El Sistema Nacional de Cuidados: La utopía de un nuevo pacto social

Claudia Sheinbaum pretende ofrecer servicios universales, sin importar el estatus laboral o de protección social, a fin de compensar a las mujeres mayores que realizan el trabajo de cuidados en mayor proporción que los hombres.
8 Marzo, 2024
Mujeres cuidadoras (Foto: Gobierno de Chihuahua)
Mujeres cuidadoras (Foto: Gobierno de Chihuahua)

Los cambios demográficos y en la estructura de los mercados laborales, junto con conflictos políticos, condiciones prolongadas de tensión económica y problemas de salud globales, presentan nuevos desafíos para los sistemas de protección social en todo el mundo.

Uno de los principales desafíos tiene que ver con las pensiones y el riesgo de la pobreza en la vejez. El aumento del empleo informal en los países ofrece menos protección a un mayor número de personas, particularmente a los que ganan salarios bajos. Dado que el sistema de pensiones puede magnificar las diferencias en el mercado laboral, la pobreza en la vejez es un riesgo creciente para las generaciones que empezarán a jubilarse.

Esto es un problema para todos pero particularmente para las mujeres, porque a pesar del aumento de su participación en los mercados laborales, todavía participan con tasas bajas, aceptando empleos mal remunerados, poco productivos e informales, y con poco o ningún acceso a la protección social.1 Esto se debe a que las mujeres tienen que equilibrar el trabajo “productivo” con el hecho de que continúan asumiendo la mayor parte de las tareas de cuidado. Por tanto, el acceso a una pensión contributiva presenta dificultades específicas para ellas. Además de una menor participación (formal e informal) y menores ingresos, las mujeres tienden a vivir más y afrontar un período de vejez más prolongado.

Pero, en general, evitar la pobreza y mantener los ingresos en la vejez se ha convertido en una preocupación no sólo para las mujeres sino para todas las personas trabajadoras, formales e informales, debido al efecto del envejecimiento de la población (bajas tasas de fertilidad y períodos de vida prolongados) que han provocado la reducción de la población productiva y el aumento de la población en la etapa de jubilación, ejerciendo más presión sobre la sostenibilidad financiera de las pensiones. Aunado a esto, en Latinoamérica y en particular en México, los esquemas de pensiones implementados a finales de los años 80 e inicios de los 90, redujeron la cobertura y se enfrentan problemas de pensiones insuficientes.

La respuesta del gobierno de México fue la reforma al esquema contributivo de pensiones que entró en vigor en 2021 y su complemento con la iniciativa de reforma recientemente presentada por el Presidente, además de los cambios en el régimen de pensiones no contributivas, denominada Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM) que se implementó desde 2019 y que incrementó sustancialmente su cobertura en 2021.

Para 2022 el gasto total en pensiones, tanto contributivas como no contributivas, representó 24.9% del gasto total programable del gobierno y 5.9% del PIB total, siendo el gasto más alto del gobierno federal.2 Sin embargo, como resultado del envejecimiento de la población, se ha estimado que el gasto total del gobierno federal en pensiones puede alcanzar alrededor del 6.5% del PIB total para 2024.3 Los datos sobre gastos sirven para enmarcar la importancia de los medios de financiación del sistema. Sin embargo, la importancia del sistema en sí va mucho más allá.

Las pensiones (contributivas y no contributivas) son la principal fuente de ingresos de las personas mayores de 65 años en México4 y la única fuente de ingresos de un tercio del total de la población mayor de 65 años.5 Para 2022, las personas mayores de 65 años representaron el 8.1% de la población total en México, siendo mujeres el 54% de ellas.6 Sin embargo, como resultado del efecto del envejecimiento poblacional, para 2050 se proyecta que la población mayor de 65 años en México represente el 25% de la población total7 siendo las mujeres la mayoría debido a la feminización de la vejez. Esto significa que las mujeres representan la mayor parte de la población objetivo de los planes de pensiones; sin embargo, no son las que más contribuyen.

