La cancelación del aeropuerto: fallas técnicas, económicas y jurídicas

La decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cancelar la obra del aeropuerto de Texcoco, tiene repercusiones técnicas, económicas y jurídicas que aún no hemos terminado de dimensionar.

En el tema técnico, nunca existió evidencia apropiada que sustentara como mejor opción la idea de ampliar la base militar de Santa Lucía. Esta decisión –aderezada de retoques al actual aeropuerto y al de Toluca- se impuso obstinadamente pese a claros riesgos técnicos (mientras los aviones no se repelan realmente), a previsibles conflictos de interés y a componendas al margen de la ley con los actuales y futuros constructores.

En materia económica, esta decisión representa el más grave error intencional desde que José de Andrés de Oteyza impuso –en los ochenta- encarecer el crudo mexicano mientras el precio internacional caía.

La unilateral medida de AMLO –desairando al mercado- impactó la paridad del peso frente al dólar y, con ello, eventualmente a la inflación, mermó la calificación crediticia mexicana, con el consecuente aumento de las tasas de interés y debilitó al estado de derecho (al desconocer la obligatoriedad de los contratos) y, con ello, la expectativa de flujos de inversión extranjera.

En materia económica, esta decisión representa el más grave error intencional desde que José de Andrés de Oteyza impuso –en los ochenta- encarecer el crudo mexicano mientras el precio internacional caía.

La inminente aceleración de los bonos aeroportuarios, la demolición de la millonaria obra ya existente en Texcoco, las indemnizaciones por incumplimientos contractuales, las ampliaciones aeroportuarias mencionadas y la construcción de una nueva base aérea militar requieren de recursos públicos que no se tenían presupuestados, superiores al costo faltante del proyecto de Texcoco.

En adición a la pérdida de miles de empleos, perdemos de vista que las obras de infraestructura constituyen eficientes mecanismos para cerrar brechas entre pobres y ricos. Vaya ironía: A días de tomar posesión, un supuesto gobierno progresista ya lastimó más a quienes menos tienen.

Preocupa, especialmente, el aspecto jurídico de la cancelación. El derecho que tenemos los ciudadanos de participar en consultas populares –como parte de la democracia participativa- fue burlado por una subespecie de consulta que no acreditó ninguno de los requisitos que, para garantizar el pleno ejercicio de ese derecho, establece el artículo 35 constitucional.

Los defensores de esta demagógica consulta apelan a que la soberanía radica en el pueblo, como efectivamente lo dispone el artículo 39 constitucional, pero olvidan que el artículo 40 reconoce que, en ejercicio de esa soberanía, decidimos erigirnos en una república representativa con poderes públicos instituidos, entre los que no se encuentran la presidencia electa y sus encuestas a modo.

Los presupuestos de egresos de los últimos ejercicios fiscales aprobados por la Cámara de Diputados (órgano representativo de nuestra soberanía popular), incluyeron partidas para la construcción del aeropuerto en Texcoco. El que un presidente electo, que aún no ha prestado protesta, se base en un inexistente mecanismo de democracia participativa para anunciar que se detiene una obra aprobada por poderes constituidos, se aparta del régimen constitucional vigente.

Cuando alguien dicta órdenes al margen del marco jurídico y dichos dictados se acatan ante la complacencia y complicidad de una mayoría legislativa sumisa y fanática, descalificando a quienes disienten –ejerciendo su libertad de expresión o de prensa-, estamos consintiendo un régimen político distinto al previsto por la Constitución. Tengamos mucho cuidado.

@erevillamx