La Suprema Corte ¿Qué sigue?

10-04-2015 08:49

@erevillamx                    

A finales de 1994 se fraguaba un cambio trascendental en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quienes lo apoyaban, lo veían como la única forma de recuperar la credibilidad del máximo tribunal nacional. Sus opositores lo consideraban, incluso, como un verdadero “golpe de estado” al desaparecer –aunque fuera por un instante- al pináculo del Poder Judicial, despidiendo a 19 de 21 ministros (5 eran mujeres).

En adición a la creación de la judicatura y de algunos procesos constitucionales novedosos, este cambio implicaba no solo reducir de 21 a 11 el número de ministros, sino eliminar las cuotas que distintos factores de poder tenían sobre la Corte. 

La Secretaría de Gobernación, la UNAM y hasta la CTM tenían espacios permanentes en la Corte; la que servía –además- de trampolín para alcanzar gubernaturas o carteras en el gabinete. La Corte funcionaba, primordialmente, por aquellos ministros o secretarios de estudio y cuenta con carrera judicial en tribunales colegiados y juzgados de distrito. Este grupo de ministros hacía de la Corte un tribunal técnicamente capaz y de vocación garantista. Pero cuando el presidente de la República necesitaba del máximo tribunal una decisión a modo, esa leal masa de ministros silentes garantizaba la votación mayoritaria requerida. Lo que urgía en la Corte a finales de 1994, era una verdadera dosis de autonomía. Y le fue otorgada.

La progresiva pluralidad del Poder Legislativo y un justificado y sustancial presupuesto que abonaría a la autonomía de la Corte la convirtieron –paradójicamente- en rehén de la partidocracia y de la Secretaría de Hacienda. En el primer caso, como víctima de los procesos de ratificación senatorial, y en el segundo, como garante del presupuesto y, por ende, de la recaudación tributaria. La autonomía lograda hacía 20 años parece desdibujarse nuevamente. 

La reciente designación del ministro Eduardo Medina Mora reforzó la percepción anterior, agravada con el hecho de que su principal cercanía con el juicio de amparo fue la de fungir como autoridad responsable. Sus credenciales revelan una carrera política y burocrática, pero nada que lo hubiera llevado a la corte suprema de un país con un poder judicial independiente. Al parecer, la designación del nuevo ministro es la primera parte de un acuerdo que llevará al senador del PRI (con licencia) Raúl Cervantes Andrade a ocupar una de las dos plazas vacantes a fin de año, quedando la otra para el PAN, que perfila al ex-senador Santiago Creel y al senador Roberto Gil. Increíble.

Al final del año se retirarán la ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro Juan Silva Meza, los últimos dos juzgadores de aquella Corte refundada en 1995. De no ser sustituidos por otra jueza u otro integrante del Poder Judicial (quienes ahora aparecen de relleno en las ternas presidenciales), sino por políticos, dejaría un Pleno con 6 ministros con una carrera profesional en temas constitucionales y de derechos humanos y a 5 ministros con experiencia en la administración pública o como legisladores. Y una sola mujer. Se perfila, pues, una Corte ultraconservadora, con una creciente tendencia a la protección de intereses gubernamentales y de la partidocracia y a su sumisión. ¿Qué sigue? ¿Otro 1994?