La transformación estructural pendiente

Reformar leyes sin ton ni son para “remediar” males estructurales, empeorará nuestra institucionalidad y se corre el riesgo de exacerbar una concentración oligopólica contraria al interés público.
11 Noviembre, 2018
Sinapsis

“Los gobiernos necesitan equilibrar sus prioridades de políticas para poder revertir un crecimiento pálido y una desigualdad creciente; ambos alimentan la frustración y merman la confianza en las instituciones, el progreso tecnológico y la globalización”. FEM

 

Bienvenidas y bienvenidos a mi columna quincenal en la que números, hechos, opiniones, ideas y análisis se dan encuentro para hacer sinapsis en Arena Pública, un espacio realmente libre, plural e independiente.

El índice global de competitividad del Foro Económico Mundial (FEM) mide anualmente, el grado de competitividad -entendida como el grado de productividad - de 140 economías.

El pasado mes de octubre el Foro publicó el índice 2018 que incluye una nueva metodología: mide 12 ejes que incluyen 98 componentes, relevantes en el contexto de la revolución industrial 4.0. En el agregado, México alcanzó el 46o. lugar de 140. En 2017 ocupó el lugar 44 de 135 países.

El rango global no es lo más indicativo, sino el desglose de las calificaciones obtenidas en cada pilar y sus componentes, así como sus correlaciones y ahí es donde podemos apreciar tanto las fortalezas y tendencias de mejora, como los focos rojos de puntuaciones reprobatorias o mediocres que explican muchos de nuestros grandes males nacionales como Estado: gobierno y sociedad en su conjunto. Reproduzco la fotografía que el FEM tomó de México con motivo de este índice global 2018:

Fuente: Foro Económico Mundial GCI 2018

 

En esa liga pueden consultar los rangos y puntuación obtenidos para cada uno de los 12 pilares y sus 98 componentes.

En 4 de los 12 pilares, México tiene puntuaciones reprobatorias o apenas ligeramente superiores al 5.0 que naturalmente imposibilitan un nivel óptimo de productividad y se van arraigando como focos rojos que no hemos logrado apagar. En realidad, al revisar todas las puntuaciones y rangos realmente sorprende que hayamos alcanzado el lugar 46 global.

Ello se debe y hay que reconocerlo, al buen desempeño en pilares como el Producto Interno Bruto (11/140), la estabilidad macroeconómica ((35/140), y el dinamismo empresarial (41/140) aunque ojo, en estos dos últimos rubros descendimos en puntuación respecto de 2017.

En otros pilares también ocupamos un rango superior al de otras 70 economías del mundo como es el caso de infraestructura mexicana que está en el lugar 49/140 y con una puntuación del 72.9/100, superior a la obtenida en 2017, pero como mencionaré más adelante, hay varios focos amarillos en infraestructuras específicas.

De cara a la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 por parte de la Cámara de Diputados y a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, vale la pena resaltar los rubros en los que México reprobó y que debe prioritariamente corregir, pues son insumos esenciales para la transformación estructural hoy ausente y sin ella es impensable aspirar a la productividad.

De los 12 pilares medidos que se muestran en la gráfica anterior, México, en conjunto, no solamente su gobierno, alcanzó una puntuación reprobatoria o bien un rango global bajo en los siguientes cinco:

 

Pilar

Puntuación/100

Ascenso/Descenso

Rango/140País con mejor rango
Instituciones47.7A105NZ
Mercado laboral (reclutar y retener talento)54.4D100EUA
Habilidades técnicas/digitales, docentes57.9A86FIN
Adopción TIC51.3A76KOR
Sistema financiero60.8A61EUA

 

Naturalmente el mayor foco rojo está en el pilar de Instituciones que se compone de 20 subcategorías importantísimas en las cuales estamos reprobados, salvo por lo que respecta a transparencia presupuestaria, gobierno electrónico y baja incidencia del terrorismo, rubros en los que alcanzamos una puntuación alta. Toda la región latinoamericana tiene un bajo rango en su entorno institucional, pero eso no debe ser consuelo para México.

Lamentablemente, en los componentes del pilar 1 institucional: crimen organizado, tasa de homicidios, confianza en las policías, corrupción, independencia del poder judicial, fortaleza del capital social1, visión de futuro del gobierno, libertad de prensa2; cargas y barreras de las regulaciones y eficiencia del marco jurídico para dirimir controversias, estamos en rangos de entre 100 y 139 respecto del resto del mundo y con puntuaciones promedio en dichos rubros no superiores a 30/100. Este es el foco rojo que urgentemente se requiere transformar.

