Internet a la CFE, ni gratuito ni para todos

La Comisión Federal de Electricidad, invadiendo facultades de autoridades competentes, dictará la política de conectividad de internet.
7 Abril, 2019
Sinapsis

Llevo dos décadas viendo pasar obligaciones de cobertura de concesionarios, fondos y subsidios para llevar infraestructura al México desconectado, así como programas gubernamentales de telefonía y conectividad rural todos con algún grado de beneficio social temporal, pero ninguno ha resultado ser sostenible más allá de seis años, ni ha podido acercar en forma continua ni progresiva servicios de calidad de telesalud, teleeducación o información digitales.

Son proyectos muy complejos que involucran a gobierno federal, gobiernos estatales, al órgano regulador, a proveedores privados y coordinar a todos no es tarea menor. La apropiación por parte de las comunidades usuarias es indispensable y para ello hay que involucrar a sus miembros desde el diseño y operación de los servicios.

El mantenimiento de infraestructuras en lugares remotos, sin caminos accesibles, dificulta la operación continua y de calidad de la conectividad ofrecida. Es de todos y de nadie. Según el último censo poblacional, son 188 mil 596 las localidades en México con entre 1 y 2 mil 499 habitantes, o sea una alta dispersión rural así que lograr que haya servicios de Internet de alta velocidad en estas localidades no es tarea para aficionados.

Esta semana en el foro 'Conecta México', la Subsecretaria Salma Jalife dio un dato desolador: de los 100 mil sitios públicos contratados, solo el 44% funcionan hoy día. Anunció su estrategia plural de consensos y colaboración entre todos los actores del sector para priorizar objetivos y acciones y una alta coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y otras autoridades.

Asimismo, aclaró que el proceso de concurso para adjudicar una Asociación Público Privada para desarrollar una red realmente troncal, o sea de transporte, que fuera suspendido recientemente, se reanudará el 22 de abril por parte de Telecomunicaciones de México, que cuenta con dos hilos de fibra cuyo uso le cedió la Comisión Fedederal de Electricidad (CFE) junto con su título de concesión.

En contraste, la CFE, arrogándose atribuciones de la SCT y de la autoridad reguladora y de competencia económica, el IFT; se lanzó como si fuese autoridad en materia de telecomunicaciones, no solo a emitir unas pre-bases para rentar por 20 años dos hilos de fibra oscura, sino a dictar política pública en materia de acceso a  Internet rural y  urbano, como si tuviese facultades para ello y como si  tuviese experiencia y conocimientos de programas y redes de acceso a banda ancha rural.

 

La CFE, arrogándose atribuciones de la SCT y de la autoridad reguladora y de competencia económica, el IFT; se lanzó como si fuese autoridad en materia de telecomunicaciones

 

Así que, ahora que las autoridades competentes en telecomunicaciones tenían  la oportunidad de oro de coordinarse eficientemente para replantearse el modelo de cobertura universal que hasta ahora no ha resultado sostenible, e innovar en materia de acceso universal para el desarrollo sustentable local, nuevamente la veremos pasar y con ello perderemos no 6 sino 20 años.

CFE les madrugó y decidirá la política de acceso a Internet para escuelas, hospitales y plazas públicas: a cuántos conectar por escuela y hospital, en dónde, con qué tipo de redes, para qué servicios, a qué velocidades y con qué título de concesión, con qué tecnologías de acceso. Ello es preocupante, pues anula cualquier esfuerzo de construir una agenda de cobertura universal articulada y transversal y un Internet sostenible realmente para todos los que quieran conectarse.

México ya no puede darse el lujo de fallar en su modelo de banda ancha universal, ni de programas en silos que no se conectan con otros, sino que más bien son parches sin un hilado invisible ni un uso eficiente de recursos públicos.

En pocas palabras la CFE está disponiendo de su fibra, para exigir una serie de obligaciones en especie para el sector telecomunicaciones en vez de captar recursos para empezar a salir del atolladero financiero en el que se encuentra y cumplir con su objeto social único: la electrificación del país. Créanme, ello no será gratuito ni sostenible y menos para todos.

Naturalmente que queremos acceso universal no solo a Internet sino a educación, cultura, salud, información, créditos y medios de pago, pero no compete a la CFE decidir a través de un contrato de APP cómo será este acceso a Internet por los próximos 20 o hasta 30 años cuando no tiene competencia legal ni conocimientos en esa materia.

Si para los especialistas, el reto de conectar casi 190 mil localidades rurales pequeñas ha sido tan complejo, ¿por qué delegarlo en una empresa ajena al sector telecomunicaciones que no es autoridad ni concesionaria embomberada con frecuentes apagones regionales y muchos otros problemas más?

La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. La ley que la rige establece su objeto, las actividades en que puede involucrarse y su naturaleza. Ninguna de ellas la faculta para dictar la política de conectividad de Internet.

Al hacerlo invade facultades de autoridades competentes en la materia, pone en riesgo las oportunidades de desarrollo de la población rural pues cancela otros posibles medios de lograr de forma más eficaz y sostenible la conectividad rural capaz de generar productividad y bienestar locales con edificación de capacidades a nivel local.

