Nuestra “inexplicable” tolerancia a la corrupción

23-05-2016 09:16

Lo que se hace costumbre se convierte en propia naturaleza

Aristóteles

 

Hay seguramente muchas causas que explican el por qué los ciudadanos y ciudadanas decentes, trabajadores y pagadores de impuestos de este país seguimos tolerando el enriquecimiento descarado de muchos empleados de los gobiernos federal, estatales y municipales y otros organismos gubernamentales, así como de otros muchos individuos del sector privado y social (léase sindicatos) que hacen negocios con ellos.

Hoy no pretendo ni identificarlas todas ni mucho menos explicarlas, pero el otro día reflexionando sobre una resolución judicial de los EUA en que se condenaba a una persona a pagar muchísimos millones de dólares a otra por concepto de “punitive damages” (y era una cantidad cientos de veces el monto de los daños efectivamente sufridos), una resolución adoptada por un jurado integrado por doce ciudadanos de la calle, pares del condenado, no pude menos que preguntarme la razón de tal desproporción y no queriendo, no queriendo, encontré una razón y en la misma un paralelismo con el tema que nos ocupa y que es lo que hoy quiero compartir con ustedes.

Los “punitive damages” (daños de castigo, a falta de mejor traducción) son una compensación monetaria que se le concede a quien ha sufrido un daño por culpa de otro, misma que excede lo necesario para remediar el daño (es decir, algo en exceso de lo que conocemos como daños y perjuicios). La intención de esta compensación es castigar, como su nombre lo indica, al causante del daño[1].

En el sistema judicial de los Estados Unidos, en los juicios donde hay un jurado, es este el que fija, por regla general el monto de las indemnizaciones necesarias para compensar por daños y perjuicios y, en su caso, para castigar al culpable del daño; tienen una naturaleza francamente penal aunque son concedidos en litigios de naturaleza civil. 

En algunos casos, los montos concedidos son francamente absurdos y esto se ha vuelto una desafortunada tendencia en los procesos judiciales (que en nuestro vecino país son francamente muy numerosos); a modo de ejemplo podemos encontrar el conocido caso de la señora Stella Liebeck, quien se quemó con café de McDonald’s, a quien le correspondieron por daños de castigo la nada despreciable cantidad de tres millones de dólares.

Otros casos incluyen por ejemplo los litigios en contra de empresas tabacaleras donde los daños de castigo fueron fijados en miles de millones de dólares, o casos donde un agente de seguros que defraudó a una cliente y no destinó tres mil dólares que le cobró a pagar su prima de seguro (despojándola de la cobertura que le hubiera protegido por alrededor de siete millones de dólares)  y a quien se le impusieron por este concepto mil seiscientos millones de dólares (sin comentarios)[2]

La pregunta obligada, más allá de la teoría de que la sociedad a través de sus jurados debe castigar y desalentar conductas dañinas, es ¿Cuál es la razón para que estos montos absurdos y desproporcionados se sigan dando? Una respuesta muy sencilla que me han dado algunos abogados de los Estados Unidos (y que me hace todo el sentido) es que en ese país, todo mundo espera tener su día en la corte (“everyone is waiting for his/her day in court”).

Dicho de otra forma, en un país donde cualquier diferendo se arregla en los tribunales, la mayoría de los ciudadanos, y en consecuencia, la mayoría de quienes sirven como jurados, mantienen funcionando el sistema en espera de que el día que les toque demandar a alguien (lo que se percibe como altamente probable), ellos puedan resolver su problema económico de por vida.

Y eso que tiene que ver, se preguntarán ustedes, con el título del artículo, con nuestra “inexplicable” tolerancia a la corrupción, misma que numerosos intelectuales atacan y los ideólogos fustigan, con la esperanza de ganar adeptos para su causa. Sin embargo, si vemos con atención a la clase política (sea que se encuentre en ese momento en el poder, o desde la oposición)  todos hablan de lo corruptos que son los demás cuando ellos son exactamente iguales.

Todos conocemos a alguien (o tenemos un pariente…) que tuvo la “suerte” de ser nombrado para ocupar un cargo público desde el cual tuvo acceso a fondos que se apropió indebidamente o bien, a un cargo desde el cual controlaba una parte del proceso de gasto público, lo que le permitió beneficiar a terceros (con su debida comisión, “moche” o “mordida”). Pues bien, a mí me parece que esta tolerancia que tenemos tiene un origen (o uno de sus orígenes) en la esperanza de que cada  uno de nosotros podamos tener algún día un puesto así o un amigo, compadre o pariente en un puesto público así.

Todos conocemos respetabilísimas familias que si le rascamos un poquito descubrimos que una o dos generaciones atrás, el creador de la fortuna familiar ganaba oficialmente un sueldo mínimo profesional o a la mejor un bueno pero nunca para reunir propiedades y millones en efectivo. Y los vemos y pensamos que los hijos o nietos no tienen culpa alguna, pero no vemos que al aceptar la práctica (en espera de que algún día “nos haga justicia la revolución”) seguimos tolerando la corrupción.

Mientras no entendamos que los bienes públicos son para todos y no para unos cuantos, que no hay causa política por idealista que sea que justifique el abuso, el robo de lo que nos pertenece a todos, que mientras no trabajemos cada uno y cada una en lo que nos toca con las mejores ganas y seamos honestos (pero en serio) y declaremos nuestros ingresos y paguemos nuestros impuestos y no compremos películas piratas ni facturas apócrifas, mientras no hagamos todo eso, como sociedad seguiremos tolerando “inexplicablemente” la corrupción y estaremos inexorablemente condenados al fracaso. Hay que decir hasta aquí y cumplirlo.

Confieso que este artículo nació de la lectura de dos estupendos artículos publicados hoy que escribo (22 de mayo) en la sección de Opinión de Reforma: Cemento y alfileres de Luis Rubio y AMLO y la corrupción de Juan E. Pardinas. Si este tema les inquieta como a mí, no dejen de leerlos. No puedo concluir sin agradecer públicamente a Arena Pública su graciosa aceptación de mi colaboración, después de más de cinco meses de ausencia; agradezco igualmente a quien me lee de nuevo, por su amable consideración.

 

[1] Para quienes deseen darse una breve ilustrada sobre el tema pueden referirse a  https://www.law.cornell.edu/wex/punitive_damages o a http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/punitive+damages

[2] Algunas referencias a estos casos pueden encontrarlas en https://www.legalzoom.com/articles/the-most-outrageous-jury-verdicts-ever-awarded

 

* Manuel E. Tron es presidente Honorario de la International Fiscal Association (IFA).
Twitter: @metron01
Correo: metronp01@gmail.com