Los ricos

En las páginas 31 y 32 de la Iniciativa de Decreto enviada al Congreso por el presidente Enrique Peña Nieto para reformar la Ley del IVA, se abunda en las razones del gobierno federal para gravar con el Impuesto al Valor Agregado la compra de perros, gatos y especies menores, así como los alimentos que consumen.

En el documento se lee textualmente: “…al igual que en el caso de la compra de los alimentos para los mismos, se considera que quienes adquieren estos animales reflejan capacidad contributiva y, en consecuencia, se trata de manifestaciones de riqueza que deben ser gravadas”.

Ni hablar. Para el gobierno, es rico quien posee un gato o un perro que alimenta con algún tipo de comida procesada y, por lo tanto, debe pagar nuevos impuestos. Es un lujo, un síntoma de riqueza que debe ser gravado según la Iniciativa.

No voy a discutir ahora esta particular definición de riqueza que encuentro en la Iniciativa y que no me convence por muchas razones, pero sí el destino que le dará el gobierno a esos recursos adicionales que pretende obtener del bolsillo -no precisamente de los realmente ricos- sino de millones de mexicanos de clase media y que ya son contribuyentes cautivos.

Y es que cualquier discusión sobre nuevos impuestos que pretenda un gobierno debe comenzar por una evaluación de su gasto.

La pregunta central a un gobierno que pide más dinero a sus ciudadanos es, “¿para qué quieres más dinero?” Y en seguida, “¿qué haces con el dinero que ya te doy?”

Al leer el texto del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 en el que Peña Nieto busca responder ambas preguntas, quedan muchas dudas.

Me explico. El gobierno cobrará más impuestos porque pretende gastar 4.4 billones de pesos el próximo año, 9.3% real más que lo aprobado para este 2013. Esto no es ninguna novedad, en los últimos 12 años el gasto público se ha multiplicado bajo el argumento de que se requiere gastar más para combatir la pobreza, para los programas de salud, para una mayor calidad educativa, o para enfrentar la inseguridad pública que aflige a la población.

Sin embargo, los resultados de los programas de combate a la pobreza, de educación y de seguridad pública no sólo no han sido satisfactorios, sino han sido realmente malos, como lo muestran una serie de indicadores que elaboran el Coneval, la OCDE, o la Cepal. La multiplicación del gasto público aplicado a la política social en la última década y media sencillamente ha fracasado y si la política fiscal pretendía reducir la grave desigualdad a través de transferencias y subsidios para alentar la inclusión, ésta falló.

El problema estriba en que el mismo gobierno que pide más impuestos, aún no ha mostrado voluntad para gastar mejor los recursos que ya se le entregan y para informar a los ciudadanos con toda transparencia y sin pretextar excusas. Los excesos en el gasto público saltan a la vista sin pudor.

Para tener un ejemplo rápido de esto, sólo basta ojear los cientos de páginas del analítico de plazas y remuneraciones del sector público en el tomo VIII del Presupuesto para 2014, y encontrarse que cada una de las 11 plazas de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá un ingreso bruto anual de más de 6 millones 434 mil pesos; que otros 21 directores generales del Poder Judicial ingresarán en promedio más de 3 millones y medio de pesos al año; o que un chofer de la Suprema Corte tendrá un ingreso bruto anual de 648 mil 421 pesos (más de 54 mil pesos al mes si se prorratea la cifra).

Allí -en el creciente gasto público, en los excesos y en la corrupción- están buena parte de las explicaciones del fracaso en la redistribución del ingreso desde la política fiscal, mientras que se engorda a la burocracia de alto nivel desde el presupuesto público. ¿Acaso son los nuevos “ricos”?