La corrupción nos obsesiona

15 Agosto, 2016

Después de estudiar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción hice un resumen. Léalo aunque sea aburrido para que no le cuenten. De esta manera, se podrá imaginar el tamaño del aparato creado.

El Sistema Nacional Anticorrupción estará integrado así:

  •  Un Comité Coordinador
  •  Un Comité de Participación Ciudadana
  •  Un Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización
  •  Treinta y dos representantes estatales de los Sistemas Locales Anticorrupción de las Entidades Federativas

El Comité Coordinador a su vez, estará integrado así:

  • Un representante del Comité de Participación Ciudadana
  • El Titular de la Auditoría Superior de la Federación
  • El Titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción
  • El Titular de la Secretaría de la Función Pública
  • Un representante de la Judicatura Federal
  • El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia
  • El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
  • Una Secretaría Ejecutiva
  • Una Comisión Ejecutiva

El Comité de Participación Ciudadana a su vez, estará conformado por cinco ciudadanos elegidos por una Comisión de selección que constituya el Senado.

El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización a su vez, estará integrado así:

  • La Auditoría Superior de la Federación
  • La Secretaría de la Función Pública
  • Por siete miembros rotatorios de las entidades de fiscalización superiores locales y  secretarios del control interno de las entidades federativas.

 

El Presidente del Comité Coordinador será un ciudadano elegido por un año y convocará a las sesiones del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, será la máxima autoridad en toda esta estructura. Las sesiones serán cada tres meses, lo que significa sólo cuatro sesiones ordinarias por año para cada Presidente.

El Comité Coordinador elaborará programas de trabajo anual; establecerá bases y principios de coordinación de sus integrantes; aprobará el diseño y promoción de la política nacional en la materia, así como su evaluación periódica ajuste y modificación; aprobará la metodología de los indicadores para la evaluación; conocerá el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las mismas, acordará las medidas a tomar; requerirá información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de la política nacional; determinará e instrumentará mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción; determinará los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; establecerá una Plataforma Digital Nacional que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria; establecerá lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los Órganos internos de control y entidades de fiscalización la consulta expedita y oportuna de la información que resguardan, relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos; dispondrá las medidas necesarias para que las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con la Plataforma Digital; participará en los mecanismos de cooperación internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas internacionales y las demás que señalen las leyes.

Toda la estructura tendrá tres propósitos fundamentales a saber. Dictar las recomendaciones que pronuncie el Comité Coordinador a los Entes Públicos, las cuales no serán vinculantes, sí públicas y enfocadas al fortalecimiento de los procesos. La segunda, poner en conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, hechos que den lugar a sanciones administrativas de servidores públicos. La tercera, poner en conocimiento del fiscal anticorrupción, hechos que puedan ser constitutivos de delito.

Como todo en la vida cuando emprendemos un proyecto, lo primero que debemos evaluar es el costo beneficio de éste. Imagine la burocracia en las diversas dependencias para cumplir con la nueva ley y sus Comités. El tiempo en horas hombre que esto implicará. La normatividad interna que se creará. Los recursos económicos que en suma se tendrán que aplicarse en tiempos que son de austeridad. Los Comités por cierto, son como las llamadas a misa. Con el tiempo terminan asistiendo funcionarios de segundo y tercer nivel hasta quedar abandonados.

De un día laborable, un servidor público en cualquier dependencia de gobierno, aplica aproximadamente un 40% de su tiempo para atender cuestiones relacionadas con tarjetas informativas, solicitudes de transparencia, demandas de responsabilidad patrimonial del estado recibidas, problemas operativos y laborables con el personal, requerimientos de órganos de control interno, informes estadísticos para justificar metas establecidas en los indicadores y poder defender el presupuesto asignado a su dependencia, exámenes de confianza, etc. Si a esto le sumamos el tiempo que tendrá que aplicar ahora con temas Anticorrupción, ese porcentaje podría elevarse a un 50%, dejando de esta manera el restante 50% para atender las responsabilidades sustantivas propias de su área. El servicio público es una de las tareas más importantes que existen, dejemos trabajar a quienes la desempeñan.

En lo relativo a la fiscalización de las participaciones federales que reciben los estados, creemos serán mejor vigiladas, inhibiendo con ello el peculado. Eso ayuda mucho, pero por lo demás, y tomando en cuenta las razones expuestas, se corre el enorme riesgo de que el Sistema nunca logre la eficacia pretendida.

Tal vez hubiera salido más barato combatir la corrupción con la simple voluntad de dar cumplimiento a las leyes que ya teníamos, que dicho sea de paso, ya lo regulaban todo. Pues pareciera que antes del nuevo Sistema Anticorrupción no había nada, y ahora, lo hay todo.

En el fondo, lo que tenemos es una ciudadanía ingenua al pensar que empujando la creación de nuevas leyes se combaten los problemas y, por otra parte, un poder Legislativo satisfaciéndola al costo que sea para salir del paso y cobrar votos. Es justo decir que entre sociedad, legisladores, Presidentes de la República y su pequeño grupo de iluminados, hemos agobiado la función de gobernar que le pertenece al Poder Ejecutivo. La Administración Pública, antes que ser perseguida por corrupta, debería ser profesionalizada y reconocida por todos. Es más difícil corromper a un servidor público profesional, satisfecho con su salario y reconocido por la sociedad, que a uno ignorante, mal pagado y además señalado por delincuente. Empecemos por profesionalizar a los Secretarios de Estado y Procuradores que, hablando de temas propios de sus dependencias, manifiestan una ignorancia que genera indignación y rabia. ¿Cómo le pedimos a los Procuradores que persigan hechos de corrupción, si muchos de ellos son unos ignorantes que no conocen conceptos básicos del derecho penal y su procedimiento? Ese para mi es el origen del problema.

Lo que hemos generado con tantas leyes e instituciones que se vigilan entre si, es un trastorno obsesivo compulsivo en la Administración. ¿Alguna vez han visto un perro dando giros sobre su propio eje tratando de morderse la cola sin poder lograrlo? Esa es la ansiedad que padece el gobierno en general. Dando vueltas sobre su propio eje sin poder solucionar los problemas fundamentales.

En fin, a partir de ahora estamos redimidos y dejaremos de ser corruptos, al menos por un tiempo, mientras nos pasa la euforia y regrese el desencanto nuevamente. Lo bueno, es que siempre podremos legislar, que para eso nos pintamos solos.

De los dientes del Fiscal Anticorrupción como lo denomina el Senado, hablaremos en otra entrega.

@borozco16

Benjamín Orozco Manjarrez Benjamín Orozco Manjarrez Abogado especialista en Delitos Fiscales y Financieros. Fue Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República, anteriormente como responsable del área penal del SAT. Abogado postulante (socio fundador) de DDE, defensa de delitos económicos.