Excelencia regulatoria

La creación de los primeros órganos autónomos se debió a la necesidad de atender funciones primigenias y originales del Estado, es decir, regulaban al Estado como proveedor de bienes o servicios o bien a los proveedores privatizados.

Posteriormente, en el debate político y parlamentario marcado por gobiernos divididos -es decir, aquéllos que no contaban con la mayoría en el Congreso- se fortaleció la idea de que solo de manera autónoma las instituciones pueden ser eficaces ante la creciente desconfianza en el Poder Ejecutivo.  Así lo explicó en una interesante conferencia impartida por el Ministro de la Suprema Corte Javier Laynez en la Universidad Iberoamericana, la semana pasada. 

En efecto, al menos en el ámbito de órganos reguladores, el surgimiento de los más recientes órganos constitucionales autónomos es el resultado de la incapacidad de la Administración pública y sus órganos desconcentrados, de regular eficazmente diversos mercados y actividades humanas, de modo que se fomente un bienestar general mediante el fomento a la competencia, entre otros derechos humanos.

Las estructuras monopólicas clientelares y pactos entre cúpulas de gobierno, de sindicatos y de empresas; la falta de profesionalismo, la corrupción e ineficiencias en monopolios del Estado -como PEMEX y CFE- o privados -como Televisa y Telmex- prevalecieron por décadas ante la debilidad y captura de entes reguladores o dependencias federales y locales que cedían ante presiones políticas y empresariales en perjuicio de consumidores  y proveedores, distribuidores e incipientes competidores pequeños. Falta de accesos a servicios de calidad y excesos de los oligopolios han sido la constante en México y América Latina en general.

Sin profesionalismo y conocimiento técnico es imposible regular exitosamente un mercado o industria; y formar cuadros especializados requiere de muchos años de estudio, capacitación continua y práctica.

El funesto modelo del dedazo para nombrar funcionarios públicos de niveles alto y medio, todólogos iluminados, ha sido pernicioso para nuestro país. La añeja práctica de nombrar a funcionarios y algunas cuantas funcionarias del círculo inmediato del gobernante, bajo el lema de nombraré a “quien yo conozca porque son cargos “delicados” y solo confío en mis cuates, colegas, y correligionarios”, ha causado tanto daño a México como la corrupción.

Honestos tontos, inexpertos o ignorantes de una materia específica, causan tanto daño o más que expertos preparados, inteligentes y corruptos. Ninguno de esos extremos debe ser opción para las instituciones del estado mexicano. Exámenes técnicos (económico, técnico, legal, social, etc.) bien diseñados, entrevistas profesionales, no politizadas, para evaluar capacidades de liderazgo, filias y fobias, conflictos de interés, capacidad para tomar decisiones racionales y formar equipos eficaces, debiesen ser la norma en todos los órganos reguladores del país, y en no pocos cargos de la Administración pública.

Es inaudito que solamente el IFT y la COFECE tengan un proceso competitivo y meritocrático con examen de conocimientos técnicos como prerrequisito para llegar a la lista de finalistas. Todos los órganos colegiados, constitucionalmente autónomos o no, como la Comisión Reguladora de Energía, debieran cuidar en igual medida que su junta de gobierno solamente sea ocupada por expertos, conocedores de las materias respectivas, sin afiliaciones partidistas ni padrinazgos, sin conflictos de interés y con capacidades probadas de liderazgo, análisis de problemas complejos y toma de decisiones. Todos debiesen ser examinados.

Los retos económicos, tecnológicos, internacionales, legales y sociales, del Estado mexicano del siglo XXI son tan complejos que haber sido compadre, militante, grillo o político colmilludo no es el tipo de cualidades que se requieren para ser un regulador de excelencia.

Por otra parte, la independencia de un órgano regulador como institución, respecto del Ejecutivo y del sector que se regula, es también condición indispensable mas no suficiente para lograr la excelencia regulatoria.

En lo individual cada profesional comisionado o consejero tiene que mostrar tal carácter, liderazgo, valentía, arrojo e imparcialidad, que sus decisiones sean producto de su análisis informado, objetivo y prospectivo en beneficio del país, no de su agenda personal del futuro. En México habemos algunos valientes dispuestos a proponer medidas racionales, legales pero audaces para cambiar inercias y contubernios nocivos. Pocos quieren decir verdades incómodas, tocar intereses privados o políticos que después les priven de ascensos.

Al final del día la autonomía se materializa en cada persona, en cada voto, en cada discurso, en cada junta con regulados, en cada llamada desde Palacio Nacional o San Lázaro, y en cada nombramiento que hace quien dirige a los órganos reguladores. La captura empieza desde adentro, desde la psique: si un regulador es persuadido por argumentos falaces, sesgados, datos erróneos sea por su ignorancia o por su conveniencia personal o familiar, la autonomía se esfuma.

