El improvisado desahogo de la agenda legislativa

14-09-2018 08:43

Si la transición administrativa actual nos ofrece la paradoja de un gobierno saliente claramente derrotado y uno por venir, igualmente vencedor, que nos lanzan una avalancha de información incierta que deja a la ciudadanía perpleja; la instauración del Congreso de la Unión nos arrojaría otra no menos preocupante: una agenda legislativa cuidadosamente planeada por la mayoría a la que parece se quiere dar trámite con precipitación.

Un ejemplo da cuenta de la posible improvisación con la que puede desahogarse la agenda legislativa. El presidente del Senado, Martí Batres, presentó durante la sesión legislativa de este 13 de septiembre, una iniciativa proyecto de decreto por el que se eliminarían las disposiciones constitucionales que establecen los concursos de oposición para acceder al servicio docente y alcanzar puestos directivos dentro la educación básica y media superior. 

Esto lo propone reconociendo que aún no concluyen los foros de consulta del próximo secretario de educación, que habrá otras propuestas de cambios legales y que en el pasado no hubo la adecuada intervención de maestros, expertos, padres de familia y de la sociedad en general en el asunto. En su justificación, la iniciativa cuestiona el acelerado procedimiento con el que se ha propuesto.

La precipitación se confirma con el hecho de que, de acuerdo con la agenda legislativa, el senador Batres también habría planteado la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sin embargo, al subir a tribuna, sólo se limitó desvincular las consecuencias laborales de la evaluación docente. Este último asunto no es de forma alguna trivial y requiere un diagnóstico cuidadoso, pero resulta más preocupante que la mayoría en el Congreso comience a decidir, en general, asuntos de gran importancia con iniciativas improvisadas.

En temas económicos y de política social, la agenda legislativa que se ha planteado MORENA, y que resulta clave al tener, junto con sus aliados, la mayoría absoluta en ambas cámaras, incluye la legislación sobre Austeridad Republicana, las disposiciones para evitar duplicidades en la administración pública y evitar despidos a los trabajadores de base, la ley reglamentaria sobre las remuneraciones a los servidores públicos, la reforma sobre el salario mínimo en la frontera norte, la reversión del decreto de “privatización” del agua, la modificación de las leyes sobre la reforma educativa y la ley sobre la gratuidad de la educación pública.

 

la instauración del Congreso de la Unión nos arrojaría otra no menos preocupante: una agenda legislativa cuidadosamente planeada por la mayoría a la que parece se quiere dar trámite con precipitación.

 

Los primeros resultados de la definición de esta agenda son mixtos, en cuanto a su cuidado y claridad. 

Así, por ejemplo, la propuesta de Ley de Austeridad Republicana es bastante precisa en eliminar gastos simbólicos, como las pensiones presidenciales, pero también sustanciales, como los seguros privados y regímenes especiales de jubilación en todos los Poderes de la Unión.

Por otra, deja a la Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos la definición de los salarios que habrán de recibir los funcionarios públicos. Esta última establece que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente, pero deja al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) la determinación o viabilidad de los tabuladores que habrán de aplicarse.

La indeterminación actual de remuneraciones particulares no es en sí misma un problema, en la medida en que con anticipación se especifiquen, clarifiquen y justifiquen los criterios que habrán de regirlas en el Proyecto de PEF.

Lo preocupante es que este proceso se asemeje a lo que ocurrió con la propia ley de remuneraciones. La minuta que establece que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de México fue puesta a votación en el pleno tras haber quedado en la congeladora desde el año 2011, por lo que presenta varios desfases respecto a la realidad nacional. El más notorio es que la ley aprobada aún contempla una indización al salario mínimo que dejó de estar vigente desde 2016. Otra vez, se percibe una prisa legislativa que puede generar problemas, incluyendo controvertir la recién aprobada ley en la Suprema Corte.

Quizás el elemento de mayor importancia en la agenda legislativa del 2018 sea el PEF mismo, pues éste definirá el alcance de las múltiples promesas de campaña que hizo AMLO y con las que lanzará su gobierno.

Es fundamental que éste se construya con una gran solidez técnica desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sobre todo que sea examinado en la Cámara de Diputados con el detenimiento que merece y sin hacerle agregados fruto de la prisa o la ocurrencia. Las primeras señales de la labor del Congreso es que esto no necesariamente va a ocurrir.

 

Twitter: @equidistar