Fideicomiso de Nafin y HSBC habría acelerado la crisis de Mexicana

Si bien la jueza Edith Alarcón negó a los trabajadores de Mexicana incluir la investigación de los actos ilícitos denunciados en el proceso de reestructuración -presentada por el Sindicato de Trabajadores de Tierra, que encabeza Miguel Ángel Yúdico- en la petición se revelarían datos importantes sobre cómo Nafin, Banorte y HSBC habrían incurrido en irregularidades en el proceso de ejecución de garantías, lo que habría impedido el acceso a recursos por más de dos mil millones de pesos.

La denuncia de Yúdico Romo establece, por ejemplo, que los fideicomisos en Nafin y HSBC -registrados bajo los numerales 80598 y 165085, respectivamente- aceptaron y ordenaron transferencias de recursos a ciertos acreedores como Banorte, que afectaron la operación de Mexicana de Aviación. Esos actos habrían constituido fraudes frente a otros acreedores, incluyendo a los empleados de la aerolínea.

Sin embargo, en el marco del proceso concursal de Mexicana, la jueza Alarcón se limitó a responder que la Ley de Concursos Mercantiles, aunque se desahoga en un juicio universal, no incluye este tipo de actos ilícitos, con lo que se cancela este camino, aunque el artículo 113 de la legislación en la materia sí contempla el fraude a acreedores y a eso apelaban los trabajadores de tierra de la línea aérea.

En el equipo de Yúdico ya preparan recursos legales contra la resolución de la jueza Alarcón pero la mala noticia tiene que ver con los tres años que lleva empantanado este asunto. Los trabajadores de Mexicana ahora impugnarán el escaso avance del caso de instancias como la Procuraduría General de la República, que encabeza Jesús Murillo Karam. Un amparo contra la inacción del Ministerio Público involucrado sería la antesala de la denuncia que buscarían presentar los trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Agotar las últimas instancias ante organismos internacionales sería el recurso que los trabajadores buscarían para demostrar que las instituciones que en México imparten justicia, simplemente no pudieron impartirla en el caso de la aerolínea.

Las denuncias por administración fraudulenta y violaciones a la Ley del Mercado de Valores en contra de Gastón Azcárraga tampoco avanzan y en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), que lleva Carlos Manuel Díaz Chávez, también acusan recibo del lento desahogo de las denuncias con las que se busca demostrar que Azcárraga usó recursos y a sociedades del mercado de valores para beneficiar sus posiciones accionarias en Mexicana de Aviación.

MÁS INFORMACIÓN: Mexicana de Aviación, ¿quién pagará por la quiebras?, reportaje de Arena Pública de noviembre 15 de 2013.