Senador Monreal: ¿Para qué reformar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión?

El Senador Ricardo Monreal encabezó el pasado día 6 de noviembre el Foro “Telecomunicaciones e Internet” en el Senado.

Ahí afirmó que el Internet fijo en México es tres veces más caro que en los países desarrollados y que se requiere crear marcos jurídicos para establecer nuevas reglas que beneficien a los consumidores y cierren la brecha tecnológica¹. Por su parte el Secretarioⁱ Jiménez Espriú comentó que hay 175,000 localidades sin acceso a Internet y que una reforma a la ley podría ayudar a generar un ambiente más propicio para el sector.

Sorprendieron ambos comentarios, el primero porque es la falta de redes de banda ancha lo que aqueja a poblaciones más pequeñas y apartadas, cuya geografía y pobreza hace incosteable el tendido de redes fijas y móviles comerciales y, luego, porque la brecha de acceso no se cura reformando leyes.

En cuanto a lo dicho por el Secretario, si algo logró la ley de 2014 y la creación del IFT, fue un ambiente propicio para la inversión de nuevos entrantes en zonas rentables, o sea las urbes. La falta de inversión en el México rural se debe a que ahí, en las localidades más pobres, no hay la rentabilidad que exigen los mercados globales. Son otro tipo de instrumentos de política pública y regulatoria los que pueden cerrar la brecha digital en las comunidades más aisladas.

Qué más quisiéramos todos que lograr avances sociales, tecnológicos y económicos mediante reformas a las leyes. La realidad es mucho más compleja. La última Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, requirió más de 10 años de debates, cabildeos privados, sociales, legislaturas, estires y aflojes hasta ser realidad en 2014 luego de la reforma constitucional de 2013. En el caso de la radiodifusión, hubo que esperar medio siglo para ver una nueva ley nacer.

El Senador Monreal no aclaró qué problema exactamente pretende resolver reformando la ley de 2014. Aparentemente cerrar la brecha digital. De sobra sabemos que ello no requiere una reforma legal sino una efectiva aplicación de la ley y una estrategia digital integral y con presupuesto suficiente, hasta ahora faltante.

Requiere, además, que el Ejecutivo Federal y los ejecutivos locales pongan en marcha políticas públicas transversales para que los gobiernos mismos migren al mundo digital, y se desapeguen del muy tentador mundo de papel que facilita la corrupción. Los gobiernos pueden ser un enorme detonador de innovación tecnológica si adoptan y cumplen una política digital transversal como grandes usuarios que son de estas tecnologías.

El Senador Monreal no aclaró qué problema exactamente pretende resolver reformando la ley de 2014. Aparentemente cerrar la brecha digital. Sabemos, de sobra, que ello no requiere una reforma legal sino una efectiva aplicación de la ley, una estrategia digital integral y un presupuesto suficiente

Cuando veo y soy víctima de los trámites gubernamentales tanto a nivel municipal (Quintana Roo es un horror, sus portales de e-gobierno municipal están inoperantes) como federal (antier pasamos 4 horas en el SAT para dar de alta en el RFC a una asociación civil) pienso: ¡esto lo podría haber hecho en línea en 20 minutos! y cuanto se ahorraría el SAT también en atención al contribuyente.

Automatizar y digitalizar los procesos burocráticos con la ciudadanía y los intergubernamentales, automáticamente acercaría a la población al mundo digital y eliminaría componendas, dádivas, tortuguismo y demás ineficiencias e ineficacias.

A nivel ciudadanía, una mayor sofisticación en el uso y adopción de tecnologías de la información y la comunicación tanto en el proceso educativo, como en procesos productivos de pequeñas y medianas empresas de comercio, agropecuarias, de servicios y de manera destacada, un sólido programa y presupuesto para que el gobierno brinde servicios de telesalud en comunidades rurales, servicios de teleeducación y contenidos educativos en línea y servicios financieros orientados a dar acceso a capital de producción para personas del campo.

Legislar en temas de Internet y de brecha digital es delicado y puede resultar contraproducente. La regulación de industrias tan innovadoras no debe plasmarse en una ley formal que seguramente quedará obsoleta en tres años creando más problemas que remedios. La rigidez de la ley es incompatible con el dinamismo del mundo digital.

Además, los legisladores tendrían que cuidar mucho no invadir facultades regulatorias y de competencia económica reservadas constitucionalmente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, so pena de ser llevado el Congreso de la Unión, de nuevo, ante la Suprema Corte de Justicia, en un juicio de controversia constitucional. Trazar la línea fina de cómo y qué legislar sin regular, es un reto mayúsculo, no hay manuales para lograrlo, aunque sí principios, y requiere de una cuidadosa operación quirúrgica constitucional y conocimiento de las economías de red no propia del proceso legislativo.