En los pilares de mercado laboral y habilidades laborales que comprenden tanto la facilidad de reclutar y retener talento dados los niveles salariales, políticas de promoción, flexibilidad y calidad en el ambiente laboral, igualdad de género, y otras (rango 100/140) como el pilar relativo a la oferta de capital humano con credenciales educativas y habilidades docentes, técnicas, científicas requeridas para la revolución 4.0 y la economía de datos,(rango 86/140) México también alcanzó rangos muy bajos y son un mal que aqueja a los individuos, a los empleadores y al sistema educativo nacional público y privado.

El riesgo de parálisis de la productividad nacional o de su absoluta dependencia de otras economías por falta de capital humano calificado y de empleadores atractivos, es alto si el Estado mexicano incluyendo a sus ciudadanos no ofrecen y toman capacitaciones técnicas masivas para habilitarse en competencias necesarias para la economía de datos, la inteligencia artificial, la automatización y la economía de plataformas que ya son realidad hoy.

Igualmente, necesario para México es identificar y becar potenciales talentos en carreras STEM (ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas por sus siglas en inglés) para que más hombres y mujeres en edad de escoger un rumbo profesional opten por la ciencia y la tecnología.

Los dos anteriores pilares requieren, entre otros elementos, de una alta adopción de tecnologías de la información y la comunicación, pilar en el que México también está débil en el lugar 76 y con calificación casi reprobatoria (51.3). En cuanto a la cobertura y penetración de servicios de banda ancha, hay sin duda crecimiento y mejores precios y mayores opciones gracias a la competencia, pero todas concentradas en las localidades urbanas y suburbanas.

El México rural tiene otras métricas en todo, es como otro país, marginado, aislado, olvidado por que no hay caso de negocios para los mercados en esas zonas, y el Estado cumple formalmente con programas de conectividad poco eficaces, diseñados desde el poder que luego resultan no sostenibles, no apropiados por las comunidades y muy costosos para el gobierno federal.

Habría que replantear los programas de cobertura universal integralmente y conociendo la etiología de los problemas locales y escuchando a los afectados, pueblos y comunidades indígenas y rurales, y crear un entorno habilitante más que llevar un servicio final desde la federación. En otra entrega profundizaré sobre este tema. Hoy casi la mitad de la población mexicana no tiene acceso a Internet.

El tema de la brecha digital por falta de habilidades digitales que impide que estas tecnologías se utilicen para mayor productividad, acceso a educación, empleo y otros servicios fundamentales para la inclusión y el desarrollo, es un problema mayor en la región latinoamericana así que la mera presencia de redes si bien indispensable, no garantiza un desarrollo sostenible. Otro gran reto estructural relacionado con el pilar de habilidades.

Así las cosas, ¿cómo construir un estado globalmente competitivo y libre si el pilar fundacional o sea las instituciones y el mercado laboral y nuestro capital humano están reprobadas por diversas razones?  ¿Cómo aspirar a florecer y competir con otras economías si nuestros cimientos normativos, sociales, de seguridad ciudadana y justicia, de libertad de prensa y nuestros niveles de cumplimiento efectivo de la ley, no apuntalan el desarrollo? ¿Cómo mejorar la productividad del país si en el rubro de “orientación del gobierno hacia el futuro” (se refiere al grado de visión de futuro de los gobiernos y su disposición al cambio interno de cara a la revolución industrial 4.0), México ocupa el lugar 92/140 y acumuló solamente 39.7puntos /100?

¿En serio ameritaba el aeropuerto tal jerarquía en la agenda nacional como para volcarnos en él estos últimos cuatro meses? Curiosamente en el rubro de infraestructura, México obtuvo un rango de 49/140 y 72.9 puntos/ 100 y si bien en el subcomponente de eficiencia de los servicios de transporte aéreo ocupamos el rango de 70/140 y puntuación de 58.7/100, en el de conectividad aeroportuaria nacional estamos en el rango 15/140 y 92.4/100  así que claramente no es un pilar de los más vulnerables y sus deficiencias son la consecuencia de la débil institucionalidad y estado de derecho y la falta de capacidades técnicas de varios tipos.

Esto no quiere decir que la Ciudad de México no necesite un nuevo aeropuerto con una capacidad  y funcionalidades que satisfagan las necesidades de movilidad de personas y mercancías del siglo XXI.

