcritud.

En ningún párrafo de la propuesta presupuestal contenida en la reforma se menciona alguna intención o programa de austeridad sobre el gasto público. Al contrario, para 2014 se planea que el gasto neto pagado crezca 9.3% en términos reales, casi 3 veces el crecimiento esperado de la economía; mientras que el gasto corriente seguirá representando casi el 80% del total del gasto programable, que sigue considerando incrementos en el número de las plazas burocráticas.

En la última década se ha reforzado la tendencia alcista en el gasto público con resultados mediocres. El año pasado el presupuesto de la secretaría de Salud fue cuatro veces mayor que el que tenía asignado en el año 2000, y durante el gobierno de Felipe Calderón la secretaría de Seguridad Pública multiplicó por dos su presupuesto anual, mientras que la violencia en las calles se multiplicó.

Si hay un tema urgente en materia de finanzas públicas, es el de la calidad en el gasto público. La reforma hacendaria debe ser –en esencia- una reforma a fondo por la calidad en el gasto público; una propuesta que planteó en su momento el candidato Enrique Peña Nieto, pero que ahora –desde la Presidencia- ha hecho de la reforma hacendaria una esencialmente política.

En su libro “México la gran esperanza” (2011) Peña Nieto llamó a construir lo que denominó “un estado eficaz” en base a una reforma hacendaria que provea los recursos públicos suficientes para concretar las reformas estructurales que planteó. Allí, en ese libro, Peña Nieto definió los rasgos de una reforma hacendaria que incluiría: Ampliar la base tributaria, reducir las exenciones y privilegios fiscales, simplificar la tributación, realizar un ejercicio eficaz y transparente del gasto público, y redefinir las obligaciones tributarias de la federación, de los estados y municipios. Casi nada de eso está ocurriendo.

La reforma fiscal que entregó al Congreso es una esencialmente recaudatoria y de corto plazo para obtener más recursos desde los mismos bolsillos de los contribuyentes, con el mismo argumento de siempre: Que se requiere gastar más con urgencia.

La pregunta es ¿para qué? ¿Acaso para los gastos “urgentes” en flotas de coches, helicópteros y avionetas –todas con choferes, pilotos, asistentes y guardaespaldas- en las que llegan los gobernadores de los estados a las primorosas reuniones de la CONAGO? ¿O quizá para los millonarios gastos que se destinan del presupuesto público a los líderes sindicales para que lleven la fiesta en paz con el gobierno? ¿Acaso también son los gastos para las millonarias partidas personales de las que gozan los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y buena parte del personal de alto nivel del poder judicial? ¿O quizá para cubrir las partidas de servicios personales de todo tipo de los que se benefician los legisladores federales y estatales sin que le rindan cuentas a nadie? ¿Acaso son los gastos “urgentes” para seguir pagando los despilfarros en la construcción de la nueva sede del Senado, o quizá para ‘abultar’ los gastos en la imagen de políticos, gobernadores y presidentes municipales? ¿De eso se trata?

Esta reforma fiscal debe ser una de calidad en el gasto público. Mientras ello no ocurra, es inmoral pedirles a los ciudadanos de siempre un peso más en impuestos.