El aguinaldo de los diputados y el ISR

Una de las más respetadas tradiciones de cada fin de año, es la de observar cómo nuestros diputados federales se asignan cuantiosos bonos decembrinos.

En adición a su dieta, los legisladores recibieron bonos por asistencia legislativa, por atención ciudadana, un aguinaldo de 40 días (el doble que cualquier trabajador común recibe conforme a ley) y una gratificación para reponer el impuesto sobre la renta (ISR) que les fuera retenido por la entrega del aguinaldo y el fondo de ahorro.

Los legisladores, como cualquier otro ciudadano, están afectos al pago del ISR por los ingresos que perciben. Sin embargo, como hemos apuntado en ocasiones anteriores, el ISR a cargo de los diputados –y en general de los funcionarios y demás trabajadores del estado- se cubre con recursos de sus representados.

Para la obtención de los recursos necesarios para integrar el gasto público el estado impone contribuciones a los particulares, quienes ceden una tercera parte de su ingreso para cubrir dicho presupuesto. Con estos recursos, el estado cubre las dietas de los diputados, incluyendo el ISR a su cargo. Es decir, con los impuestos de ciudadanos y empresas se paga tanto la remuneración de un diputado, así como su ISR.

No siendo suficiente un doble sacrificio tributario a cargo de la población, el presupuesto federal (aprobado en exclusiva por la Cámara de Diputados) prevé partidas especiales para reponer el ISR retenido a los propios diputados –exentándolos en los hechos de dicho impuesto- partidas que se cubren con recursos públicos.

Así, con casi medio millón de pesos en la bolsa cobrado este mes, nuestros representantes se mofan de quienes contribuyen para resarcirles un trabajo, por demás mediocre e improductivo. Ni los partidos políticos, ni el gobierno, ni el Senado, ni la sumisa Corte de Justicia de la Nación han tenido un pronunciamiento al respecto.

¿Por qué habrían de molestarse si ellos también reciben cuantiosos bonos con cargo al erario público adicionado de camionetas, escoltas, helicópteros, teléfonos y viáticos libres de impuestos? Tan sólo el Banco de México otorga a sus funcionarios un aguinaldo equivalente al 30% de su sueldo anual, siete veces más de lo que marca la ley.

Más de 30 mil millones de pesos costará el proceso electoral del año entrante, cortesía también de los contribuyentes, y ni una fuerza política, ni tampoco alguno de los aspirantes a la presidencia ha pronunciado palabra alguna que apunte hacia un recorte presupuestal al aparato estatal al que anhelan reinsertarse para administrarlo a su beneficio.

Sostener a representantes populares que se auto-asignan recursos para no pagar impuestos sin que pase absolutamente nada, es un signo inequívoco de la descomposición de la clase política mexicana que, de esta forma, instituye el que existan ciudadanos de primera y de segunda: unos –los diputados- que con poco trabajo obtienen recursos y bonos millonarios libres de impuestos y se encuentran protegidos con fuero constitucional y otros –los ciudadanos- que no gozan de otras prerrogativas más que la de verse compelidos por las autoridades fiscales a contribuir a su manutención, autoridades que deberían saber que el bono de los diputados para resarcirlos del ISR, también está sujeto a ese impuesto. 

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