Cómo no hacer una política pública

10-08-2020 09:03

El fracaso de programas de conectividad universal de banda ancha en manos del Estado en los últimos 20 años. Ni el 'FONCOS', ni 'e-México', ni la 'CSIC', ni 'México', ni la 'CFE INTERNET PARA TODOS' y mucho menos 'Aprende en Casa 2', deben tomarse como ejemplos de política pública bien construida y mucho menos considerarse política pública incluyente.

Todos han resultado o resultarán insostenibles y de mala calidad. Todos estos programas terminan en infraestructuras abandonadas, centros digitales desiertos, y servicios públicos básicos descontinuados, un hecho regresivo de los derechos humanos que podría costar al Estado mexicano ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estos programas diseñados y ejecutados desde las cúpulas políticas y empresariales siempre dejan fuera a muchas actoras clave que sí podrían hacer la diferencia: operadoras y proveedoras locales, productoras de contenidos independientes, creadoras indígenas, cooperativas locales, maestras, usuarias y comunidades e institutos tecnológicos.  

El programa 'Aprende en Casa 2' no es la excepción y refleja una nueva forma de sumisión a los poderes fácticos.

Las fallidas estrategias de conectividad universal de ayer y hoy condujeron al presente gobierno a recurrir suplicante a los concesionarios de televisión abierta comercial para no paralizar la educación pública durante este nuevo ciclo escolar ante la emergencia sanitaria en la que México sigue hundido.

Dado que la penetración de la TV comercial es superior a la de Internet, la SEP optó por pagar a las televisoras por difundir (no producir ni emitir) los contenidos audiovisuales educativos, una suma muy cuestionable de 450 millones de pesos por cuatro meses de transmisión en canales multiplexados que les dio el Estado a través del IFT para ese fin.

Este costoso arreglo nos lleva a cuestionar: ¿por qué tendría el Estado que pagar suma alguna a concesionarias de un servicio público de interés general, obligadas a cumplir con una serie de funciones en favor de la educación, la ciencia y la niñez en pleno estado de emergencia sanitaria y habiendo un Consejo Nacional de Salubridad que pudo haberlo ordenado en aras del interés superior del menor ante la pandemia?

¿Por qué no han transparentado el convenio respectivo?

¿Por qué no revisar las razones y posibles infracciones a la ley por dejar fuera a los 13 millones de mexicanas que no cuentan con una sola señal de televisión por falta de micro repetidoras? La suma obsequiada por el gobierno debió al menos sujetarse a que las cadenas instalen una micro repetidora en localidades remotas sin cobertura.

¿Cómo justificar que siendo las televisoras comerciales concesionarias de un servicio público de interés general conforme a nuestra Constitución cobren por radiodifundir contenidos, que producirá Canal Once y que emitirá la RTC del Estado con canales multiplexados que les asignó el IFT justo para educar por televisión en un contexto de emergencia sanitaria?

¿Cómo justificar un pago millonario en plena austeridad republicana del que solo sabemos que se calculó a razón de $15 por estudiante? El costo de multiplexar es un costo marginal bajo, así son las economías de red: altos costos fijos, muy bajos costos marginales pero la 4T decidió pagarles siendo concesionarios de un servicio público cuando ha dejado en la inanición presupuestal a los diversos medios de radiodifusión públicos y sociales (comunitarios e indígenas).

¿Es esta la forma en que el presidente separa el poder político del económico y vela por el interés público? ¿Pagando a los concesionarios y teniéndolos como asesores de cabecera? ¿Esta es la forma de velar por la igualdad de millones de marginadas pagando a las cúpulas mediáticas? Los expertos con convicción social titulares de diversos medios públicos o el SPR no levantaron la mano para asesorar al Presidente cuando su Secretario de Educación Pública no puede hacerlo porque tiene un claro conflicto de interés con TV Azteca? Seguramente no los escuchó.

Y por si ello fuese poco, ¿no pensó la SEP, meses atrás, en diseñar este monólogo teleeducativo con los maestros? Siempre he sido crítica de los ”métodos” de los sindicatos de maestros de nuestro país, pero ¿pretender diseñar toda una política pública educativa que empezó a cocinarse desde marzo al margen de los maestros?  

Ahí no para la cosa, según el estudio de diagnóstico de la televisión abierta en México publicado por el IFT recientemente,1 las señales de televisión digital comercial no llegan a 188,789 localidades de nuestro país en donde viven 13.4 millones de personas (el 10.54%), es decir, las familias más marginadas que ahora también quedarán sin acceso a la educación.

¿Que la penetración de la TV es mayor a la de la banda ancha gracias a decisiones erróneas de pasadas y actual administraciones? Sí, en efecto, pero aun así habrá millones de estudiantes excluidas y nadie nos ha informado si crearon también contenidos educativos radiofónicos para transmitirlos en la radio pública, severamente castigada con recortes presupuestales y en las radios comunitarias e indígenas; éstas últimas solo son doce pues siguen en trámite ante el IFT más de 60. Siempre quedan excluidos los mismos grupos vulnerables.

Presidente López Obrador: la tutela del interés público se cumple cuando el gobierno logra alinear intereses privados al interés público, no a la inversa. 

 

 * Utilizo el género femenino como “genérico” para el plural para concientizar de la necesidad de visibilizar la situación de las mujeres en México y de diseñar políticas públicas y estadística con perspectiva de género.

[1] http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/competencia-economica/estudiodediagnosticodelserviciodetelevisionradiodifundida-resumenejecutivo.pdf  Esto revela que la penetración no aumentó significativamente con las licitaciones de frecuencias de TV.