 

¿cómo construir un estado globalmente competitivo y libre si el pilar fundacional o sea las instituciones y el mercado laboral y nuestro capital humano están reprobadas por diversas razones?  ¿Cómo aspirar a florecer y competir con otras economías si nuestros cimientos normativos, sociales, de seguridad ciudadana y justicia, de libertad de prensa y nuestros niveles de cumplimiento efectivo de la ley, no apuntalan el desarrollo?

 

Pero el elefante blanco en la sala del que pocos hablan es que con estos niveles ya descritos de ilegalidad, impunidad, planeación ineficaz, corrupción, baja penetración de banda ancha –a pesar de su marcado crecimiento- y adopción de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) por parte de gobiernos, pymes y ciudadanos, así como con ínfimos niveles de habilidades técnicas, digitales, docentes y educativas en general, realmente cualquier proyecto aeroportuario mexicano se antoja cuesta arriba en su exitosa implementación.

Pues, por su complejidad, al tratarse de un organismo multisistémico, con intensivos requerimientos de seguridad, confiabilidad, interoperabilidad, estandarización, resiliencia y sofisticación tecnológica y logística, ¿qué probabilidades de fallas graves hay en su construcción y operación si el capital humano altamente tecnológico es escaso y la calidad no es lo que caracteriza la obra pública en México pues los incentivos están en reducir calidad para maximizar márgenes?

No puedo evitar traer a colación el caso del fallido aeropuerto de Brandemburgo, cerca de Berlín, que no ha podido inaugurarse desde junio de 2012, fecha originalmente planeada para cortar el listón, debido a una innumerable lista de fallas técnicas y bancarrotas de una constructora y de la empresa aeroportuaria FBB.

Sí, apreciables lectores, el país que ocupa el primer lugar en innovación y tercer lugar en competitividad global, conforme al índice que aquí invoco, y con niveles altísimos de calidad y seguridad tecnológicas, es decir, Alemania, ha tenido que posponer seis veces la apertura del nuevo aeropuerto que pretendía sustituir al de Tegel en Berlín, y no hay buenos pronósticos para su apertura.

Fallas en el sistema de prevención y detección de incendios, insuficiencia de mostradores para documentar pasajeros, 4000 puertas mal numeradas, escaleras eléctricas que quedaron cortas, 90,000 metros de cables mal instalados, eventos de sobornos, estacionamientos con baches-cráter como los de la carretera México -Toluca y otras complicaciones más, conforme el tiempo va deteriorando lo ya instalado y en desuso, impiden estrenar la obra y los costos ya rebasan los siete mil millones de euros.3

Si la mera decisión de la ubicación de nuestra frustrada terminal ha llevado 18 años y contando, más sendos desencuentros y cuestionamientos, imagínense los posibles problemas, ineficacias, irregularidades, descoordinación, defectos técnicos que por codicia o impericia habrá de enfrentar y librar el aeropuerto de la CDMX con el agravante de una alta dependencia tecnológica del exterior y un muy escaso capital humano altamente capacitado en sistemas inteligentes complejos lo cual hace al proyecto aún más vulnerable.

Ya hemos visto el fracaso de proyectos de infraestructura como la línea 12 del Metro, la K invertida cuyas empresas contratistas especializadas nunca previeron que quizá con 180 toneladas de peso, podría requerir un soporte de concreto; los amparos en contra del tren rápido a Toluca, las deficiencias del segundo piso del periférico, por mencionar algunos.

Pero más allá del aeropuerto, el tema es que las obras y proyectos públicos y más aún, la competitividad y productividad mexicanas corren grandes riesgos si sus cimientos institucionales, normativos y de capacidades humanas, técnicas y de alta tecnología, están resquebrajados.

¿Por qué? Precisamente debido al pobre desempeño del pilar no.1, instituciones, el pilar no. 8, mercado laboral, el pilar no. 6 habilidades profesionales y digitales y pilar no. 3 adopción de TIC, entre otros. Uno muy preocupante también es un subcomponente del pilar no. 7, Mercado de productos, que relega a México al lugar 98 en temas de competencia económica por los nocivos efectos en la competencia en el mercado de productos, derivados de las distorsiones de impuestos y subsidios diversos.

 

Pero más allá del aeropuerto, el tema es que las obras y proyectos públicos y más aún, la competitividad y productividad mexicanas corren grandes riesgos si sus cimientos institucionales, normativos y de capacidades humanas, técnicas y de alta tecnología, están resquebrajados.

