Gobiernos y Finanzas Públicas

Los políticos se imponen a los ciudadanos y se niegan a la transparencia

Mientras que lo aprobado exime a funcionarios públicos de presentar sus declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial, los beneficiarios de los programas sociales sí tendrían obligación de divulgarlas

17-06-2016 12:56 Por : Arena Pública
Los expertos y organizaciones de la sociedad civil externaron su descontento con estas medidas, calificándolas como banales debido al que el gobierno ya cuenta con sistemas de información suficiente para fiscalizar a los ciudadanos.
Los expertos y organizaciones de la sociedad civil externaron su descontento con estas medidas, calificándolas como banales debido al que el gobierno ya cuenta con sistemas de información suficiente para fiscalizar a los ciudadanos.

Los diputados también le dieron la espalda a las críticas de la sociedad y de los empresarios, al aprobar leyes anticorrupción limitadas a sus intereses, desarticulando la verdadera utilidad del Sistema Nacional Anticorrupción.

En la disposición del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades se obligará a las personas físicas o morales, que reciban y ejerzan recursos públicos, a presentar su declaración patrimonial.

Lo anterior significa que, por ejemplo, aquellos estudiantes beneficiados con becas del CONACYT, o los beneficios de programas sociales como el de adultos mayores tendrán que presentar lo que se ha conocido públicamente como "3 de 3", es decir, su declaración patrimonial, de potencial conflicto de interés y fiscal.

 

Descontento

Los expertos y organizaciones de la sociedad civil externaron ayer su descontento con estas medidas, calificándolas como banales debido al que el gobierno ya cuenta con sistemas de información suficiente para fiscalizar a los ciudadanos  y a las empresas –sus declaraciones fiscales ante el SAT, por ejemplo-.

“Pretenden pedir a los trabajadores y a empresas de este país que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer con sus representados”, manifestó Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

Empresarios y organizaciones civiles también coinciden en que quienes realmente les corresponde entregar cuentas en estos momentos es a la clase política, en un país que atraviesa un nivel corrupción que se consume hasta el 10% Producto Interno Bruto.

Lo cierto es que el PRI y sus aliados (el Verde y Nueva Alianza), que son mayoría en la Cámara de Diputados, ignoraron la solicitud que representantes del IMCO, Coparmex, Transparencia Mexicana, Red por la Rendición de Cuentas y otras organizaciones, quienes en representación de más de 634 mil ciudadanos, se manifestaron para que se quitaran los candados que le pusieron a la publicidad de las declaraciones de los servidores públicos y eliminar la inclusión de particulares.

"El PRI ha vuelto a demostrar su falta de sensibilidad, al no entender que la ciudadanía está demandando más controles sobre una cultura política del enriquecimiento opaco. Los formularios de la ley 3 de 3 ya respetaban la privacidad. Se piden que se listen inmuebles pero no la dirección exacta, los saldos en cuentas bancarias pero no los datos personales”, dijo Alejandra Zapata, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Es decir, la clase política alega su derecho a la privacidad y la protección de datos personales frente al derecho a la información y al principio de máxima publicidad, pero en ningún momento se viola éstos últimos derechos con el diseño original de la ley 3 de 3, de acuerdo con lo dicho por la representante del IMCO.

 

Comité con tintes políticos

Por otro lado, el alcance de las declaraciones quedará ahora al arbitrio del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, un nuevo cuerpo burocrático aún sin legitimarse y dependiente del Senado, que según el fundamento constitucional del artículo 71 de la iniciativa ciudadana, la Ley Orgánica del Congreso manda a escuchar a un representante legal de los 634 mil ciudadanos.

Este será encabezado por un ciudadano por un periodo de un año, mientras que el Comité estará conformado por cinco ciudadanos que tendrán el cargo por cinco años. Todos ellos serán elegidos por el Senado, lo cual supone que en su composición primarán más criterios políticos que ciudadanos.

 

Más información: Mensaje de las organizaciones académicas civiles a la Cámara de Diputados con Motivo de la discusión de la Ley General de responsabilidades 

 

Más información: Por un #MXSinCorrupción, la insólitca manifestación de los empresario en el Ángel de la Independiencia