 

Si para los especialistas el reto de conectar casi 190 mil localidades rurales pequeñas ha sido tan complejo, ¿por qué delegarlo en una empresa ajena al sector telecomunicaciones que no es autoridad ni concesionaria embomberada con frecuentes apagones regionales y muchos otros problemas más?

 

Sí, CFE puede rentar sus hilos de fibra oscura a terceros, pero no regular imponiendo al ganador de esa red de transporte, que construya redes de acceso rurales en más de 2 mil 496 cabeceras municipales1 y preste una diversidad de servicios de Internet bastante rudimentarios hoy, ajenos a la fibra oscura rentada además de cobrar un “guante” por el uso de esos dos hilos de dudoso estado físico por hasta 30 años.

En efecto, las pre-bases emitidas por la Comisión Federal de Electricidad en su muy poco amigable portal,2 establecen que CFE solo se obliga a entregar esos dos hilos de fibra oscura, y el ganador habrá de pagar una contraprestación única y asumir los costos de la iluminación, operación, mantenimiento, modernización, derechos de vía, infraestructura pasiva y activa.

¡Pero eso no es todo! El ganador deberá instalar redes de acceso en miles de sitios públicos como escuelas, hospitales y plazas públicas para dar acceso gratuito a Internet, a lo cual la CFE denomina Internet para todos.

No crean ustedes que es un Internet para brindar servicios de telemedicina a pacientes en comunidades aisladas, por ejemplo, desde una clínica del IMSS o de la Secretaría de Salud, lo cual hace años debió implementarse.

Brindar atención médica primaria, diagnóstico, monitoreo y envío de datos clínicos en forma remota con redes de banda ancha de mediana velocidad en ejercicio del derecho a la salud. ¡No! Se trata de instalar, en el caso de hospitales, conectividad de Internet de 4 Mbps para 4, sí, 4 usuarios simultáneos en cada hospital enlistado en los anexos de las bases solo para brindar al hospital, no a los derechohabientes, los siguientes servicios: portal, página gubernamental nacional, email o redes sociales, y Wi-Fi para uso del hospital.

En sitios prioritarios como plazas o parques, el ganador debe adecuar un área por cada sitio para el acceso de 15 usuarios simultáneos con computadoras y en escuelas debe adecuar un aula para el acceso de 30 usuarios simultáneos con equipo terminal.3  Así que esto no es Internet para todos.

En resumen el que se saque el tigre de esta rifa habrá de iluminar la fibra y arreglar todo lo que no sirva de ella como sus hoteles; instalar redes de acceso en más de 8 mil 500 sitios en alrededor de 2 mil 900 cabeceras municipales y brindar al gobierno y a unos cuantos ciudadanos y estudiantes, “servicios gratuitos en plazas públicas y escuelas con equipo terminal incluido, y todo debe estar listo en 3 años y, hecho lo anterior, si hay excedente de capacidad de banda ancha. el ganador puede vender servicios a terceros para tener alguna rentabilidad durante los 20 años que habrá de mantener esta conectividad poco innovadora. Esto es Internet para todos a la CFE: 4 computadoras conectadas en el IMSS, 15 en plazas públicas y 30 en escuelas.

Por si fuera poco lo anterior, tampoco queda claro si se solicitará al IFT su opinión, o si de oficio la emitirá y a quién. Imagínense ¿qué pasaría si un concursante con una alta participación en los mercados de transporte y acceso e insumos esenciales ganara el contrato?

Como en el caso de la Red Compartida, IFT debiese opinar sobre la convocatoria, las bases, el contrato de APP, emitir el título de concesión modelo y decidir sobre la idoneidad de los concursantes para asegurar que su participación no dañe el proceso de competencia.

Esperemos que las bases y anexos y el proceso en su conjunto sí sean consultados con el IFT o que éste actúe con las atribuciones que le confieren la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para el cumplimiento de sus mandatos.

 


[1] Según las bases, en esas cabeceras, el ganador habrá de conectar: (3619 Unidades Médicas Rurales, 2456 Puntos de Servicio, 904 Puntos de Servicio (CADER´s, DDR´s), y Plazas Públicas (1556), ubicados dentro de las cabeceras municipales incluidos en el Apéndice 1 del Anexo 1 de las bases.

 

Adriana Labardini Adriana Labardini Abogada mexicana, especialista en regulación, competencia y políticas públicas de TIC para el desarrollo. Asesora y consejera de la organización Rhizomatica. Fundadora y Vicepresidenta de Conectadas, Red de mujeres líderes por la igualdad de género. Fulbright y Ashoka fellow. Consejera Académica en la UIA- Derecho. Egresada de la Escuela Libre de Derecho con grado de maestría de la Universidad de Columbia en Nueva York. Interesada en el comportamiento humano, la empatía, los modelos disruptivos de desarrollo, culturas y lenguas originarias, neurociencia, innovación por diseño, historia de las ciencias de la computación y danza.