 

Sí, podemos criticar la metodología del índice del Foro Económico Mundial, que seguramente es perfectible, en efecto las correlaciones entre un deficiente pilar institucional y una baja competitividad, o una alta desigualdad económica y una baja competitividad tienen límites y el mismo Foro lo reconoce explícitamente y no los presenta como en una relación causal.

Los pilares se relacionan entre sí y su impacto en la competitividad puede ser mayor o menor, por ejemplo, la innovación que es la cereza del pastel de la productividad, puede alcanzarse aunque a mayor costo, a pesar de un regular desempeño en otros pilares pero en la medida que un pilar es un cimiento para que otros florezcan, será más difícil triunfar si el cimiento se hunde o es inestable.

Pero la realidad es que ni éste es el único índice que nos mide, y la vida cotidiana confirma estas debilidades estructurales así que todos los esfuerzos serios por medir las economías del mundo son relevantes, y deben tomarse en consideración para definir un presupuesto, un plan nacional de desarrollo, una política fiscal y una serie de políticas públicas priorizadas, cuya implementación debe ser vigilada, medida, sancionada y evaluada permanentemente.

Sesion Constitutiva de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados el 28 de Agosto de 2018 (Diputados.gob.mx)

 

Si el Congreso de la Unión adopta como práctica aventurarse a reformar leyes sin ton ni son -porque puede hacerlo-, para “remediar” males estructurales, a través de parches tipo precios tope, se empeorará nuestra institucionalidad y se corre el riesgo de crear tales distorsiones a incentivos, que podrían resultar en menor bienestar a los consumidores y menor bienestar general, al exacerbar una concentración oligopólica contraria al interés público.

Considero que antes de tocar una ley o pensar en crear una nueva, es preciso abrir espacios para que el órgano regulador de cada sector revise integralmente las condiciones de los mercados, los incentivos, la eficacia de la regulación económica vigente, o la necesidad de emitirla, revisar las capacidades de supervisión y cumplimiento para que las infracciones no queden impunes.

Y, a la par, cerciorarse de que las autoridades de competencia actúen con las muy diversas herramientas que tienen, incluyendo labores de abogacía y las de investigación cuando hay indicios o denuncias de colusiones o de prácticas monopólicas verticales, o de fallas de mercado ante la presencia de un agente dominante que usa su poder de mercado en contra del proceso de competencia.

Es decir, mejorar las instituciones no significa seguir fabricando capas adicionales de normas jurídicas, sino enfocarse en la eficacia de su implementación y aplicación efectiva sin excepciones y solo cuando las reglas sean ya innecesarias o ineficaces, se revisen, o bien se inapliquen, o expulsen del sistema jurídico por orden del Poder Judicial, claro está. Lo primero, es responsabilidad tanto del Poder Legislativo, como del Ejecutivo que tiene la facultad de reglamentar las leyes para su ejecución, y de los Órganos Constitucionales autónomos y otros órganos reguladores.

Es vital reconocer que la actividad legislativa, reglamentaria y regulatoria está plagada de barreras a la competencia y de política industrial proteccionista que hacen imposible progresar, como la planta de hinojo infestado de caracoles que la van devorando. Nuestras miradas y esperanza están puestas en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y en las dos autoridades de competencia del país: IFT y COFECE cuyo rol en la eliminación de barreras legales y regulatorias es crítico y urgente.

La calidad del proceso legislativo y sus productos, así como la eficacia del Poder Ejecutivo y Órganos autónomos en aplicar las normas y exigir su cumplimiento, serán fundamentales para empezar a corregir algunos de los rubros reprobados.

La falta de controles de calidad en el proceso legislativo o regulatorio incluyendo análisis de riesgos que no se hacen hoy, es especialmente grave ahora dados los escasos contrapesos existentes. Cuánto más poderosa es una autoridad pública más obligada está a motivar y justificar sus actos y a rendir cuentas, y para ello debe demostrar que sus decisiones pasaron por el tamiz de análisis cuantitativos y cualitativos válidos que legitiman la decisión.

Lo peor para cualquier institución es perder legitimidad. Prever las vías y problemas en la implementación de toda medida normativa debiera ser una obligación para reducir los riesgos. La mayoría en el Congreso o en cualquier órgano colegiado no garantiza eficacia ni calidad normativas; tampoco garantiza que no prevalecerán intereses de grupo con probadas habilidades de cabildeo y persuasión.

