El Gobierno Federal se lavó las manos ¿el sector Telecom también?

Hoy más que nunca necesitamos el liderazgo responsable del Estado, para atender informada, legal y coordinadamente, en todo el país, la contingencia que representa la emergencia derivada de la pandemia COVID 19 y la profunda crisis económica, social y de inseguridad que habremos de enfrentar todos y todas.

Es una tragedia global, que no le viene como anillo al dedo a nadie.

Es una ofensa que el presidente de México lo vea como anillo al dedo para afianzar la 4T. Es una ofensa también, que mientras médicas y médicos y enfermeras arriesgan sus vidas por atender a los pacientes sin máscaras adecuadas ni información puntual, él esté visitando narcotraficantes y lavadoras de dinero, normalizando la violencia, la criminalidad y la impunidad de personajes del crimen organizado.

Durante semanas, el gobierno federal se lavó las manos como Poncio Pilato, para evitarse la incómoda responsabilidad de tomar decisiones por lo menos en prevención de lo que se venía. ¿Qué se espera de un gobierno y sus instituciones sino tomar decisiones oportunas para, primero, proteger la salud de los ciudadanos y, paralelamente, para contrarrestar los estragos económicos que la paralización de la actividad económica causará?

En México, el órgano colegiado constitucional creado desde 1868 para enfrentar una emergencia sanitaria es el Consejo de Salubridad General (CSG) que desde enero debió sesionar ante la inminente epidemia, al menos para revisar o crear una serie de protocolos para distintos escenarios de la ya conocida epidemia en Wuhan y tomar decisiones colegiadas, como está previsto en la constitución, en la Ley General de Salud y en el Reglamento interior del Consejo expedido por el titular del Ejecutivo en 2009, y que antier el Secretario de Salud osó reformar.

No fue sino hasta el día 23 de marzo que el CSG “reconoció la epidemia del COVID19” como consta en el acuerdo publicado en el Diario Oficial. Hasta ese día todo fue autorregulación ciudadana y empresarial y de los gobiernos de los estados.

Las acciones concretas a cuenta gotas han ido llegando. El día 30 el CSG declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, evitando mañosamente usar la terminología de “contingencia sanitaria” para no detonar la figura de la suspensión laboral conforme al artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, y sus consecuencias legales que son inevitables.

Ello seguido del acuerdo del Secretario de Salud quien hasta el 31 de marzo por la noche publicara en el DOF las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria. El acuerdo adolece de tantas deficiencias formales, ambigüedades materiales e inconsistencias (órdenes de suspensión de actividades comerciales e industriales, exhortos de resguardo voluntario, resguardo estricto para adultos mayores, etc.) que deja en el limbo a empleadores, empleados, ciudadanos pues ni hay un estado de suspensión de garantías constitucionales pero sí una serie de restricciones al trabajo, industria y comercio dictadas por el Secretario de Salud, cuando hay las vías adecuadas para hacerlo legalmente.

Es verdad que todos somos corresponsables de mitigar la propagación de este espantoso virus. Todos jugamos un rol y tenemos la obligación de cooperar y ver por el beneficio de todos. Pero no se vale solo pedirles sacrificios a ciudadanos contribuyentes y empresas sin que el gobierno asuma compromisos, destine recursos para apoyar a los gobernados en lo que es nuestra realidad actual: una pandemia y una recesión muy agresivas.

El gobierno, que opera gracias a las contribuciones de los gobernados y a deuda pública, tiene la obligación de virar el timón ante la realidad prevaleciente para ajustar su agenda económica de turismo y rescate a Pemex y en su lugar, concentrar esfuerzos y recursos en lo que es prioritario hoy: preservar la salud de millones de mexicana(o)s; salvar la vida de los ya contagiados y apoyar económicamente a las pymes, familias y  personas sean de clase media o baja que quedarán indefinidamente afectadas por una recesión profunda y global.

