La derrota del Partido Demócrata en las elecciones intermedias –descalificando la gestión del Presidente Barack Obama- ha minimizado el resultado de la consulta popular sobre la permisión del uso recreativo de la marihuana en Alaska y Oregón, su legal posesión en Washington, D.C. y su uso medicinal en Florida. Estas decisiones se traducirán en importantes ahorros presupuestales, al no tener que combatir actividades que dejan de criminalizarse, al tiempo en que habrán de generar recursos fiscales al convertirse en actividades lícitas. Este voto popular reconoce, además, una realidad insoslayable sobre la tolerancia al consumo de la marihuana en casi todo el territorio americano y su práctica legalización en más de 20 estados.
Mientras tanto, en nuestro país, no sólo se afianzó esta semana una política prohibicionista –baste ver el perfil policiaco del octogenario nuevo titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones- sino que una parte visible de la opinión pública ha desviado la atención de la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa, para hacerla aparentar como un problema político-partidista, sin reparar que se trata, en realidad, de una infiltración del narcotráfico en las estructuras gubernamentales del Estado mexicano.
La incrustación del narcotráfico en diversas estructuras del poder nacional cuenta con el aval del propio sistema político. El fracaso en el combate al narcotráfico, no sólo encuentra evidencia en la muerte de decenas de miles de mexicanos en la última década, sino también en la participación de estas bandas en los procesos electorales, en la protección y complicidad de fuerzas policiacas, y en la apropiación de recursos presupuestales de diversos estados de la República. Tamaulipas, Michoacán y Guerrero son evidencia reciente, pero no la única.
Resultando notorio el fracaso de esta política prohibicionista, cabe cuestionar quién o quiénes resultan beneficiarios del combate al narcotráfico. En primer término, las propias bandas delincuenciales, pues al ser la marihuana una droga ilícita, su precio es sumamente elevado, y por tanto, elevadas serán las ganancias de su comercialización, las que permiten destinar recursos a corromper fácilmente al poder público. En segundo lugar, las dependencias gubernamentales (federal, estatales y municipales) que para este propósito reciben millonarios recursos por parte de los contribuyentes con amplios márgenes de discrecionalidad en su ejercicio y rendición de cuentas y tercero, los fabricantes de armas (principalmente al norte de la frontera) que equipan tanto a las fuerzas del orden, como a las bandas criminales.
En este sentido, nuestro país ha sido rehén del bipartidismo americano (por no decir de su doble moral) que por su lado demócrata y progresista apoya la legalización de la marihuana y por su lado republicano y conservador apoya (y es apoyado) por una poderosa industria armamentista. La guerra contra las drogas es una cruzada emprendida por los americanos en la que los muertos son de nacionalidad mexicana.
El caso de la matanza de Iguala debe servir para reflexionar si vale la pena seguir criminalizando la producción y transporte de una mercancía que en su destino final, al norte de nuestra frontera, es perfectamente legal.
Las bandas de criminales no habrán de desaparecer, pero legalizando la marihuana, contarán con menos recursos que el Estado mexicano para combatirlas.
@erevillamx
Eduardo Revilla
Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Socio de Revilla y Álvarez Alcalá, S.C. Fue Director General de Asuntos Fiscales Internacionales de la SHCP y representó a la dependencia en foros y organismos internacionales. Actualmente es profesor de Derecho Fiscal en el ITAM. Es miembro de la International Fiscal Association.