México, organismos intermedios y BEPS ¿y luego?

Y si alguien tiene algo que decir en contra de esta unión,

que hable ahora y si no lo hace, que calle para siempre…

Como sabemos bien, la OCDE está trabajando de lleno en el desarrollo de los 15 puntos concretos de actuación para los países involucrados en el proyecto BEPS (las 15 acciones del Plan de Acción BEPS); de manera frecuente encontramos comunicaciones de la OCDE dando a conocer documentos, solicitando puntos de vista, u organizando foros y encuentros de discusión y evaluación de sus propuestas.
En este proceso participamos más de 40 países de manera directa (todos los de la OCDE más los del G20 que no son parte de OCDE) y el resto del mundo de forma indirecta (a través de comentarios escritos o presentaciones). 

México asumió desde el 5 y 6 de septiembre de 2013 en San Petersburgo, junto con el resto de los países del G20 y de la propia OCDE (pues formamos parte de ambos grupos) el compromiso de implementar las medidas del plan de acción BEPS a través de la adopción de las medidas administrativas y de política fiscal pertinentes y de la propuesta al Congreso Federal de las reformas legales que fueran necesarias. Ya vimos medidas inspiradas en los trabajos de BEPS en la propuesta de reforma fiscal presentada el 8 de septiembre de 2013 a la Cámara de Diputados, misma que fue aprobada (con ciertos cambios) y entró en vigor en 2014; es decir, este compromiso va en serio.

Es precisamente a la vista de dicho compromiso y de su constatación en los hechos (tanto a nivel de reformas legales como de política tributaria y prácticas administrativas) que yo tengo una seria preocupación por nuestra falta de interés como sociedad organizada y, particularmente, la que han mostrado nuestros flamantes organismos intermedios tanto empresariales como profesionales (con una muy honrosa excepción, a la que me referiré al final). Me refiero dentro de esta denominación a las agrupaciones privadas de comerciantes, de empresarios, de industriales o financieros, a los colegios de abogados, de contadores públicos o de otros profesionistas. A estas agrupaciones que actúan como intermediarios entre los ciudadanos y el Gobierno, que representan los intereses de grupos definidos por actividad o área de interés. 

BEPS, si bien es cierto tiene como foco fundamental el tema de la tributación transfronteriza, incide directamente en las reglas que establecen el funcionamiento de la relación fisco-contribuyente en todos los ámbitos y debiera ser motivo de análisis y participación de todos aquellos interesados en la materia fiscal.  Con base en el proyecto BEPS se adoptarán, entre otras, nuevas reglas para: regular el uso de compañías extranjeras controladas (Acción 3), para limitar la deducción de intereses y otros pagos financieros (Acción 4) o para desarrollar las reglas de revelación obligatoria de las actividades del contribuyente (Acción 12). Tomemos como base estas tres acciones para explicarles mi preocupación.

La OCDE publicó en cada uno de estos tres casos su propuesta de recomendaciones sobre nuevas reglas, concediendo un tiempo razonable para recibir comentarios de cualquier persona interesada. Solamente en los comentarios a las propuestas de la OCDE sobre estas tres acciones (la 3, la 4 y la 12) participaron más de 120 entidades y organismos de diversos países, en más de 1200 páginas, comentado, cuestionando y criticando la propuesta, haciendo además sugerencias para su mejoramiento.

Para que se den ustedes una idea de qué tipo de entidades participaron, les paso el dato de unos cuantos (la traducción de los nombres es mía, me pareció más claro hacerlo así): Asociación de Aseguradores Británicos, Asociación de Banqueros Australianos, Instituto de Contadores Certificados de Inglaterra y Gales, Asociación Francesa de Tesoreros de Empresa, Federación de Industrias Alemanas, Consejo General de la Abogacía Española, Confederación Nacional Brasileña de Industria, Asociación Canadiense de Seguros de Vida y Salud, Confederación de Industria de la India, Confederación de Industria Sueca, Federación Francesa de Sociedades de Seguros, Barra Internacional de Abogados (IBA), etcétera.

¿Saben ustedes cuantas páginas he visto con comentarios o propuestas de nuestros organismos intermedios, tanto empresariales como profesionales (y que conste que todos tienen flamantes comisiones fiscales)? es decir: ¿cuantas propuestas hemos visto del Consejo Coordinador Empresarial, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, de la Asociación Mexicana de Bancos, de la Barra Mexicana de Abogados, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (o de alguno de los más de 60 colegios estatales que agrupa), etcétera? Si supusieron 0 (cero) supusieron bien (insisto, con la excepción que comento más adelante). 

Dentro de las más de 12,000 páginas recibidas por la OCDE respecto de las diversas acciones del plan BEPS, no hay una sola palabra escrita ni una intervención en los foros por parte de nuestros organismos intermedios. Mañana, cuando las recomendaciones se conviertan en medidas administrativas vigentes, en propuestas de reforma legal, en nuevas y diversas obligaciones fiscales, ¿con qué cara van todos estos organismos a levantar la voz?

La única asociación privada que se ha preocupado por participar activamente en este proceso es IFA Grupo Mexicano, AC, la cual ha formado un grupo de trabajo ad hoc y ha enviado regularmente sus comentarios a la OCDE; pueden ustedes consultarlos en la página de la propia OCDE. Podrán decirme que es lógico que lo haga siendo una asociación especializada en temas fiscales internacionales, de acuerdo, pero como antes lo dije, muchas de estas medidas tienen implicaciones para las reglas fiscales nacionales. Cuando haya en nuestra ley una regla general anti abuso inspirada en BEPS, igual se la van a aplicar a operaciones nacionales, o la limitación a deducción de intereses, o la obligación de revelar las “planeaciones fiscales” adoptadas por las empresas, etcétera. Además, muchas de estas agrupaciones tienen “comisiones fiscales internacionales” ¿dónde están, qué opinan al respecto?

No podemos pretender vivir en la globalidad y la modernidad y ser actores de todos los mercados y hacernos como que la Virgen nos habla a la hora de dar la cara. No se trata de defender evasores, se trata de defender la legalidad en los impuestos; la ley fiscal es la medida de nuestra obligación, es cierto, pero también es la limitación de la capacidad de exigencia del Estado frente a nuestro patrimonio. A ver si ya nos vamos poniendo las pilas, como dicen por ahí…

*Manuel E. Tron, presidente Honorario de la International Fiscal Association (IFA).

Twitter: @metron01

correo: metronp01@gmail.com