Del Desarrollo Social al Bienestar

El planteamiento de una política de bienestar es una gran oportunidad para corregir errores, pero también involucra el enorme riesgo de magnificar los existentes o de agregar algunos nuevos.
17 Agosto, 2018

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) cambiará de nombre a Secretaría del Bienestar en la próxima administración, de acuerdo a lo anunciado por Andrés Manuel López Obrador.

No hay sorpresa en ello. Un gobierno entrante suele cambiar la denominación de las secretarías de estado e incluso reorganizar de forma profunda la estructura y funciones de algunas de ellas, pero ¿Qué hay en este cambio de denominación? ¿Qué diferencia habrá entre la política social actual y la futura? ¿Qué cambios debería de haber?

Una interpretación anecdótica de la mudanza de apelativo es el deseo de distanciarse del léxico heredado desde la administración de Carlos Salinas de Gortari. Es bien sabido que el creador de la SEDESOL, y de programas e instituciones que riman con el acrónimo de la secretaría, como PRONASOL e INDESOL, es un connotado miembro de la ‘mafia del poder’ denunciada por el tabasqueño.

Sin embargo, más allá de esto, en principio, el cambio de nombre puede considerarse inocuo. Lo que importa es el enfoque y contenido de las políticas públicas. 

En cuanto a enfoque, la idea de desarrollo social suele asociarse al estado y evolución de las condiciones de vida de las personas enfatizando la interrelación entre los miembros de una comunidad. En cambio, el concepto de bienestar se dirige más al asunto de la calidad de vida individual, reconociendo que las personas viven en sociedad.

Es una cuestión de énfasis, que no parece favorecer la preeminencia que da a lo social el discurso de López Obrador. Pero cabe otra interpretación: el futuro gobierno se inclina por  un estado de bienestar, donde el acento se encuentra en el cumplimiento de los derechos sociales.

La futura secretaria del bienestar, María Luisa Albores, ha señalado como requerimientos centrales de la futura política social el que sea participativa, incluyente y democrática. Estos elementos se entienden como el involucramiento directo de las personas, en su territorio, en las decisiones que atañen a sus necesidades mediante la revitalización de las asambleas comunitarias. 

Esto puede interpretarse como un enfoque de derechos de la política social, en el cual es indispensable que las personas se asuman como ciudadanos que pueden reclamar acciones del estado para atender sus necesidades, debiendo involucrarse en tales acciones.

Un enfoque de este tipo le da transparencia y estabilidad a la política social, pues la atención a los derechos sociales incumplidos requiere de su monitoreo y es exigible. Esto limita severamente la interpretación y la discrecionalidad del gobernante en su aplicación. 

También, el enfoque tiene el potencial de mejorar la efectividad de la política social en cuanto que no considera a las personas como objetos pasivos de medidas externamente decididas, sino como sujetos capaces de orientar y retroalimentar las acciones gubernamentales. 

Adicionalmente, la participación las personas genera en ellas un sentido de apropiación de la política social que favorece su adopción y continuidad.

Pese al discurso reiterado de la presente administración de haber adoptado un enfoque de derechos en la política social, éste no se materializó en su contenido. Se sigue pensando más en beneficiarios que en derechohabientes, los mecanismos de participación en las decisiones de política social tienen un alcance aún muy limitado y el incumplimiento de los derechos sociales difícilmente es reclamable y muy raras veces sujeto de denuncias y juicios. 

Aún se carece de las instituciones cercanas al ciudadano que hagan justiciables los derechos sociales. Han prevalecido estrategias de corte general o medidas que escasamente involucran el parecer de las personas.

Corregir este déficit institucional puede ser un acierto de la política de bienestar por venir. Sin embargo, no existe una manera única de concebir el enfoque de derechos y esto puede derivar en medidas contraproducentes. 

En lugar de hacer efectivo el derecho a la oportunidad de alcanzar un mejor nivel de vida, se puede intentar garantizarlo como resultado, pasando por alto la responsabilidad individual, cayendo en el asistencialismo donde lo requerido es la iniciativa personal. 

La visión territorial puede pasar por alto mínimos indispensables a nivel nacional o diferencias locales entre personas, es decir perder la universalidad de algunas medidas y la focalización de otras.  La toma de decisiones en asambleas puede dar pie a ignorar grupos minoritarios o a atender clientelarmente a los grupos mejor organizados.

El planteamiento de una política de bienestar es una gran oportunidad para corregir errores, pero también involucra el enorme riesgo de magnificar los existentes o de agregar algunos nuevos. Uno de ellos sería la pretensión de construir sobre las estructuras endebles de la política social nacional existente. 

Se requiere crear un nuevo sistema de atención de derechohabientes, lo que involucra ordenar las facultades de emprender acciones sociales de la Federación, los estados y los municipios, entre otras cosas. Sólo así se le puede dar consistencia y eficiencia a un estado de bienestar.
 

Twitter: @equidistar

Rodolfo de la Torre Rodolfo de la Torre Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.