Nueva ley electoral: misma partidocracia, pero más cara

23-05-2014 09:30

Un ejercicio que compara la edad que tienen los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con los años que –según la expectativa nacional- les queda de vida, revela que el costo de los haberes de retiro o pensiones vitalicias propuestas para dichos juzgadores cuando dejen su cargo es de 730 millones de pesos, poco más de 100 millones de pesos por magistrado (reforma.com). Para este 2014, en el que se cumplen dos años en los que no hay una elección federal, el presupuesto del TEPJF es de 2,488 millones de pesos. Esto significa que este órgano juzgador gasta casi 7 millones de pesos diarios en un año en el que no tienen –realmente- nada que hacer. Carlos Elizondo, en su cuenta de twitter, nos ofrece otro ejercicio numérico que revela que el sueldo anual del Presidente de este Tribunal alcanza a pagar 1,822 pensiones de adultos mayores en un año.

Por su parte, la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales oficializa al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE y antes IFE) para nacionalizar (en su concepción expropiatoria) los procesos electorales de los estados que el propio Instituto decida atraer u organizar, sin desaparecer presupuestalmente a los institutos locales. El INE gastará este año-no-electoral un monto de 11,834 millones de pesos (incluido el financiamiento a partidos políticos por 4 mil millones de pesos), es decir, poco más de 32 millones de pesos diarios. Esta nueva ley crea el Servicio Profesional Electoral Nacional (con su respectiva réplica a nivel estatal) y dota al INE de nuevas funciones en la fiscalización a partidos y campañas, en la administración del tiempo cedido fiscalmente por radiodifusores para millones de anuncios, para la credencialización cada 10 años y en la organización del voto en el extranjero para elecciones federales y estatales.

A los gastos anteriores habrá que sumar los recursos que ahora se aportarán –bajo la fórmula de financiamiento público- a los candidatos independientes (si es que alguno logra cumplir con los requisitos para su postulación). Esto significa que el INE resultará mucho más costoso que el IFE a partir del 2015.

Cada sexenio los partidos políticos, inconformes con sus derrotas electorales, promueven enmiendas al marco normativo para eliminar los resquicios y huecos legales aprovechados por el partido ganador y para remover a los funcionarios culpables de la organización electoral. Para ello, contratan a “académicos” e “investigadores” quienes rediseñan nuevos órganos y secretariados (dotados de cuanta autonomía resulte posible –constitucional, económica, técnica y de gestión) para eventualmente colocarse en ellos, y gozar de sus jugosas remuneraciones, pensiones y prestaciones, las que incluyen una decena de nodrizas para cuidar a los hijos de consejeros electorales en la maratónicas sesiones de cada seis años.

El costo de la última elección (incluidos institutos, tribunales y fiscalías especializadas) fue equivalente al presupuesto de la UNAM en 2012. En un país con los índices de pobreza, inseguridad y baja educación como el nuestro, alimentar una partidocracia que gasta dos millones de pesos cada hora en sostener aparatos burocráticos ineficientes y poco fiables resulta inadmisible, inclusive si los magistrados electorales renuncian a sus haberes de retiro.