Energía e Infraestructura

700 MHz, la manzana de la discordia

Las reformas constitucionales para el sector de las telecomunicaciones darían paso a la operación de una red mayorista que podría competir contra Telmex y América Móvil, generando un negocio millonario, pero que también pondría en jaque al grupo de operadores que durante la última década han intentado participar en este sector.

14-01-2014 10:43 Por : Arena Pública
Un estudio de Cofetel habría determinado que el plan de negocios para la banda de 700 Mhz tiene una vocación eminentemente urbana y no rural.
Un estudio de Cofetel habría determinado que el plan de negocios para la banda de 700 Mhz tiene una vocación eminentemente urbana y no rural.

Al menos bajo las reglas que podrían imponerse en la ley secundaria, empresas como Telefónica, Nextel y Iusacell comienzan ya a cabildear ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre esta operación que promete cambiar el rostro del sector de telecomunicaciones.

Mucho se ha escrito sobre la red mayorista que el gobierno federal impulsaría, a través de una asociación público-privada, a partir de la licitación de los recursos del espectro radioeléctrico y que es resultado de la liberación del espectro que se obtiene a partir de la migración de las señales de la televisión análoga a la televisión digital terrestre.

Sin embargo, las grandes preguntas sobre el objetivo del gobierno al impulsar la licitación de estos recursos siguen aún sin respuestas entre los participantes de este sector. Fue el ex presidente de la hoy extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony De Swaan, quien al frente del pleno de esa comisión promovió la contratación de la consultoría McKinsey para que realizara un estudio que tuvo un costo de 100 millones de pesos.

En ese estudio -que pocos conocen- se habría determinado que el plan de negocios para la banda de 700 Mhz tiene una vocación eminentemente urbana y no rural, lo que representaría una frontal y creciente competencia para las empresas que también han invertido en infraestructura para operar servicios de telecomunicaciones.

La clave se encuentra en la reserva constitucional que establecería que esos recursos de la banda tendrían que utilizarse y cobrarse con tarifas muy cercanas a los costos de operación, lo que significaría márgenes muy pequeños. Otro detalle es la inversión por más de tres mil millones de dólares que se destinaría a esta infraestructura.

Se trata, entonces, de recursos públicos cuya aplicación tendría que transparentarse y reportar un claro beneficio para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

De la reforma secundaria, por lo tanto, depende una gran parte de las definiciones para la administración de estos recursos. Bajo estas condiciones, por ejemplo, Telefónica de España tendría restricciones en materia de costos para participar en esta licitación, mientras que ya tomó la decisión de vender un gran número de sus antenas en espera de que la banda de 700 Mhz cuente con recursos de mayor valor y mayor alcance.

Pero todo está por definirse.

 

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