Sexto informe de gobierno: el reporte de la fase terminal

31 Agosto, 2018

Al examinar el entorno económico y social que rodea el sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, se observa el declive definitivo de la presente administración en el manejo de los asuntos públicos.

Lo que comenzó de forma prometedora desde la campaña presidencial de 2012 está por terminar con un saldo que de forma generosa se puede calificar de decepcionante. Nada más contundente que el reciente veredicto de las urnas para confirmarlo, pero la deuda con la sociedad va más allá de lo político.

Hay elementos simbólicos que marcan el descenso de la capacidad gubernamental para enfrentar los problemas de interés para los mexicanos. Entre estos factores se encuentran la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y el conflicto de intereses de la pareja presidencial en torno a la “casa blanca”, todo ello en 2014. 

Esto se tradujo en una caída en la aprobación del desempeño del presidente Peña Nieto de casi 30% respecto a su nivel más alto en 2013. Sin embargo, más allá de lo emblemático de estos casos para la reputación presidencial se encuentra la elevación en la inseguridad (la incidencia delictiva subió 19% en ese periodo, según el INEGI) y la normalización de prácticas corruptas (según el índice de corrupción de Transparencia Internacional).

En materia económica, en el curso del primer año y nueve meses previos a la caída de la popularidad del presidente, el gobierno actual realizó profundos cambios.  La serie de reformas laboral, energética, de competencia económica, de telecomunicaciones, hacendaria y financiera son testimonio de ello. 

Esta capacidad de transformación estuvo asociada al pináculo de la capacidad de operación política presidencial que representó el Pacto por México. Se puede estar de acuerdo o no con la transformación que sufrieron las reglas de la economía, pero la conjunción de fuerzas políticas opuestas para sacar adelante medidas que afectaban múltiples intereses particulares perfilaba a Enrique Peña Nieto como un verdadero estadista. 

Desafortunadamente, este perfil no se materializó.

De forma célebre, la revista The Economist resumió lo que alejó al presidente Peña Nieto de ser un gobernante competente: no entiende que no entiende. Aunque, la frase fue usada para ilustrar su falta de comprensión de los problemas de inseguridad y corrupción, también es pertinente para ilustrar su desapego de la realidad económica del país que gobernaba. 

Si bien la persistente falta de crecimiento económico requería medidas que atrajeran la inversión, la desigualdad social crónica hacía urgente un cambio de raíz en la arquitectura de los mercados y en la capacidad redistributiva del Estado. Su desatención de la polarización económica, derivada de la concentración de la riqueza, y sobre la cual se agregaron los agravios de la violencia criminal y la impunidad, construyó en buena medida el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

En 2012, el entonces presidente electo Peña Nieto no parecía que fuera a cometer el error garrafal de descuidar la desigualdad económica. En su campaña había prometido la instauración de un sistema de seguridad social universal financiado con impuestos generales. Esta medida procuraría una base sólida para igualar oportunidades de participación económica entre la población. 

La reforma hacendaria de 2013 incluso afectó los incentivos a la actividad empresarial para evitar gravar con el IVA a medicinas y alimentos y así no generar una mayor pobreza. Sin embargo, para 2014, la promesa de una seguridad social unificada con trato igualitario para todos los mexicanos había sido sustituida por una serie de remiendos a un sistema ineficiente e inequitativo.

A partir del endeble piso de un sistema de salud y de pensiones fragmentado, y con una reforma educativa que sólo fraguaría en el largo plazo, la política social no podía ir muy lejos en la reducción de la pobreza. 

Además, incluso dejando a un lado el probable uso fraudulento del gasto social con la Estafa Maestra y un posible intento de manipulación de cifras de ingreso, la política social perdió de vista objetivos clave, como la necesidad de poner orden a los más de seis mil programas sociales en el país. 

Así, ni el enfoque territorial y productivo de la Cruzada contra el Hambre, ni el pragmatismo tecnocrático de la Estrategia Nacional de Inclusión pudieron evitar que este gobierno registrara en 2016 un número mayor de personas pobres que con el que comenzó.

Para cuando al candidato Trump le fue obsequiada una visita a Los Pinos por el presidente Peña en 2017, hundiendo esto aún más la aprobación presidencial, la mayor parte de las graves fallas de su gobierno habían sido cometidas.

Sin embargo, esta concesión al ahora presidente de los Estados Unidos persigue hoy a Enrique Peña Nieto con el peor de sus frutos, una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que luce onerosa para México y que ha alienado a Canadá del proceso.

Desde esta perspectiva, la atención sobre el sexto informe de gobierno luce como un breve alivio en la fase terminal de un gobierno arrollado por sus propios errores. 

 

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Rodolfo de la Torre Rodolfo de la Torre Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.