Reformita

La reforma hacendaria que ayer envió el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados fue la reforma políticamente posible, no la necesaria para hacer frente a los rezagos de la economía y a los recursos que se requerirán para las otras reformas.

No hay duda que el Presidente envió una propuesta con avances importantes, como la eliminación del régimen de consolidación fiscal que se había convertido en un ‘hoyo’ para las finanzas públicas, la creación de los impuestos ‘verdes’ para combatir la degradación ambiental, el retiro gradual de los subsidios a las gasolinas que favorece a la población de mayores ingresos, los incentivos a los municipios para que eleven la recaudación del impuesto predial; o, incluso, el pago de impuestos con tarjetas de crédito o débito que facilitarán su cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Pero en términos generales y a reserva de escudriñar a detalle los documentos del paquete económico, la reforma hacendaria se quedó corta.

Se quedó corta en relación a las expectativas que había generado. Si el alcance de una reforma fiscal de gran calado para un país como México -con una baja capacidad recaudatoria- se mide a través de los recursos tributarios adicionales que generará para el Estado, esta reforma será insuficiente.

La reforma generará tan solo 1.4 puntos adicionales del PIB, unos 240 mil millones de pesos. Un porcentaje similar al que se logró durante el gobierno de Felipe Calderón con los cambios tributarios que se implementaron a partir de 2007 y que introdujeron nuevos impuestos como el Impuesto Empresarial a Tasa Única, IETU; y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, IDE; un par de ‘parches’ que se aplicaron para ‘tapar los hoyos’ de la evasión y la elusión fiscal ante la imposibilidad política de modificar a fondo la estructura fiscal.

Pero también se quedó corta en relación a todos los cálculos que se habían hecho con anterioridad para, por ejemplo, financiar el programa de seguridad social universal -que contendría un seguro de desempleo, de pensiones y de salud; para fincar con inversiones históricas el despegue de la investigación científica y los requerimientos de la reforma educativa; para elevar el gasto de inversión pública en infraestructura y telecomunicaciones; y para transformar con la celeridad que se requiere el régimen fiscal de Pemex a fin de que la petrolera cuente con los recursos de inversión suficientes para competir con éxito en un mercado con nuevos jugadores.

Para todo ello se esperaba que la reforma hacendaria ofreciera recursos tributarios adicionales que se estimaron en alrededor de 4 puntos porcentuales del PIB. Sin embargo en términos recaudatorios la reforma hacendaria que presentó el Ejecutivo tendrá un menor alcance. Ya en días pasados comentábamos que habían crecido fuertemente las probabilidades de que el gobierno federal presentara una reforma fiscal modesta (“¿Reforma fiscal diluida?”, 27 de agosto) que –decíamos- buscaría recaudar entre 1.5 y 2 puntos porcentuales del PIB. Pero fuimos muy optimistas.

Incluso la reforma hacendaria se quedó muy corta en otros dos aspectos. No hay mayores medidas y compromisos en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre el gasto público a nivel del gobierno federal, y mucho menos a nivel de los gobiernos locales. Pero tampoco en la reforma se aprecia que habrá un avance sustantivo en materia de simplificación fiscal que beneficie al contribuyente, a pesar de que el presidente Peña Nieto mencionó coloquialmente en su discurso que éstos dejarán de usar a los contadores.

Es evidente que la creciente conflictividad social en las calles de la Ciudad de México y el deterioro de la economía durante el primer semestre, pasó la factura a la reforma hacendaria limitando sus pretensiones. Se desactivaron protestas y se contratará más deuda para intentar reactivar la economía. Pero el gran salto que se esperaba, tendrá que esperar.