Gobiernos y Finanzas Públicas

Histórico: Ley ciudadana anticorrupción llegará al Congreso. Peña Nieto, en silencio

La iniciativa conocida como “3 de 3” alcanzó 120 mil firmas y ahora el Congreso deberá discutirlo, aunque hay escepticismo sobre las modificaciones que podría sufrir ante la resistencia del PRI y de la clase política

15-03-2016 07:53 Por : Arena Pública
La investigación periodística sobre la 'Casa Blanca' por presuntos actos de corrupción del presidente Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, detonó la iniciativa ciudadana
La investigación periodística sobre la 'Casa Blanca' por presuntos actos de corrupción del presidente Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, detonó la iniciativa ciudadana

La mayoría de los mexicanos coincidimos en que la corrupción es el problema de nuestros problemas, se le escucha decir a Alejandro Legorreta,  en su discurso en el Value Investing Forum (VIF) 2016, que se llevó a cabo a inicios de marzo.

La corrupción en el sector público se ha convertido en el centro de la atención y de la crítica de las organizaciones civiles en México y que recientemente ha tomado forma a partir de una iniciativa legal conocida como “3 de 3”, impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, un think tank patrocinado por las cúpulas del sector privado.

Ayer lunes, 14 de marzo, la iniciativa “3 de 3” alcanzó las 120 mil firmas convirtiéndose en la primera propuesta legislativa en la historia de México hecha por ciudadanos para ser discutida en el Congreso.

De aprobarse el proyecto de ley de combate a la corrupción en el sector público, se obligaría a los burócratas de todos los niveles de gobierno a transparentar públicamente tres documentos: Su declaración anual de impuestos, el detalle de sus activos y de su patrimonio personal y familiar, así como una declaración de sus potenciales conflictos de interés a partir de enlistar sus intereses privados.

 

La ley ciudadana a debate

En la elaboración del proyecto de ley –que consta de 85 páginas- participaron 15 expertos, principalmente académicos del CIDE, de la UNAM y del Tecnológico de Monterrey –tres prestigiadas universidades del país- así como abogados de distintas organizaciones civiles bajo la coordinación de Enrique Cárdenas Sánchez, un ex rector de la Universidad de las Américas en Puebla y quien ahora dirige el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

La iniciativa –llamada formalmente “Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas”, busca implementar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción que se publicó el 27 de mayo de 2015 y que, a casi un año después, los legisladores la han dejado en el aparente olvido.

Con esta iniciativa de ley, surgida de las organizaciones civiles, se busca establecer las “responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como a los procedimientos para su aplicación”, se lee en su exposició de motivos.

De acuerdo al IMCO la corrupción le cuesta al país unos 48 mil millones de dólares al año, mientras que el Banco de México calcula que la corrupción equivale al 9% del Producto Nacional Bruto. Sin embargo la percepción de la corrupción entre los organismos del sector público y empresas privadas en México, tanto al interior como fuera del país, es ampliamente extendida.

 

La ‘Casa Blanca’, detonante de la iniciativa ciudadana

Hace un año, la periodista Carmen Aristegui y su grupo de investigaciones periodísticas, denunciaron en su noticiero de radio actos de corrupción –por lo menos tráfico de influencias- por parte del presidente Enrique Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera al descubrir tratos no aclarados con un contratista del gobierno para la compra de una residencia en la exclusiva Lomas de Chapultepec. Un hecho parecido –con el mismo contratista- fue revelado por la periodista, en una operación de compra de una residencia por parte del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

El caso se dio por terminado cuando el Presidente le pidió a un subalterno que lo investigara y éste, meses más tarde, lo absolvió. El caso nunca fue investigado por la Procuraduría General de la República, ni por el Congreso de la Unión, ni siquiera por los partidos políticos de oposición; ni por ninguna autoridad ajena al poder ejecutivo. Sin embargo, los periodistas responsables de la investigación fueron despedidos de su trabajo.

Este hecho, sin consecuencias políticas aparentes y que conmocionó  a la opinión pública, motivó a que las organizaciones civiles iniciaran la redacción de una iniciativa de ley a fin de darle contenido a una 'reforma muerta’, como la del combate a la corrupción.

 

Ningún funcionario federal la ha firmado

La iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ahora deberá recibir el Congreso para ser discutida en los próximos meses, aborda detalles en la entrega de información personal que los políticos y funcionarios públicos mexicanos siempre han eludido.

La exposición de motivos señala que la ley “deberá establecer las bases adecuadas para sistematizar una política y acciones de alcance nacional” y en su redacción detalla la definición de delitos como el soborno, el tráfico de influencias y el uso de testaferros para ocultar bienes; crea una plataforma robusta de investigación interinstitucional para verificar la información entregada por los funcionarios, e impone mayores castigos a quienes cometen estos delitos.

Para algunos expertos es altamente probable que la iniciativa ciudadana, por su gran arraigo ciudadano, sea considerada aunque modificada en sus términos originales, dada la reticencia de los políticos a dar a conocer con detalle su patrimonio personal.

Si bien el presidente Enrique Peña Nieto y sus principales funcionarios del Ejecutivo han reiterado en sus discursos la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas ante las presiones ciudadanas, el hecho es que ningún funcionario público federal se ha adherido a la iniciativa “3 de 3”.

Lo han hecho algunos gobernadores, los tres líderes de los principales partidos políticos y una centena de legisladores federales. Sin embargo el escepticismo sigue reinando. El partido en el gobierno, el Revolucionario Institucional, ha señalado tibiamente que considerará la iniciativa, a pesar de que en las redes sociales el asunto se ha convertido en tendencia en las últimas semanas.

 

120 mil firmas históricas… pero tímidas

Alejandro Legorreta, dirige la Fundación Legorreta+Hernández y el Instituto VIF, iniciativas patrocinadas por grandes empresas financieras del país que buscan promover las inversiones en México. Allí –ante cientos de empresarios del país y del exterior- el joven empresario y filántropo de 40 años, soltó: “La corrupción es el lastre que nos impide detonar el máximo potencial de nuestras empresas y el dique que mantiene a nuestra sociedad estancada. Por cada político corrupto hay uno o varios empresarios corruptos. Nos tenemos que convertir en protagonistas de esta cruzada”.

Una cruzada en contra de una corrupción enquistada en el corazón del sistema político mexicano y que es identificada en las encuestas por los ciudadanos como el principal problema del país.

Sin embargo, la corrupción también tiene como su principal enemigo a la desilución y desesperanza ciudadana de que la situación efectivamente cambie. 120 mil firmas son muchas para una iniciativa de ley ciudadana histórica en México, pero también son pocas para un país con 82 millones 137 mil 593 ciudadanos empadronados en el Instituto Nacional Electoral; muchos de los cuales irán a las urnas este mismo año.

 

MÁS INFORMACIÓN: Portal de la “Ley 3 de 3”. Iniciativa Ciudadana

MÁS INFORMACIÓN: Texto completo de la Iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas.