Política, economía y concentración del poder

09-07-2018 08:59

El próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendrá un poder inmenso.

No sólo tiene un mandato claro, con 53% de la votación popular, sino la coalición que lo impulsó, “Juntos Haremos Historia” conformada por MORENA, PT y PES, tendrá 68 de 128 senadores y 307 de 500 diputados. Si logra mantenerla unida, cuestión que inicialmente no parece difícil, podrá realizar cambios legislativos, no constitucionales, sin mayores problemas.

Más aún, no es de descartar que legisladores perredistas, priistas y de otros partidos migren a MORENA o estén dispuestos a votar con la coalición lopezobradorista, lo que la colocaría cerca de los 86 senadores y 334 diputados necesarios para iniciar un cambio en la Constitución.

Con 19 de las 32 legislaturas de las entidades federativas en manos de sus aliados, dos más de las necesarias para aprobar cambios constitucionales, una nueva Constitución estaría garantizada.

Ante este panorama, el temor al ejercicio de un poder político sin contrapesos formales es comprensible y no debe ser ignorado, pero tampoco debe pasarse por alto la falta de contrapesos de que ha gozado el poder económico. En México cerca de tres cuartas partes de la riqueza están en manos del sector privado nacional, y de ella dos terceras partes corresponden al 10% de la población más rica.

Cuando se trata de activos financieros privados, casi el 85% de ellos se encuentra en este grupo de la población. El 1% de la población más rica tiene fortunas de al menos un millón de dólares y concentra más del 40% de la riqueza privada. Los cuatro hombres más ricos de México son capaces de movilizar el equivalente a 8 puntos del PIB, en términos de su riqueza personal.

 

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Esto ha permitido que un grupo muy reducido de personas  tenga una influencia desmedida en los asuntos públicos, que van desde beneficiarse de la falta de mercados competitivos, hasta de actos de corrupción, pasando por privilegios fiscales con legislación a modo.

El poder más preocupante que desde tiempo atrás ha requerido contrapesos es el económico.

Hoy, la amalgama del poder polìtico y el económico se ha modificado, y si bien esta fusión nunca ha sido perfecta, ahora hay perspectivas de una mayor separación y un nuevo balance entre ellos. El equilibrio entre estas dos grandes fuerzas involucrará seguramente elementos de negociación, pero por su distancia ideológica, y su muy diferente propuesta de país, habrá también acciones de debilitamiento recíproco.

El acercamiento entre López Obrador y las cúpulas empresariales, que sigue en curso, ha creado como piso el mantenimiento la civilidad política y la estabilidad económica. Es algo que, para quienes hoy concentran el poder político y económico, les resulta mutuamente benéfico, pero tras la apariencia de conciliación está un próximo conflicto distributivo.

López Obrador tiene la primera jugada. El campo está abierto para ir más allá de la inclusión de sus medidas de redistribución del gasto público.

En el curso de las próximas semanas quedará lista su impronta en el próximo presupuesto. Se reducirá el gasto público en aspectos simbólicos, como las prestaciones más allá de los mínimos de ley de los mandos superiores y extinguiendo la pensión de los ex-presidentes, y en cuestiones sustantivas, afectando montos significativos de algunos ramos del gasto público.

Al mismo tiempo, se dará arranque a la implementación gradual de las becas educativas y laborales para jóvenes, y a la duplicación de las pensiones no contributivas para adultos mayores. Pero ¿Por qué detenerse ahí cuando cambios legislativos profundos están a su alcance?

López Obrador podría revisar el régimen de concesiones del sector minero y aumentar significativamente su contribución al erario; podría plantear impuestos a la riqueza, a las herencias, a las ganancias de capital o crear un predial federalizado; podría modificar los mecanismos de ajuste al salario mínimo, cambiar las fórmulas de asignación del gasto para estados y municipios y elevar significativamente el gasto social.

Todo esto sin mencionar lo que podría hacer con las reformas educativa y energética, o con las propias reglas de la competencia política. Ello, más allá de las consecuencias que tendría sobre la eficiencia productiva, claramente cambiaría el balance del poder económico.

Quienes concentran la riqueza en México siempre podrán llevarse una buena parte de ella ante amenazas severas a la estabilidad económica, a su influencia y a su poder, pero tales acciones no convienen a nadie, aunque haya quienes pierdan más que otros. Esto impondrá límites de corto plazo a las posibilidades hegemónicas de López Obrador y su movimiento, pero es insuficiente en el mediano y largo plazos.

Por ello quienes se han beneficiado de la extrema desigualdad económica tratarán de impulsar alternativas políticas al movimiento morenista y eventualmente capturarlas para su beneficio.

Sin embargo, si la separación del poder político y del poder económico resulta ser significativa, el impulso a estas alternativas puede ser sana al elevar la competencia política, redistribuyendo poder político al ciudadano y no necesariamente devolviéndolo íntegro al poder económico.

En las pasadas elecciones ciertamente fuimos testigos de un “tsunami”, pero las placas tectónicas del poder político y del poder económico no han terminado de acomodarse. Estén atentos al sismógrafo social.

 

Twitter: @equidistar

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