Cada 8 de marzo el mundo hace un balance colectivo sobre la lucha por la igualdad de género. Los indicadores más mencionados son la brecha salarial y la representación electoral. En México llevamos también la cuenta de medidas que evidencian la barbarie que enfrentan las mujeres en nuestro país: número de homicidios, eventos de acoso y violencia doméstica.
Hay un fenómeno menos dramático que los eventos violentos o menos cuantificable que la diferencia salarial entre hombres y mujeres, pero de gran trascendencia para la vida de las mujeres y de todos los que habitamos las ciudades: el uso desigual del espacio público entre hombres y mujeres.
STC Metro de la Ciudad de México.
Desde hace décadas, las encuestas sobre victimización (incluidas las que se realizan en México) han encontrado una regularidad: las personas usan menos las calles, parques y transporte público por temor al crimen, y las mujeres lo hacen en mayor proporción que los hombres.
El resguardo de las personas en el ámbito privado puede provenir de una combinación de cálculos sesudos sobre el riesgo de sufrir una agresión y de la ansiedad que genera la información (real o percibida) sobre violencia.
La reclusión en el ámbito privado y el efecto amplificado entre mujeres debieran considerarse problemas urbanos prioritarios. En primer lugar, la amenaza real de sufrir una agresión en zonas violentas amenaza en los hechos el derecho de las mujeres a la ciudad.
Por otro lado, hay razones instrumentales, lúdicas y económicas de usar el espacio público: el menor uso de espacios abiertos está asociado con una menor actividad física, lo que afecta la salud de quienes carecen de alternativas a ejercitarse en la calle, o parques y áreas verdes urbanas; hay evidencia de que los espacios abiertos y las áreas verdes contribuyen positivamente al bienestar subjetivo; para reducir la exposición al espacio público se requiere invertir en transporte privado o restringir horarios, lo que tiene efectos económicos. Adicionalmente, los niños pequeños, quienes en general pasan más tiempo con una mujer, acuden menos a los parques.
Hay una razón más por la que el uso del espacio público es crucial, crear un espacio público percibido como seguro tiene que ver con reconstruir las relaciones sociales dañadas por la guerra contra las drogas, el gran fenómeno social de nuestro país en los últimos años.
En México no sólo se vive, en muchas zonas urbanas, con la percepción de riesgo de ser víctima de delitos comunes. En abundantes zonas del país la percepción de riesgo está asociada a la violencia relacionada con el tráfico de drogas y su combate.
En la encuesta Ciudadanía, Democracia y Violencia (CIDENA) elaborada por el IPADE y SIMO en 2011, los investigadores inquirieron sobre la decisión de reducir actividades en exteriores (salir de noche, usar transporte público, visitar parientes, entre otros) por temor a violencia relacionada con el narcotráfico.
Al analizar los datos, un simple porcentaje revelaba una gran desigualdad: 65% de las mujeres dijo haber dejado de salir de noche por miedo a la violencia relacionada con el narcotráfico, contra un 55% de los hombres (en las encuestas de victimización de INEGI, donde se pregunta si se dejar de salir de noche por miedo a un delito, los porcentajes son ligeramente superiores al 50% para la población general).
Para aprovechar a cabalidad la base de datos, mi colega de la Universidad Politécnica de Suiza en Zurich, Adán L. Martínez-Cruz y yo, vinculamos cada observación con la cantidad de homicidios atribuidos al crimen organizado (utilizando la base de datos creada por la administración del presidente Calderón) en el municipio correspondiente a cada persona, para averiguar qué tanto las respuestas estaban relacionadas con la tasa real de violencia relacionada con el narcotráfico.
El 65% de las mujeres dijo haber dejado de salir de noche por miedo a la violencia relacionada con el narcotráfico
Nuestro análisis de la CIDENA confirmó que, al igual que en los casos de delito común, el impacto de la violencia sobre reducir su exposición al espacio público es mayor en mujeres que en hombres.
Lo más relevante es que la decisión de reducir el uso del espacio público es mayor en municipios con mayores índices de violencia relacionados con el crimen organizado, lo que indica que adicional al temor por el delito común, en nuestras zonas urbanas más violentas se suma una razón más para renunciar a la ciudad. Y, una vez más, el costo recae en mayor proporción en las mujeres.
En un ejercicio similar de los mismos autores, en colaboración con Sara Ávila (investigadora de FLACSO), encontramos que ante un incremento de violencia en sus municipios, las mujeres entre 15 y 25 años se trasladan en auto a sus centros escolares con mayor probabilidad que los hombres de la misma edad (usamos datos de la Encuesta Intercensal de INEGI).
Una frase de libro de texto en materia de evaluación es que “lo que no se mide, no se mejora.” Hoy todos los gobiernos de todos niveles han adoptado el discurso de igualdad de género y el del desarrollo sustentable de las ciudades. Para ser justos, no todo es cheap talk, hay decenas de programas de recuperación del espacio, medidas de inclusión de género y otras tantas intervenciones.
Sin embargo, al mismo tiempo, las políticas principales en materia de desarrollo urbano o de seguridad pública no son la recuperación de los espacios para sus ciudadanos.
Un buen indicador de las políticas urbanas y de las políticas de seguridad debiera ser la decisión de los ciudadanos de usar el espacio público. Específicamente, es relevante guiar el éxito de las políticas públicas a partir de las preferencias reveladas por las mujeres al usar o no los espacios públicos.
Restablecer el derecho a la ciudad por parte de las mujeres es crucial, por las condiciones de por sí desiguales entre mujeres y hombres en prácticamente todos los ámbitos, pero sobre todo porque una mejor ciudad para las mujeres es una mejor ciudad para todos.
Director de la sede Región Centro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Jaime Sainz Santamaría
Director de la sede Región Centro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y profesor de la División de Administración Pública. Doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de California en Santa Barbara, su agenda incluye la política pública de los trasvases en México, servicios ecosistémicos en zonas urbanas, evidencia científica en el diseño de políticas y educación ambiental. Es investigador principal del Programa de Estudios Longitudinales, Experimentos y Encuestas del CIDE. Como analista de política pública en el entonces Instituto Nacional de Ecología de la Sermarnat publicó sobre conflictos por agua y colaboró en el diseño de políticas públicas para la conservación se servicios ambientales hidrológicos.