Damnificados del presupuesto 2018

Antes de los sismos de septiembre y sus secuelas, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PPEF 2018) anticipaba importantes estragos a la política social del país.

Si bien estos no son generalizados, en algunos casos puede decirse que habría daños estructurales a programas clave, los que requerirán recursos para su fortalecimiento. Así como hay fuerzas naturales que exponen vulnerabilidades sociales, también hay decisiones económicas que exhiben debilidades de la política pública.

Las verdaderas preferencias de un gobierno se revelan en su presupuesto. En este sentido, la prioridad del Ejecutivo de acuerdo al PPEF 2018 sería la función de gobierno, con un incremento real de recursos respecto a lo aprobado para 2017 de 7.2%. En segundo término, estaría el desarrollo social, que aumenta su gasto en 1.1%, y por último el desarrollo económico, con una contracción real de 3.9% en su presupuesto (ver análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados).

Pese a que el gasto en la función de desarrollo social aumentaría, este gasto no parece priorizar adecuadamente los objetivos de equidad o de reducción de la pobreza. La mayor parte del incremento del gasto en desarrollo social lo absorberían los subsidios a las pensiones al trabajo formal, mientras que se reduciría el monto dedicado a las pensiones de aquellos típicamente sin trabajo formal y con muy bajos ingresos. Esta es una forma de preservar una considerable desigualdad económica en el país.

El contexto en que se plantea el presupuesto, además de la emergencia por los sismos, es de un aumento de la pobreza en cerca de tres millones de personas, entre 2015 y 2016, de acuerdo a los resultados de las encuestas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y los programas de cómputo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Esta información, sin embargo, no parece haber influido en el presupuesto de ramos y programas prioritarios para atender la pobreza.

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El PPEF 2018 plantea recortes en términos reales a los Ramos de salud (4.5%), de educación (1.8%), y de desarrollo social (3.4%). Estas reducciones resultan preocupantes incluso con las cifras oficiales de pobreza dadas a conocer por el CONEVAL, basadas en las estimaciones y no en los resultados del ingreso de los hogares del INEGI. Según el CONEVAL, en 2016 existían en el país cerca de 62 millones de personas con un ingreso inferior a la línea de bienestar, de las cuales 53 millones y medio eran pobres.

Cabría pensar que el recorte a estos ramos responde a la necesidad de ajustar el gasto público a ingresos que han permanecido relativamente estables y al objetivo de un menor endeudamiento como proporción del PIB. Sin embargo, de ser así, sorprende que en el PPEF 2018 se recorten los programas que mayor efectividad han tenido mientras se mantiene o incrementa  el presupuesto de rubros con cuestionables beneficios para reducir la pobreza.

En 2016 existían 53 millones y medio de pobres en México, según Coneval

En su análisis del gasto social, el CONEVAL  identifica 31 programas o acciones sociales federales cuyas evaluaciones muestran su elevada efectividad en el combate a la pobreza, y que en consecuencia considera altamente prioritarios.  Un grupo de ellos realiza transferencia que elevan significativamente el ingreso de las personas pobres. Otros, atiende las carencias de alimentación, salud, educación, calidad y espacios de la vivienda, servicios en la vivienda, y seguridad social.

Pese a que por razones de eficiencia y equidad estos programas debieran protegerse presupuestalmente, el PPEF 2018 no lo hace. Así, en materia de salud, el Seguro Popular tiene planteado un recorte en su presupuesto de 4.2% real; en educación, el programa de Escuelas de Tiempo Completo sufriría una reducción de recursos de 1.9%, y ; en el desarrollo social, el Seguro de Vida para Jefas de Familia, la Pensión para Adultos Mayores y PROSPERA sufrirían contracciones en su gasto que rondan el 4% .

Dentro del universo de programas prioritarios manejado por el CONEVAL, que van más allá de los de combate a la pobreza, un total de 20 programas sociales ve congelado o reducido en términos reales su presupuesto. Simultáneamente, hay incrementos reales a rubros no prioritarios como oficinas administrativas del sector salud (92%), diseño de la política social (17%) y atención al deporte (5.6%), así como recortes  a programas de baja prioridad en menor monto a los altamente prioritarios.

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La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) prescribe que el gasto social en términos reales deberá ampliarse según crezca la población o el PIB, lo que sea mayor. Lo planteado por el PPEF 2018 cumple con la primera condición, pero no la segunda, dado que el gobierno anticipa un crecimiento económico real de 2.5% mientras el gasto en desarrollo social aumenta 1.1%. Esta situación es salvable con autorización del Congreso, pero lo que resulta preocupante es cómo se llegará a ello.

La contención de los recortes al gasto social real y la posible ampliación de su presupuesto debería comenzar por los programas prioritarios identificados por el CONEVAL. El escollo de no cumplir la LGDS debe salvarse con “sensibilidad social” basada en la evidencia.  Aquello que ha mostrado funcionar mejor para combatir la pobreza debe privilegiarse presupuestalmente frente a otros gastos. Aún es tiempo de rescatar importantes programas sociales antes de convertirse en damnificados de las finanzas públicas.

Twitter: @equidistar