La Salvación de México

24-02-2014 09:58

En la columna El Fracaso de la CURP (Arena Pública, 19-02-2014), Samuel García muestra claramente el desastre que ha sido durante años, en realidad décadas, los intentos de diferentes gobiernos para establecer una cédula de identidad para todos los mexicanos. No sólo no se ha logrado sino que se han gastado (mejor dicho, se han desperdiciado) miles de millones de pesos sin el resultado deseado y sin que nadie se haya responsabilizado de ello.

Pero este caso que quizá algunos funcionarios podrían señalar como “especial” o “atípico”, es la realidad cotidiana de innumerables programas gubernamentales federales, estatales y locales.

Los ejemplos abundan. Desde el Renave (Registro Nacional de Vehículos) hasta el actual Repuve (Registro Público Vehicular), el hecho es que todavía no se tiene una base completa y confiable de los vehículos que circulan en este país; los Registros Públicos de la Propiedad son en muchas entidades un desastre; y, el actual gobierno ha tenido que levantar un censo para saber cuántos maestros y  escuelas hay en el país (¡!), aunque naturalmente ello no haya significado dejar de gastar en profesores y escuelas fantasma.

Por los medios de comunicación nos enteramos que un avión puede salir del país con identidades falsas de sus tripulantes y sin los permisos vigentes o que varias camionetas pueden recorrer todo el territorio nacional y llegar hasta Centroamérica con placas falsas e identidades falsas de sus tripulantes sin que nadie se diera cuenta. Recientemente, la decisión del SAT de publicar la lista de contribuyentes morosos o en alguna falta fiscal, también mostró que “ni son todos los que están, ni están todos los que son”. Asimismo, una vez más nos enteramos que en los padrones de Procampo se encuentran connotados miembros del crimen organizado.

Estos y muchos otros ejemplos no sólo revelan graves deficiencias en la implementación de muchos programas y políticas gubernamentales que se traducen en un gran dispendio de recursos públicos, así como en una corrupción monumental. En realidad, son un reflejo de problemas aún más serios y que tienen un costo incuantificable para la economía y para los mexicanos.

En particular, se pueden destacar dos de estos problemas. El primero es la falta de voluntad política para resolverlos. La mayoría, si no es que todos, son problemas endémicos que se han conocido por décadas. Pueden ser problemas técnicamente más o menos complicados, pero definitivamente solucionables y más aún con la cantidad de recursos que se han gastado supuestamente para ello.

De hecho, con la reciente presentación del Informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) relativo a 2012, el propio presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF se quejó de que “nadie pela sus informes”. Desde su creación la ASF ha identificado millonarios desvíos de recursos públicos y ha presentado numerosas denuncias que prácticamente han sido ignoradas. Por ello, incluso el costo que representa la ASF resulta un desperdicio de recursos en tiempo y en dinero.

Además está la Secretaría de la Función Pública, próximamente a transformarse en la Comisión Anticorrupción, que servirá para lo mismo que sus antecesoras, para muy poco, mientras no se decida “comenzar por el principio” y que es contar con información confiable y sobre todo con voluntad de combatir la impunidad a todos los niveles.

El segundo problema de fondo es que estos problemas representan un elevado costo para la economía y para todos los mexicanos, proporcionalmente más alto para las pequeñas y medianas empresas. Ya sea por el tiempo que lleva tratar de corregir una CURP duplicada o triplicada como menciona Samuel García, por las necesarias “mordidas” que se requieren para poder agilizar cualquier trámite o solucionar algún problema o, por lo general, por ambas razones. Además de que interfieren con la efectividad del propio programa gubernamental en cuestión (asumiendo que dicha efectividad es la única intención que se tiene).  

Por ello, las reformas estructurales recién aprobadas probablemente generarán mayores inversiones y atraerán capitales del exterior, pero difícilmente van a “salvar a México” si no se resuelven los problemas mencionados. En el día a día, los mexicanos de a pie vamos a seguir enfrentando el viacrucis de la tramitología y la corrupción para poder desarrollar nuestras actividades económicas, así como las ineficiencias de los programas gubernamentales.

Los gobiernos federal y estatales tendrán mayores recursos para gastar por la mal-llamada reforma fiscal, pero si no existe la voluntad política o el interés para resolver los problemas en la aplicación de los recursos públicos a nivel microeconómico, podemos esperan que también habrá un mayor desperdicio y una mayor corrupción.

Como señaló el ex-presidente Zedillo en la reciente reunión del Foro Económico Mundial de Davos al preguntársele qué otras reformas necesita México: “Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho”. Desafortunadamente, para la gran mayoría de nuestros políticos esto significa hacer leyes, cuando en realidad lo que se requiere con urgencia es aplicar las leyes.