Injusticia redistributiva
Pese al fracaso que representó la elección del Poder Judicial, su captura por el oficialismo comienza a consolidar el cambio de régimen político. Estas son malas noticias para el componente de libertades ciudadana del desarrollo social, pero no necesariamente para la desigualdad del ingreso coyuntural. Se avizora un bajo crecimiento económico persistente con esfuerzos redistributivos de corto plazo. Esto anticipa importantes barreras para la movilidad social de una generación a otra.
Las cifras más recientes del INE apuntan a que sólo hubo 9% de votos válidos del total posible para la elección de jueces y magistrados, Esto significa que casi 87 millones de personas se ausentaron de las urnas y 3 millones le dieron la espalda al proceso en ellas. La elección fue todo menos popular, muestra un muy bajo apoyo ciudadano a la reforma judicial y una paupérrima capacidad de movilización oficialista. El nuevo régimen de justicia nace prácticamente sin legitimidad electoral.
Pese a lo anterior, la captura política del Poder Judicial no requiere de una gran participación ciudadana. Por ejemplo, para el caso de magistrados de circuito, con los votos válidos emitidos 56% de los candidatos punteros correspondieron a las propuestas del Poder Ejecutivo y 29% a aquellas provenientes del Legislativo, ambos poderes dominados por Morena. Para la Suprema Corte, todos los elegidos se encontraban registrados en el ‘acordeón’ oficialista repartido para inducir el voto.
Los resultados de la elección despejan algo de la incertidumbre con la que operará el Poder Judicial. Si bien aún es muy complicado establecer las inclinaciones que los nuevos juzgadores tendrán en conflictos legales entre ciudadanos apartidistas, no es difícil pensar que en caso de confrontarse con las autoridades tenderán a favorecer a estas últimas. Las variantes del sesgo al oficialismo, sus matices judiciales y los episodios de independencia de los juzgadores serán más bien anecdóticos.
El desarrollo de una sociedad no se reduce a elementos económicos. La expansión de las libertades de las personas son parte esencial de él. Los derechos humanos son mecanismos de protección de tales libertades y los derechos sociales formas de reconocer que hay oportunidades de avance de las personas que deben estar abiertos para todos. De esta forma la protección judicial de los derechos ciudadanos es fundamental para actuar con autonomía y tener perspectivas de progreso.
El componente de libertades y derechos humanos que forman parte del desarrollo social estará comprometido cuando el actuar de jueces y magistrados se oriente a favor de los poderes Ejecutivo y Legislativo y en contra de los ciudadanos que los desafíen legalmente. Las sentencias que diriman conflictos de derechos de propiedad y relaciones contractuales también serían afectadas en detrimento de los incentivos a la actividad económica, aunque con un posible elemento redistributivo.
Sin descartar el papel que pueda jugar la corrupción, la penetración del crimen organizado y los intereses particulares de los juzgadores, en el mejor de los casos el sistema de justicia tenderá a refrendar las acciones redistributivas gubernamentales, aunque atenten contra intereses particulares legítimos, el medio ambiente o representen un desperdicio de recursos por corrupción o ineficiencia. Casos como el Tren Maya, que resume en gran medida estos males, se repetirán con mayor facilidad.
Con bajo crecimiento económico e incentivos electorales a redistribuir ingresos vía transferencias monetarias, la política pública seguiría recortando el presupuesto de servicios básicos como salud y educación para sostener los subsidios. Desafiar legalmente la pérdida de derechos sociales se complicará con un Poder Judicial capturado. La redistribución de corto plazo seguirá sobreponiéndose a la inversión en capital humano que permite la movilidad social entre generaciones.
El nuevo régimen político, con una coalición capaz de legislar, operar la política pública y desechar judicialmente aquello que lo rete, no sólo representará una enorme concentración de poder que pone en riesgo las libertades y los derechos ciudadanos, sino también el empobrecimiento de los instrumentos para igualar las oportunidades de progreso de las personas. El nuevo régimen podrá presentar una cara redistributiva, pero que pueda hacerla eficiente y sostenible será otra cosa.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