El foro convocado por el Senador Monreal, y en el que aparentemente no estuvieron representadas las comisiones de ciencia y tecnología ni de comunicaciones y radiodifusión, pero sí el IFT, la SCT y alguna organización de la sociedad civil, experta en derechos digitales, debe dar lugar a un debate técnico, plural y bien informado sobre qué mal se pretende remediar, con qué herramientas y bajo qué cálculo de riesgos, costos y beneficios, por la incertidumbre que generará una reforma.

El Senador anunció que habrá parlamento abierto para trabajar en cualesquiera reformas legales, esperamos que con una convocatoria más amplia y con una visión prospectiva de lo que se pretende remediar o alcanzar para evitar lo ocurrido hace dos años cuando, en un nado sincronizado en el Congreso de la Unión orquestado por la entonces tele-bancada y envolviéndose hipócritamente en la bandera de la libertad de expresión, quedó aprobada una inconcebible contrarreforma a esa ley precisamente para borrar de un plumazo las facultades del IFT y de cualquier otra autoridad del Estado mexicano, para tutelar, como lo ordena la Constitución, en su artículo 6º, vigente, los derechos de las audiencias de radio y televisión.

A pesar del largo catálogo de derechos de las audiencias contenidos en la ley en comento, éstos quedaron al total arbitrio de los concesionarios de medios, quienes solamente a través de autorregulación podrán decidir cómo y en qué medida respetarán tales derechos.

Un valiente amparo interpuesto por la Asociación Mexicana de Defensores de las Audiencias de Medios Públicos fue resuelto favorablemente a las audiencias y tal vez ello atenúe parcialmente el efecto negativo de la contrarreforma, cuya constitucionalidad aún yace en el limbo sin una sentencia de la Corte, luego que Senadores disidentes de ese abominable acto, interpusieran una acción de inconstitucionalidad. Esperamos que la SCJN lo resuelva pronto y mediante un impecable análisis. 

Menciono esto como un caso real y reciente de una reforma a la ley que resultó regresiva, para favorecer intereses creados de los medios privados para seguir extrayendo ganancias por la venta de publicidad y propaganda política disfrazada de información noticiosa, y los riesgos de abrir nuevamente la ley para reformarla sin tener un claro diagnóstico, alternativas no legislativas y mapa de riesgos y oportunidades para mejorar el bienestar general a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

En efecto, la ley del 2014 no es convergente, está llena de “minas” legislativas para proteger a ciertos grupos, levantar barreras a la competencia; imponer sanciones desproporcionadas y eximir de ellas a ciertas conductas negativas; preceptos sesgados, retóricos o de carácter regulatorio que merman las facultades y estructura orgánica del IFT. Pero reformarla para abatir la brecha digital sin crear distorsiones mayores, se antoja inviable. La reforma constitucional del 2013 y la creación del IFT y su nuevo marco legal, trajeron sin duda avances en favor de los consumidores y las audiencias y nuevas opciones de servicios y es muy importante cuidar que no se retroceda en lo ya logrado. 

Reformar la ley de 2014 para abatir la brecha digital, sin crear distorsiones mayores, se antoja inviable

El tema de la estática penetración de servicios móviles, el estancamiento de las inversiones,  la brecha digital rural y la aún no resuelta neutralidad de la red; la falta de competencia efectiva ante la presencia de un operador con poder de mercado y la falta de más fibra óptica en todo el país y mayor pluralismo de los contenidos y los medios, son sin duda temas pendientes por resolver, por citar solo algunos.  Ninguno de ellos considero, requieren de una reforma legal. 

Pero ante esta convocatoria del Senado a reformar la ley, es vital que antes de redactar iniciativas al vapor, se convoque a análisis despolitizados, desapasionados y desde el interés público, para decidir si es la reforma a esta ley el mejor vehículo para remediar las brechas, excesos, faltas de accesos, barreras, y desarticulación de lo digital a nivel gubernamental y social.

En efecto, en décadas no ha podido crearse en México un ecosistema digital transversal integral, capaz de facilitar y promover el surgimiento de y florecimiento de una economía y sociedad digitales incluyentes en todos los ámbitos y regiones del país, que permita migrar la actividad tanto comercial, cultural, política, educativa, de salud, financiera y el quehacer gubernamental al mundo de lo digital, en forma segura, universal, asequible e informada.

La falta de confianza en las redes para hacer transacciones es un gran obstáculo, por ejemplo. Ante el acecho creciente del cibercrimen y el descuido en que México tiene a sus ciudadanos en temas de privacidad y protección de datos personales. Si alguna institución sólida y poderosa está faltando, a pesar de que fue reformada la ley de la materia, es la encargada de la protección de datos personales para tener la eficacia que ha tenido la Directiva europea de protección de datos personales, por ejemplo.

Reconozcamos los avances logrados del actual marco legal e institucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión, en los que la oposición jugó un papel fundamental. Tengamos muy claros los problemas por resolver y cómo hacerlo antes de considerar reformar la LFTR. No hacerlo así, sería irresponsable pues podría significar graves regresiones justamente para la población más vulnerable y abrir la puerta para que los grupos de interés cabildeen incesantemente para llevar agua a su molino.