La contrarreforma fiscal del PAN

Fortalecido por el reciente resultado electoral, Ricardo Anaya anunció que en septiembre próximo el Partido Acción Nacional planteará al Congreso una iniciativa de contrarreforma fiscal para revertir los efectos nocivos que las modificaciones legislativas de hace un par de años produjeron en la economía nacional. El anuncio panista se hizo de la mano y con el beneplácito del Consejo Coordinador Empresarial, el que sugirió –además- un ajuste hacia la baja del gasto público.

Una reforma fiscal como la anunciada -sin duda- impactaría en beneficio de los bolsillos de los contribuyentes. Sin duda. Sin embargo, me parece que previo al señalamiento de los efectos nocivos que puedan detectarse a la reforma fiscal del 2014, la dirigencia panista debería reconocer las distorsiones que ellos mismos generaron como partido en el gobierno en los años previos.

La hacienda panista introdujo el (ahora extinto) impuesto empresarial a tasa única (IETU), único gravamen en la historia patria que lesionó a los contribuyentes y a la recaudación fiscal por igual. El IETU sustituiría al impuesto al activo (IMPAC) que –hasta entonces- se sostenía como el correctivo más importante para evitar los precios de transferencia. Previo a la desaparición del IMPAC, durante un año, le eliminaron las deducciones de deudas. En el impuesto sobre la renta (ISR) se gravó la venta de casa habitación, se incrementó la tasa corporativa para las empresas y se afectó gravemente a las empresas que consolidaban fiscalmente. El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), tampoco escaparía de los ánimos recaudatorios: el PAN apoyaría los incrementos de IEPS a cigarros y bebidas alcohólicas y gravaría a las bebidas energizantes, a los juegos con apuestas y a los servicios de telecomunicaciones.

Adicionalmente, se introdujo el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE) y se propuso un impuesto a las ventas de alimentos y medicinas para resarcir el hueco de la tasa del 0% del impuesto al valor agregado (IVA). El ISR, el IVA, el IETU, el IEPS y el IDE –todos sin excepción- verían incrementada su tasa impositiva. Estas reformas lesionaron, además, la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, la que desde entonces, funge como una sometida agencia recaudadora, al no haber concedido ni un solo amparo en materia tributaria.

La reforma fiscal del 2008 fue moneda de cambio para que el PAN aceptara las modificaciones a la legislación electoral con las que la oposición purgaría las culpas de su derrota electoral del 2006.

La reciente reforma fiscal del 2014, por la que se eleva la carga fiscal del ISR y del IVA y por la que se somete al contribuyente a los designios del SAT, también fue materia de trueque político. Ahora fue el Pacto por México. A cambio de apoyar la reforma fiscal, el PRD tendría el apoyo del gobierno a la Constitución de la Ciudad de México. El Pacto por México dio espacio al PAN para oponerse a la reforma fiscal, pero obtendría su apoyo al resto de las llamadas reformas estructurales.

Bienvenida la contrarreforma panista. Ojalá ésta nos deje a los contribuyentes la norma y la carga fiscal que existía hasta 2006. 

@erevillamx