Ayudando a la Micro y pequeñas empresas: ¿cómo fortalecer su liquidez?

Ante los estragos de la pandemia, es necesario que PYMES estén mas protegidas legalmente del financiamiento forzoso que les imponen las empresas grandes y mediana-grandes.
2 Septiembre, 2020

De acuerdo al último censo económico levantado durante 2019 (con datos del 2018) y recién publicado, en México existen 6.4 millones de establecimientos “fijos”, los que ocupan a poco más de 36 millones de personas. De éstas, 4.8 millones unidades económicas pertenecen al sector privado y Paraestatal, las que en turno ocupan a 27.1 millones de personas. Predomina en este universo las unidades dedicadas al comercio y a los servicios no-financieros.

Más aún, el 94% de este universo de unidades económicas son microempresas (es decir, que emplean 10 o menos trabajadores), mientras que el 5% lo constituyen las pequeñas (entre 11 y 50 empleados) y medianas (entre 51 y 250 empleados) empresas. En otras palabras, menos del 1% del universo son empresas grandes.

Si bien el principal problema que señalaron todas las unidades económicas del país fue el de seguridad pública, también indicaron que un problema que las aquejaba muy fuertemente, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, es el de falta de liquidez para sortear la operación diaria de la empresa.

Buena cantidad de las PYMES, e incluso de algunas micros, son proveedoras de las grandes o en su defecto de mediana-grandes empresas; es pues como se articula, en todo el mundo, los procesos productivos.

Hay muchos ejemplos, pero quiero destacar dos de ellos para ilustrar esto. El primero de ellos es el caso de las grandes cadenas de supermercados. En este caso, estas grandes cadenas, que tienen un relativamente elevado poder monopsónico, le cargan el costo del financiamiento a sus proveedores, debido a que se tardan en pagar hasta 120 días, por lo que los proveedores de tamaño pequeño sufren de problemas de liquidez.

Incluso, afirman muchos de éstos, el supermercado decide muchas veces las ofertas sin consultarlas por lo que en muchas de estas ocasiones, con la rebaja, la venta se realiza por abajo del costo de producción, lo que las ahorca un poco más.

El segundo ejemplo, de muchos otros, es el de las casas productoras de publicidad. Estas realizan puntualmente el comercial y, la parte contratante (normalmente o grande empresa o mediana-grande) dilata en promedio 120 días en realizar el pago.

Claramente el financiamiento vía proveedores de bienes y servicios es muy común en México. Incluso la recién formada UNION MEXICANA DE ASOCIACIONES CINEMATOGRAFICAS ha lanzado ya una señal de auxilio, ante lo prolongado y engorroso que resulta el proceso de pago de su trabajo, el que se explota comercialmente, sin haber visto un centavo con antelación (ver www.seguridadaudiovisual.mx.).

El punto es que estas micro y pequeñas empresas atraviesan severos problemas de liquidez que les afecta no solo en reinversión, sino en el sustento mismo de las familias. Con la pandemia, esto se ha acrecentado aún más.

La regulación de ese fenómeno es motivo de debate. Existen algunos países en los que si bien no está regulado, existe el precedente de que una empresa proveedora puede demandar legalmente después de 90 días a la contraparte que incumple. En particular, Estados Unidos es este caso (con el que acabamos de firmar el TMEC), país donde el promedio de pago de una factura es de 45 días.

Ante este fenómeno, en México el propio gobierno federal, a través de Nacional Financiera (NAFIN), diseñó un programa de factoraje allá por 2003 en el que la banca de desarrollo compraba la factura a 0.90 centavos. Aún así, el 10% de pérdida para un pequeño empresario es alto, sin poderlo trasladar al cliente porque perderían competitividad, al menos es lo que opinan buena parte de ellos.

Por eso, es necesario que en México, hoy que las micro y pequeñas empresas están enfrentando los estragos de la pandemia, estén más protegidas legalmente del financiamiento forzoso que les imponen las empresas grandes y mediana-grandes.

Una posibilidad, es ampliar el factoraje y que NAFIN disminuya su comisión o precio a 5 centavos, o alternativamente, introducir en la ley el tiempo razonable de pago de cuentas por pagar. Tal vez, dentro de las opciones se debe incluir una legislación al respecto. Eso le daría mayor certidumbre a la inversión en el país, al ser uno donde 94% de las firmas son microempresas.

Fausto Hernández Trillo Fausto Hernández Trillo Investigador y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Experto en finanzas públicas, macroeconomía y sistema financiero. Investigador Nacional Nivel III. Doctor en Economía por la Universidad Estatal de Ohio, EU, y profesor visitante en universidades de México y Estados Unidos. Autor de 3 libros y de decenas de artículos académicos. Conferencista y consultor de organismos internacionales y del gobierno mexicano y galardonado con el Premio de Economía Latinoamericana "Daniel Cosío Villegas".