La oportunidad un día después de los 100 primeros

La semana pasada participé en El Colegio de México en un conversatorio denominado, Hacia un Estado de Bienestar para México, donde coincidí con mis colegas Viridiana Ríos, Ricardo Fuentes y nuestro anfitrión, Raymundo Campos.

De la conversación que sostuvimos, y en el marco de la dinámica de la discusión pública de los últimos 100 días, concluyo que como sociedad mexicana no hemos logrado establecer las bases de diálogo y negociación necesarios para construir un nuevo contrato social.

En ese contexto, el bono de legitimidad que el Presidente López Obrador recibió en las urnas el verano pasado y su aprobación actual, lo dotan de una mayor responsabilidad. Más allá de temas tan cruciales como lo es la corrupción, será la integralidad de la acción gubernamental en torno al tránsito a un contrato social sostenible y funcional en términos de bienestar social, lo que determinará el éxito o fracaso del gobierno actual.

El bienestar social no admite exclusiones. Sin embargo, México ahora mismo no ofrece igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos. Esta situación genera costos sociales y económicos.

Los primeros se han traducido en injusticia social, la cual se ve reflejada en aspiraciones y expectativas truncas, así como en un tejido social resquebrajado que imposibilita la construcción de metas colectivas. Los segundos se reflejan en un crecimiento económico reducido, dado que el potencial de desarrollo de las personas no se alcanza, además de que las habilidades ya desarrolladas no se utilizan de la mejor manera. En resumen, estamos beneficiando a pocos y desperdiciando a muchos.

Para reducir la exclusión necesitamos establecer pisos mínimos de arranque y avance a lo largo de la vida de las personas. Lo anterior no será posible sin el concurso del Estado. No se trata de descubrir el hilo negro, sino simplemente de observar y adoptar lo que ha funcionado en las sociedades más avanzadas del mundo. Los Estados promotores de bienestar social se han concentrado en tres dimensiones de atención: educación, salud y protección social.

Para reducir la exclusión necesitamos establecer pisos mínimos de arranque y avance a lo largo de la vida de las personas. Lo anterior no será posible sin el concurso del Estado.

Los sistemas bajo estos tres pilares resultan exitosos siempre y cuando cumplan con dos condiciones: cobertura universal y calidad garantizada. Aunado a lo anterior, los Estados de Bienestar también cuentan con instrumentos específicos como lo son las transferencias focalizadas. Dichos instrumentos potencian la efectividad de los sistemas universales al atender problemáticas de poblaciones específicas. En ese sentido, los dos tipos de intervención resultan complementarios. Además, en ambos casos se requiere de un monitoreo permanente que reduzca las posibilidades de uso clientelar, tan común en sociedades como la mexicana.

A partir del día 101 del actual gobierno, construir un Estado de Bienestar con estas características sí es posible. El reto es grande, pero viable si cada actor social asume su responsabilidad. En ese tenor, las señales que emita el gobierno federal juegan un papel preponderante. Por eso, resulta tan importante acompañar al discurso gubernamental de acciones que no lo desmientan.

El gobierno no debe renunciar a sus responsabilidades en los ámbitos relativos a la construcción de un Estado de Bienestar. Entre ellas se encuentra la de proponer y negociar la forma para obtener y ejercer los recursos que el cambio prometido desde la campaña electoral requiere.

Si se decide a asumir dicha responsabilidad política, entonces sí, como el propio Presidente López Obrador lo mencionó en su discurso de toma de protesta, el gobierno de México “[r]epresentará a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo o posición económica.”

@RobertoVelezG