Fracasó la ley de lavado de dinero

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La prensa reportó que expertos han calculado que la fuga del Chapo Guzmán costó alrededor de 50 millones de dólares. Esto incluía, además de los sobornos de rigor, los trabajos de excavación, servicios de ingeniería, maquinaria perforadora, planta de luz, renta o compra de camiones de volteo para más de cuatrocientos viajes de tierra y materiales, la compra del terreno, la edificación de la casa donde comenzaría el túnel, una motocicleta, y unas pinzas para romper el brazalete del ahora prófugo.

Ahora bien, ¿qué hizo la legislación sobre lavado de dinero para evitar o identificar el cúmulo de operaciones de la fuga del Chapo?

Como sabemos, en octubre de 2012 entraron en vigor una serie de reformas legales al marco normativo para prevenir el lavado de dinero, sobre las que señalamos –en su oportunidad- las siguientes deficiencias:

1) Trasladaban indebidamente a los particulares la responsabilidad de combatir el lavado de dinero, al obligar a contadores, abogados, notarios y corredores públicos, joyeros, constructores, corredores y administradores de inmuebles, arrendadores, loteros de autos nuevos y usados, casinos, empresas de blindaje, custodios de valores y efectivo, donatarias sin fines de lucro, agentes aduanales, subastadores de obras de arte, almacenes y al sistema financiero a reportar cientos de miles de operaciones, a restringir operaciones en efectivo y a denunciar a quienes aparenten formar parte del crimen organizado; 2) Contrariaban recomendaciones internacionales del Grupo de Información Financiera Internacional (FATF) al eliminar -de hecho- el secreto profesional de contadores y abogados (recomendación 16); 3) Otorgaban facultades traslapadas a la SHCP y la PGR; 4) No resolvían la incertidumbre del tipo penal; 5) Encarecían injustificadamente los costos de millones de transacciones comerciales, al tiempo en que se incrementaba la burocracia que habría de clasificar los millones de reportes y, por último; 6) Que era más que evidente que los narcotraficantes y sus testaferros no habrían de sujetarse a los reportes formales para hacerse de terrenos, vehículos (blindados o no), joyas, etcétera.

Y así fue. Ninguna de las decenas de operaciones (reportables) que implicaron la fuga del célebre líder del cártel de Sinaloa del penal de la Palma, apareció en el radar de las agencias encargadas de detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ninguna.

Lo evidente se hizo tangible. Los personeros del Chapo se hicieron de terrenos, vehículos y servicios de construcción con dinero de procedencia ilícita y ello no generó un solo aviso a las autoridades.

A casi tres años de existencia de la nueva legislación no hemos visto resultados tangibles que permitan concluir en el éxito de su implementación. Por el contrario: ningún cártel ha sido desarticulado financieramente.

Poco antes de entrar en vigor la novedosa legislación, la PGR reportaba que de 2007 a 2009 la SEIDO había detectado operaciones de lavado de dinero por 73 millones de pesos; cantidad irrisoria frente a lo que produce el narcotráfico en un solo día y once veces menor que lo que costó la fuga de Guzmán Loera, quien por cierto –según reporta la prensa- no está sujeto a proceso por lavado de dinero. ¿Y ahora?

Si realmente se quiere lastimar financieramente al narcotráfico, deben legalizarse algunas drogas.