Balance de la cuestión social en 2017

El inicio de 2017 lucía promisorio en materia social.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo alcanzó los menores niveles del presente sexenio (38.9%) en el primer trimestre del año.

Adicionalmente, las carencias no monetarias, que junto con el ingreso determinan la pobreza, se encontraban en mínimos históricos. La Estrategia Nacional de Inclusión Social, puesta en marcha por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en 2016, parecía dar resultados.

Estos modestos avances resultaron opacados por diversas controversias. En febrero, aún se discutían las cifras de ingreso de los hogares, cuya falta de comparabilidad con datos previos confrontó al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) con el CONEVAL, pues este último no pudo calcular la pobreza de 2015 y enfrentaba la amenaza de una igual consecuencia para la de 2016.

En este contexto, el presidente Peña Nieto propuso para ocupar una de las vicepresidencias del INEGI a una candidata discutible, quien fue impugnada por un gran número de investigadores y organizaciones de la sociedad civil.

Un problema de la candidatura de la ex funcionaria de la SEDESOL era haberse involucrado en el reparto de 9.5 millones de cartillas sociales, instrumento que les notifica a los beneficiarios de programas sociales cuánto han recibido en apoyos de los gobiernos federal y estatales.

Esto no tendría nada de extraordinario de no haber coincidido con el periodo de levantamiento de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, instrumento clave para medir la pobreza, lo que podría haber sesgado las respuestas de los encuestados respecto al pasado, al contar con información diferente.

Mientras se dirimían las cifras de ingreso y el nombramiento de la nueva vicepresidenta del INEGI, el porcentaje de población con menos ingreso laboral que la línea de bienestar mínimo aumentó debido a una creciente inflación, particularmente de los alimentos.

Las ganancias en ingreso laboral de la presente administración se esfumaron en términos reales para el segundo trimestre de 2017. Sin embargo, pese a estos indicadores, aún estaban pendientes las cifras de pobreza de 2015 y 2016 con las estimaciones que finalmente generó el INEGI en sustitución de los datos comparables.

Las cifras de pobreza oficiales reveladas el tercer trimestre apuntaban a un panorama alentador: el porcentaje de población en pobreza y en particular en pobreza extrema había disminuido entre 2012 a 2016. Sin embargo, una inspección cuidadosa de la información muestra que el número total de personas pobres aumentó en términos absolutos, y el incierto margen de error impide incluso hablar de una clara reducción en la pobreza extrema. Más aún, los datos directos de la ENIGH 2016 y los programas de cálculo del CONEVAL señalan un incremento en la pobreza total y extrema entre 2015 y 2016.

El escaso énfasis del CONEVAL en lo incierto de las cifras y los sismos de septiembre las llevaron a segundo término en la discusión nacional.

Sin embargo, la catástrofe expuso la fragilidad de amplias zonas debido a la pobreza, la desigualdad y la corrupción. En general, los municipios más pobres del país en estados como Chiapas, Oaxaca y Puebla fueron los más afectados por los terremotos. Este efecto fue sumamente diferenciado en la Ciudad de México, no sólo según la zona geológica sino también de acuerdo a la posición económica y la vulnerabilidad de las víctimas a la negligencia inmobiliaria.

Informalidad y pobreza en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México

Pero la mayor calamidad para la política social estaba por develarse. Aunque desde el inicio de 2017 la Auditoría Superior de la Federación había señalado el desvío de 1,787 millones de pesos a partir de la SEDESOL, en septiembre se pudo conocer que las irregularidades en esta dependencia ascendían a más de 7,670 millones de pesos.

A esta cifra se han venido sumando las de otros casos en otras dependencias, incluyendo la posible desviación de 250 millones de fondos educativos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Partido Revolucionario Institucional a través del gobierno de Chihuahua.

En este entorno, para el tercer trimestre de 2017, la inflación y el bajo dinamismo de la economía revirtieron los avances en la pobreza por ingresos laborales a los niveles de 2013 (41.8%). Dos años y medio de superar un arranque adverso en las condiciones de bienestar de la población ocupada se perdieron en nueve meses debido a la precaria estabilidad macroeconómica. Desafortunadamente, este panorama no parece próximo a revertirse. La inflación ha seguido en ascenso, el aumento en los salarios mínimos este diciembre es un alivio limitado y temporal y hay signos de una posible recesión en puerta.

En retrospectiva, 2017 representa el punto máximo y el claro declive del bienestar social en esta administración, todo ello envuelto en información nebulosa, controversias y escándalos de corrupción. En perspectiva histórica, es un vaivén en donde esencialmente todo sigue igual.

Twitter: @equidistar