Para lograrlo debe dejar a un lado prejuicios, filias y fobias y hacerle caso a los científicos no solo de la salud personal sino de la salud financiera micro y macro, y reconocer que las pymes, firmas de profesionistas, personas físicas independientes, generan la enorme mayoría de los empleos en México y que si sucumben todos estaremos en peores condiciones incluyendo a fisco.

Desde luego habrá industrias mucho más deprimidas como el turismo, la aviación, la construcción, las industrias de entretenimiento, cultura y arte, los bienes raíces, y el petróleo, y otras que quizá, si no se rompen sus cadenas productivas, podrán ser muy exitosas: las industrias y comercios de alimentos, de medicinas y equipo médico, los servicios hospitalarios, las empresas de logística, el comercio electrónico, la educación a distancia, el equipamiento de telemedicina y en general las industrias digitales que utilizan tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las redes de telecomunicaciones en las que fluyen. A estas últimas industrias me quiero abocar enseguida.

No habrá manera de sobrellevar el resguardo domiciliario de por lo menos 6-8 semanas y la producción de bienes y servicios esenciales sin telecomunicaciones, medios electrónicos y TIC.

Transacciones financieras, el precario pero existente e-gobierno , alertas a la población, teletrabajo, la gestión y monitoreo de la pandemia, acceso a información, requieren una robusta, resiliente, segura y ubicua infraestructura de telecomunicaciones y servicios digitales del siglo XXI. Sí, ésta que fuera la única infraestructura que NO incluyó como infraestructura crítica el Secretario de Salud en su decreto del 31 de marzo: la infraestructura de telecomunicaciones y los servicios digitales.

El decreto menciona las telecomunicaciones y medios de información como actividades esenciales, mas no como infraestructura crítica. Grave error porque entonces quedaron fuera de la protección dirigida a asegurar la continuidad en el funcionamiento de las infraestructuras críticas.

Tampoco han sido consideradas acciones extraordinarias para asegurar el acceso asequible a los usuarios finales e intermedios para garantizar el acceso a la información relevante, las comunicaciones críticas del sector salud y de seguridad pública, el monitoreo del volumen de tráfico en las redes que va en aumento, y otras medidas que como veremos, sí tomaron en otros países de Latinoamérica y del resto del mundo para asegurar que información y comunicaciones lleguen a todos los rincones del país y de forma asequible y que la protección de los datos personales y la privacidad de la ciudadanía sea resguardada.

En Argentina por ejemplo se ordenó dar acceso gratuito a cualquier plataforma educativa y sitios de salud; se prohibió a los operadores suspender los servicios por falta de pago por 6 meses, se lanzaron campañas contra noticias falsas y se enviaron recordatorios sobre sanciones por violar el derecho a la privacidad.

Estados Unidos (la FCC) ordenó abrir los hotspots de WIFi reservados a clientes, a todo usuario; se dieron facilidades a los usuarios para pagar las facturas pendientes y la FCC autorizó el uso de bandas de espectro no asignadas para Operadores Móviles; 390 empresas firmaron un compromiso con la FCC de mantener la continuidad de los servicios. En Chile, se ordenó la entrega de reportes puntuales de tráfico de las redes y su gestión, y se ordenó a las empresas de TV de paga habilitar canales para informar todo el día sobre el COVID19.

Perú convino con Facebook e Instagram la reducción de calidad de los videos. En varios países se les dio plazo extra a los operadores para cumplir ciertas obligaciones, y en otros se suspendió temporalmente la portabilidad numérica, pero se les pidió reducir precios o suspender aumentos de precio planeados.

En Colombia MINTIC ordenó regalar 200 SMS a los clientes de prepago y dar 30 días extra para pago a los clientes de pospago, las plataformas de video transmitirán solo en calidad estándar, no HD y suspendió temporalmente los pagos al fondo de servicio universal. difundieron recomendaciones sobre comercio en línea y emitió recomendaciones sobre comercio electrónico.