¿De qué sirve al progreso de México un cuerpo colegiado de tecnócratas que no se atreven a decidir lo que es su deber en defensa del interés público del país y con la legalidad, pruebas y conocimientos necesarios?

Sin valentía para decir las verdades incómodas, actuar haciendo lo que se tiene que hacer, liderar el cambio, y nunca caer en la captura psicológica o monetaria de los entes regulados -que, típicamente, son poderosas empresas- los órganos autónomos no sirven. Pero, menos aún, sirvieron los vetustos y politizados cuadros y procesos burocráticos de la administración pública que resolvían todo  con pactitos clientelares, en lo oscurito, de forma que no perjudicara al PRI o a alguno de sus clientes cupulares.

¿De qué sirve al progreso de México un cuerpo colegiado de tecnócratas que no se atreven a decidir lo que es su deber en defensa del interés público del país y con la legalidad, pruebas y conocimientos necesarios?

La excelencia regulatoria requiere además de mujeres y hombres maduros, visionarios, expertos, y sin ambiciones incompatibles con su rol, de procesos internos eficaces, ágiles y coordinados; de información y datos duros, de una cultura de meritocracia y no de lealtades pesonales con el jefe.

La excelencia exige regulación viva, que eficazmente se implementa, supervisa y se sanciona sin excepción alguna. Regulación que no se monitorea y exige, no sirve; y merma la credibilidad del regulador. No se puede triunfar como regulador si las industrias reguladas o actividades que se norman no funcionan con eficiencia, sin barreras innecesarias y sin impunidad. Inversión, innovación y bienestar del consumidor son buenos indicadores. Generar regulación que no resuelve problema alguno, es muy pernicioso.

Si la regulación no conlleva un análisis de riesgos, fracasará. Si los procesos internos son ineficaces, fracturados y traen línea desde la presidencia del órgano o de afuera, no habrá ya análisis imparcial, objetivo que sirva. De nada sirve tener 5, 7 o 9 comisionados votantes, si los proyectos desde su origen ya traen sesgo por que responden a preferencias de su superior jerárquico o sesgos de sus unidades.

La autonomía no solo recae en cómo se selecciona a los reguladores o como se les remueve, radica también -más de lo que ustedes creen- en la estructura misma del órgano y en eso hay sendas oportunidades de mejora desde las leyes, tanto para IFT como para COFECE. Colegiados de siete comisionados pero con la mayoría de las atribuciones, recursos, y procesos en manos de quien preside a estos órganos no es un buen diseño. Eso es lo que hay que mejorar entre otros muchos aspectos orgánicos, para equilibrar el poder entre los comisionados, no borrar su autonomía.

Si hoy no hay la excelencia, eficacia e independencia necesarias, tenemos que cambiar algo para que mejore; no borrar de un plumazo a los órganos autónomos quitándoles presupuesto, facultades, estructura y nombrando comisionados improvisados.

La solución tampoco está en regresar estas funciones a la administración pública que, como hemos visto, nos quedó a deber a los usuarios y consumidores, y que se reinventa cada seis años destruyendo todo lo hecho o avanzado para implantar una nueva verdad sexenal. El costo país de ello es altísimo. Edificar una institución con regulación y resultados de excelencia lleva al menos 15 años; destruirla, un decreto.

Además de los conocimientos especializados en sus materias, los órganos constitucionalmente autónomos son contrapesos muy necesarios para el estado de derecho por lo menos en el contexto mexicano. Estabilidad monetaria, transparencia, competencia económica, telecomunicaciones, energía, transportes, estadística, evaluación de programas, elecciones, no florecen en un ámbito politizado ni clientelar. Sería un grave retroceso.

Exijan mayor rendición de cuentas en resultados, exijan a los órganos internos de control mayor fiscalización no solo en el uso de recursos sino en eficacia, procesos y mecanismos para reducir algunas formas de captura, etc.

La lucha por crear un órgano especializado, independiente y con suficiencia presupuestal y operativa, fuera del Poder Ejecutivo, nos llevó a la sociedad civil 17 años. Lograr un órgano de la estatura del IFT y COFECE costó a los consumidores mexicanos billones de pesos en pago de sobreprecios especialmente oneroso para los mexicanos en pobreza. Ello permitió crear billonarios rentistas nacionales y extranjeros a costillas del pueblo. No lo permitamos de nuevo.

Ya no son lo sesenta, México no es el mismo y el mundo tampoco. La necesidad de fomentar y mejorar cuadros profesionales, imparciales y articulados en el Estado mexicano, especialmente en industrias reguladas, hace necesarios, como ya lo reiteró la Suprema Corte de Justicia, a los órganos constitucionales autónomos para que tutelen derechos humanos y actividades económicas sofisticadas que requieren alta especialización, transexenalidad y distancia de los poderes políticos y fácticos en beneficio de la ciudadanía y sujetos al principio de legalidad.

Twitter: @LabardiniA