Abstencionismo judicial

Hay al menos tres grandes argumentos por los cuales no ir a votar a los futuros integrantes del Poder Judicial Federal y local en las próximas elecciones: elegir popularmente a los jueces viola principios fundamentales de justicia, el procedimiento para seleccionarlos está viciado de origen y las consecuencias de la elección serán perjudiciales para la la democracia y la justicia. Se puede estar en desacuerdo con estas razones, pero no se puede descalificarlas de entrada. 

Hay cosas que no se pueden poner a votación. El cumplimiento de los derechos de las personas es una de ellas. Estos deben protegerse con independencia de lo popular que resulte esta tarea. Por extensión, quienes juzgan su cumplimiento y dirimen controversias al existir derechos en conflicto deben proceder con imparcialidad, no en función de las preferencias de la mayoría, por lo que es fundamental procurarles de una razonable autonomía de la esfera política.

Los jueces no ejercen su función en el vacío. Su contexto social y formación les proporciona criterios para emitir sentencias, y estas no están exentas de sesgos ideológicos. Sin embargo, empujar a quienes juzgarán a buscar una favorable opinión pública y el voto popular magnifica las probabilidades de parcialidad en su proceder. La arena electoral aleja de la neutralidad con la que deben juzgarse las situaciones que involucran violación de derechos en lugar de acercar a ella.

También hay elecciones con vicios de procedimiento que anulan el valor al voto. Los apresuramientos para aprobar la reforma judicial, seleccionar a los candidatos a distintas posiciones y organizar la elección han conducido a errores o limitaciones que ponen en duda la legitimidad de lo que se vaya a votar. No han existido acuerdos multipartidistas, énfasis en criterios meritocráticos para las candidaturas, suficientes recursos para organizar la elección ni suficiente transparencia para contar los votos.

El proceso para elegir a quienes integren el Poder Judicial siguió los ritmos y condiciones del oficialismo, lo que ha conducido a tener candidatos sorteados y no filtrados, que no cumplen los requisitos de ley o tienen antecedentes o vínculos criminales. Las presiones de tiempo y de recursos han sacrificado medidas de seguridad en las boletas electorales, limitado el número de casillas y excluido a los ciudadanos del conteo de votos. La elección es de dudosa confiabilidad.

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Finalmente, validar con el voto la violación de principios de justicia y una elección más que defectuosa sería contraproducente. Por una parte, se legitimaría la captura del Poder Judicial por el oficialismo en turno en detrimento de la democracia. Esto representaría una enorme concentración de poder, que no por el hecho de proceder de una elección evita que se vuelva en contra de los propios ciudadanos y eventualmente cierre el paso para su reversión futura por la propia vía electoral. 

Además, una copiosa votación daría incentivos a premiar la popularidad y la presión de los medios en vez de los criterios técnicos cercanos a la imparcialidad posible. La incertidumbre jurídica resultante inhibiría conductas legales, pero impopulares, y podría dar pie a violaciones a la ley que no se castiguen por presiones mediáticas que a los juzgadores les pueden costar su reelección. En el caso de la economía, esto sería muy costoso, pues desanimaría la toma de riesgos al invertir.

En suma, hay argumentos poderosos para abstenerse de votar en la elección de quienes integren el Poder Judicial. Estas razones se pueden debatir e incluso confrontar con otras en sentido contrario, pero lo que no puede hacerse es minimizarlas tachando de impulsivos o caprichosos a quienes decidan no acudir a las urnas. Paradójicamente, calificar de inmadurez el abstencionismo judicial es una posición infantil, con todo respeto para los niños y las niñas de mejor juicio.