La experiencia internacional ha mostrado de manera muy clara que los países que han crecido y se han desarrollado con mayor rapidez han sido aquellos que han logrado incrementar de manera sostenida la productividad de su economía.
De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) reconoce que una de las principales causas del lento crecimiento de la economía y del ingreso de los mexicanos durante las últimas décadas ha sido el escaso avance de la productividad. De hecho, señala que entre 1990 y 2011 la productividad total de los factores (PTF)1 tuvo un crecimiento promedio anual negativo de 0.4%.
A pesar de que algunas industrias y regiones del país han tenido un crecimiento importante de su productividad, éstas han sido “islas de productividad” ya que la mayoría de los sectores y regiones han tenido un desempeño desfavorable, por lo que promedio general del país ha sido poco satisfactorio.
Un diagnóstico prácticamente idéntico ha sido publicado recientemente por el McKinsey Global Institute en el estudio “Una historia de dos Méxicos: Crecimiento y Prosperidad en una Economía de dos Velocidades”, el cual muestra las agudas diferencias entre las empresas altamente productivas (las menos) y las medianas y pequeñas tradicionales con muy baja productividad (la inmensa mayoría).
El estudio de McKinsey plantea una serie de medidas para aumentar la productividad de las empresas tradicionales, mientras que del PND se derivó el Programa para Democratizar la Productividad (PDP) con más de 100 líneas de acción para incentivar la productividad en la economía mexicana.
Sin embargo, ni las propuestas de McKinsey ni las medidas incluidas en el PDP son novedosas. Son la reiteración de medidas y políticas que se han propuesto por décadas y que más bien parecen una lista de buenos deseos: desregulación y simplificación, facilitación del acceso al crédito, disminución de los costos de la formalidad y de los incentivos a la informalidad, entre otras.
Por ello, quizá más relevante sería preguntarse ¿por qué no se han llevado a cabo todas esas medidas que se han propuesto desde hace muchos años o por qué no ha aumentado la productividad en nuestra economía? Vale la pena recordar que sucesivos gobiernos desde los años 1970’s han creado comisiones o entidades supuestamente dedicadas a la desregulación a fomentar la productividad/competitividad con muy magros resultados.
Existen por lo menos tres cuestiones que podrían ayudar a contestar la pregunta anterior. La primera se refiere a un problema conceptual: ¿crecemos poco por la baja productividad o la baja productividad es el resultado de que crecemos poco? La respuesta no es sencilla, ya que la experiencia de varios países asiáticos muestra que al inicio de su “despegue económico” lograron un crecimiento acelerado sin incrementos significativos de su productividad. Esta vino en una etapa posterior.
De ser este el caso para México, entonces habría que replantear la estrategia e instrumentos de política económica para buscar un crecimiento más rápido en el corto plazo y lograr incrementos en la productividad en el mediano y largo plazos.
La segunda cuestión a reflexionar tiene que ver con el enfoque tradicional como el del PDP o McKinsey y que se basa en la idea de que aumentar la productividad depende en gran medida del gobierno y de sus políticas. Es indudable que los gobiernos pueden estorbar o desalentar a la actividad económica privada imponiéndole costos y regulaciones que disminuyen su productividad. Pero la productividad se basa en la operación interna de las empresas de todos los tamaños y depende del conocimiento y habilidad de los empresarios y sus trabajadores en su labor cotidiana. De hecho, si se analiza con detalle cómo operan las microempresas o los changarros en México, se puede decir que en un gran porcentaje son “súper-eficientes” por el simple hecho de poder sobrevivir en un entorno que muchas veces es abiertamente hostil: sobre-regulaciones, corrupción, costo de insumos como la electricidad, deficientes servicios públicos (incluyendo la seguridad), horas-hombre perdidas en trámites normales y en muchos absurdos, carga fiscal, etc.
Por ello, el objetivo central de las políticas públicas debería ser remover todos los obstáculos innecesarios para que los empresarios y las empresas puedan utilizar de la manera más eficiente los recursos con que cuentan.
Un tercer aspecto que se omite por completo del diagnóstico de los documentos señalados tiene que ver con la productividad del gobierno, sea federal o locales. Por la naturaleza de la mayoría de las actividades gubernamentales es difícil medir su productividad de la misma manera que en las empresas privadas, pero en nuestro país abundan los ejemplos de desperdicio de recursos e inefectividad de muchas dependencias y programas gubernamentales. Y dado que el gobierno se financia con recursos provenientes del sector privado (vía impuestos y deuda), si la productividad con la que los emplea es menor a la que tendrían dichos recursos en el sector privado, la productividad general de la economía disminuirá.
Por ello, si bien es innegable la importancia crucial de incrementar la productividad de la economía mexicana, probablemente sería más efectivo comenzar por aumentar la productividad del gobierno y/o nombrar un “zar por la productividad” (¿un Comisionado?) con facultades para eliminar los obstáculos o trabas que reducen la productividad de la economía y las empresas.
1 La PTF se define como la eficiencia en el uso de los factores productivos: trabajo, capital, recursos naturales y tecnología.
Oscar Vera
Doctor en Economía con especialidad en Finanzas Públicas por la Universidad de York, en Inglaterra. Director general de Asesoría y Estrategia Económica, S.C. Director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) entre 1991 y 1996. Economista en Jefe para México y América Latina de Deutsche Bank entre 1996 y 1999. Funcionario de las secretarías de Programación y Presupuesto y de Energía, Minas e Industrias Paraestatales entre 1981 y 1984.