Por otra parte, legislar, reglamentar y regular sin la estricta y oportuna supervisión y aplicación efectiva de tales normas, se llama simular, y en eso sí que hemos alcanzado la excelencia. La simulación es una de las más graves patologías nacionales, esta devoción por la forma y la apariencia que conlleva ponerle palomita de resuelto a un problema que no lo está, equivale a borrar del mapa un mal nacional o una irregularidad, a pesar de que subsiste, con el fin de dar por cumplido un plan, un compromiso, una meta o promesa. Es engañarnos.

 

Lo peor para cualquier institución es perder legitimidad. Prever las vías y problemas en la implementación de toda medida normativa debiera ser una obligación para reducir los riesgos. La mayoría en el Congreso o en cualquier órgano colegiado no garantiza eficacia ni calidad normativas; tampoco garantiza que no prevalecerán intereses de grupo con probadas habilidades de cabildeo y persuasión.

 

La prioridad pues, es encontrar un hilo conductor, transversal, capaz de articular cambios sistémicos reales, progresivos, bien coordinados en todos los pilares fundamentales que México reprobó, para lograr esa competitividad global. Paralelamente al crecimiento competitivo, el gobierno debe generar políticas públicas eficaces orientadas hacia una mayor igualdad económica, una mayor inclusión y una auténtica seguridad ciudadana que solamente a través del derecho y la justicia se pueden lograr.

Concentrarse en sacar adelante estos pilares fundamentales de la competitividad en los que hoy estamos reprobados, y mejorar los otros ejes, mediante análisis prospectivos de mediano y largo plazo, equipos multidisciplinares de hombres y mujeres expertas, mediante herramientas analíticas modernas y una agenda robusta de datos y gobierno abiertos y trámites y pagos en línea, capacitación masiva de empleados públicos sindicalizados con incentivos por buen desempeño, para que adquieran habilidades técnicas, analíticas, administrativas y predictivas del siglo XXI.

Capacitación innovadora a normalistas,  jueces, policías, ministerio público; inversión en anillos troncales de fibra óptica en áreas en donde no llega el mercado para que los hoy desconectados por el mercado y el gobierno se conecten a sí mismos y puedan sacar su tráfico de datos de sus comunidades aisladas y recibir así servicios remotos de salud y educación, entre otros; fondos para generar contenidos culturales y educativos locales e independientes. 

Propiciar sistemas comunitarios de solución y prevención de conflictos; brindar servicios de salud mental a la población mexicana hoy tan severamente afectada por padecimientos mentales inhabilitantes de los que no se habla; revisar esquemas rígidos y excluyentes de fomento al software y otras TIC mexicanas para dar pie a semilleros de innovación y experimentación, sin largos y tortuosos procesos que son cuellos de botella que inhiben la innovación, pudiesen ser tan solo algunas de las posibles avenidas hacia superar el lugar 105/140 que hoy ocupan las instituciones mexicanas en la arena global.

Soluciones y políticas disruptivas se requerirán para recuperar las décadas perdidas.

 

 

Entendida como cohesión social, participación social y comunitaria, participación política y confianza en las instituciones.

2 Libertad de prensa medida como independencia de los medios; calidad de la infraestructura para producir noticias e información; actos de violencia en contra de los periodistas, de acuerdo con una base de datos que contiene el nivel de abuso y violencia en contra de medios y periodistas, y una encuesta entre expertos sobre pluralismo, independencia de medios, autocensura, transparencia e infraestructura noticiosa nacional.

3 Datos al 27 de abril de 2018 tomados de: https://onemileatatime.com/berlin-brandenburg-airport/

 

@LabardiniA

Adriana Labardini Adriana Labardini Abogada mexicana, especialista en regulación, competencia y políticas públicas de TIC para el desarrollo. Asesora y consejera de la organización Rhizomatica. Fundadora y Vicepresidenta de Conectadas, Red de mujeres líderes por la igualdad de género. Fulbright y Ashoka fellow. Consejera Académica en la UIA- Derecho. Egresada de la Escuela Libre de Derecho con grado de maestría de la Universidad de Columbia en Nueva York. Interesada en el comportamiento humano, la empatía, los modelos disruptivos de desarrollo, culturas y lenguas originarias, neurociencia, innovación por diseño, historia de las ciencias de la computación y danza.