Es importante resaltar que las personas mayores de 65 años también desempeñan un papel activo en la economía y el mercado laboral, además de mantener a sus familias incluso después de la edad de jubilación. En el 80% de los hogares mexicanos en los que vive una persona mayor de 65 años (23% del total de hogares), es cabeza de familia, siendo la persona responsable de proveer a sus necesidades y a las de su familia, y en el 28% de este subgrupo continúan activas en el mercado laboral a pesar de haberse jubilado.8 A pesar de la creciente importancia de este grupo poblacional, para 2020 casi la mitad de la población mayor de 65 años (44.5%) no tenía ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas y vivía en la pobreza.9

En México la población ocupada total en 2022 era de 56 millones de personas, de las cuales 34 millones eran trabajadores informales10 con alrededor de 20 millones de hombres y 13 millones de mujeres. Aunque las mujeres no representan la mayoría de la población informal, el trabajo informal comprende formas de trabajo muy heterogéneas y las mujeres están sobrerrepresentadas en las formas menos productivas de trabajo informal, por ejemplo en el trabajo no remunerado como subordinadas en pequeñas empresas del sector de servicios y trabajo doméstico (ENIGH, 2020).

Los sistemas contributivos son la mejor manera de protegerse contra la pobreza en la vejez y, por lo tanto, la mejor opción es que los trabajadores, hombres y mujeres, ingresen al mercado laboral formal. Pero para que eso suceda las decisiones de las mujeres sobre el ahorro y el trabajo se convierten en un aspecto clave a considerar en el diseño de los sistemas de pensiones y de protección social.

​El trabajo de cuidados es necesario y las mujeres quedan fuera de los beneficios del sistema de seguridad social contributivo no sólo como trabajadoras remuneradas sino también como cuidadoras no remuneradas. Si el reconocimiento del cuidado se reconoce como vital para la productividad económica, el siguiente paso es reconocer los cambios en las estructuras familiares y los mercados laborales diferenciados por género para proporcionar a los trabajadores del cuidado un sistema de protección social en el que el ingreso no esté vinculado a un tipo específico de trabajo. 

Si bien las recientes iniciativas de reforma a las pensiones y de vivienda dictan la línea para seguir contribuyendo a garantizar los derechos de las personas trabajadoras hay un tema que, aunque no está en las reformas, está en la agenda de Claudia Sheinbaum y que pretende ofrecer servicios universales, sin importar el estatus laboral de la persona, de protección social, como cuidados infantiles y cuidados de adultos mayores, a fin de compensar el hecho de que las mujeres mayores tienden a realizar el trabajo de cuidado en mayor proporción que los hombres. Este esquema se recoge del sistema de cuidados implementado por Clara Brugada en Iztapalapa y parece que se pretende escalar a nivel federal.

Por lo tanto, el sistema de cuidados podría ser una de las bases de un sistema de protección social universal que, junto con la PBAM, las reformas a las pensiones de 2021 y la propuesta para 2024, la reforma a la vivienda y la política laboral y de salarios, pondría a México a la vanguardia en contar con el primer sistema de protección social universal en Latinoamérica.


[1] Arza, C. (2017). Non-Contributory Benefits, Pension Re-Reforms and the Social Protection of Older Women in Latin America. Social Policy and Society doi:10.1017/S1474746416000208 Kabeer, N. (2010). Gender and Social Protection Strategies in the Informal Economy. Routledge.

[2] PEF. Presupuesto de Egresos de la Federación. 2022. Transparencia Presupuestaria. 

[3] Informe mensual de finanzas públicas: enero 2022. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 

[4] CONEVAL. Anexo estadístico de la medición de pobreza 2016-2020.  CONSAR (2018). Ingresos y gastos del adulto mayor en México: La importancia de las pensiones.

[5] CONSAR (2018). Ingresos y gastos del adulto mayor en México: La importancia de las pensiones.

[6] INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE.  2022).

[7] Herrera, G. and Velazquez, L. (2021) The gender gap in the individual capitalization system of pensions in Mexico, 2021. ISSN 2007-4964 

[8] INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH 2020. Tabulados con enfoque de género. 2021.

[9] CONEVAL: Anexo estadístico de la medición de pobreza 2016-2020.  Indicadores de Derechos Sociales (IDS). Pobreza y personas mayores en México

[10] INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE. 2022

Patricia de Stéfano Patricia de Stéfano Experta en política social y políticas públicas. Politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con maestría en Política Social y Políticas Públicas Internacionales (ISPP) por la London School of Economics and Political Science (LSE). Fue funcionaria en Coneval, STPS y SE. Consultora internacional para la agencia Voluntary Services Overseas. Especializada en temas de mercado laboral, protección social, y desarrollo económico.