El IFT mexicano logró un pálido convenio con la industria móvil para dar acceso gratuito solamente al portal www.coronavirus.gob.mx . Es insuficiente, hay mucho más por hacer

La SCT gracias a la iniciativa de la subsecretaria de Telecomunicaciones y Desarrollo Tecnológico, Salma Jalife, ayer, dos de abril, emitió junto con la SEGOB recomendaciones a los gobernadores de los estados y jefa de gobierno de esta capital en el sentido de facilitar (lo cual nunca ha ocurrido en el pasado) el despliegue, instalación, mantenimiento de redes de telecomunicaciones y sistemas de radiodifusión en territorio nacional para asegurar la continuidad de los servicios y la instalación provisional de equipos en hospitales y otros centros sin ser obstaculizados.

En efecto esto fue una medida positiva y necesaria tomada al margen de las acciones extraordinarias que ignoraron las redes digitales como activos críticos que nos ayudarán a superar la triple crisis de México.

Faltan varias medidas más que se esperaría que tanto el IFT como la Secretaría de Hacienda, el Congreso de la Unión y el INAI tomen en sus respectivos ámbitos de competencia, tanto para asegurarse que los concesionarios y autorizados entreguen reportes de tráfico al IFT, resguarden la privacidad de sus usuarios, den plazos de gracia a los morosos sin suspender servicios, informen sobre sus políticas de gestión de tráfico a detalle, transmitan gratuitamente mensajes y alertas de las autoridades por radio y TV, Internet, telefonía fija y móvil, o bien a través de mensajes cortos en los celulares para los millones que no tienen acceso a banda ancha móvil, para orientarlos sobre aspectos de prevención y atención de la salud y salud financiera familiar y de negocios pequeños.  

De los agentes preponderantes y redes mayoristas y de la red de fibra óptica de la CFE se esperaría durante la contingencia, acceso asequible, postes, derechos de vía y otros insumos esenciales para que las redes de acceso de pequeños operadores comerciales o sociales puedan expandirse a localidades en las que no llegan los grandes operadores y de todos se podría pedir una compartición de infraestructuras obligatoria transitoria.

Estas redes son infraestructuras críticas, no mercaderías, son vías generales de comunicación, de jurisdicción federal, sus servicios son públicos y de interés general y en situaciones como está deben abrirse al beneficio general.

Pero igualmente el gobierno federal debiera darles estímulos fiscales temporales: suspender el impuesto especial  (IEPS); exentarles temporalmente del pago de derechos por el uso de espectro a cambio de extender su cobertura, facilitar el acceso a los derechos de vía de la SCT y sus concesionarios carreteros y ferrocarrileros; entre otros.

Sin un plan conjunto, articulado para atender la saturación, falta de acceso, iliquidez de los consumidores, escasez de dispositivos móviles, inasequibilidad del software, cómputo en la nube y soluciones digitales de salud, educación e inclusión financiera (para evitar transferencias en efectivo del gobierno a la población beneficiaria de apoyos sociales), la economía nacional se paralizaría aún más.

Se requiere de política pública estratégica para potenciar el músculo del gobierno, el sector privado y la ciudadanía mediante una mayor penetración y uso de las TIC y plataformas digitales para hacer frente a la crisis y acelerar la migración de México ya de por sí urgente, hacia la economía y gobierno digitales en serio. Con virus o sin él, a México le urge aumentar su productividad e inclusión a través de las herramientas digitales.

El IFT publicó hoy un micro video de tips para no saturar las redes, todos dirigidos a los usuarios finales. Sí debemos moderar el uso de pantallas por salud física y mental pero es inevitable que el tráfico de datos aumentará exponencialmente cuando para muchos es la única forma de producir, comunicarse, informarse y tener algo de contacto humano virtual en tiempos de aislamiento.

La falta de fibra óptica en los hogares de ciudades medianas y pequeñas y localidades rurales que si bien les va tienen redes de cobre o celulares 3G, le costará mucho a México en esta crisis y la postcrisis. Ni pensar en 5G si no hay fibra óptica suficiente. Ahora se hará más patente esta necesidad. Tanto como la necesidad de telemedicina en el primer nivel de atención, pero esa es…otra historia.