Política Social y Seguridad

Retrasan militares investigación de faltas ante la justicia civil, revela ONG

21-11-2017 19:00

El Código de Justicia Militar dota a los soldados de facultades que les permiten evadir la justicia civil.

WOLA documentó que en diversas ocasiones los soldados que son testigos en investigaciones civiles son acuartelados en instalaciones militares lo que dificulta que comparezcan ante la PGR. Agrandar
WOLA documentó que en diversas ocasiones los soldados que son testigos en investigaciones civiles son acuartelados en instalaciones militares lo que dificulta que comparezcan ante la PGR.

Los militares han encontrado diversas formas para evadir la justicia.

Desde que los soldados comenzaron a asumir tareas de seguridad pública que no les correspondían han cometido una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos que por muchos años no fue claro como procesar ante la justicia.

La guerra contra el narcotráfico que declaró el expresidente Felipe Calderón y sacó a los militares a las calles arrancó en diciembre de 2006, pero fue hasta ocho años después –en 2014- que se reformó el Código de Justicia Militar para permitir que los soldados pudieran ser juzgados por autoridades civiles.

Sin embargo, la reforma no fue suficiente, dejó intactos en el código por lo menos cuatro artículos que dotan a las autoridades militares de facultades que les permiten evadir la justicia civil.

WOLA, organización que realiza investigación y trabajo de incidencia en temas de derechos humanos documentó y denunció algunas de esas prácticas en el reporte “Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”.

El artículo 37 del mencionado código permite a los militares ser los primeros en investigar los delitos cometidos por soldados, es decir, actuar como primeros respondientes: la primera autoridad que se presenta en el lugar de los hechos para recabar testimonios, pruebas o realizar detenciones en flagrancia hasta que el ministerio público llega.

Es decir, convierte a los militares en juez y parte, además, les permite realizar investigaciones paralelas a las civiles para un mismo caso, lo que no parece haber sido una buena idea.

 

Soldados han violado los derechos humanos de civiles a partir de la apertura de acitividades de seguridad pública.

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó 32 casos en los que los soldados alteraron la escena del crimen, es decir, sembraron armas o drogas; movieron los cuerpos o bien alteraron la narrativa de los hechos entre 2007 y 2014.

Mientras que la investigación de WOLA revela que una de las principales prácticas es el encubrimiento en los testimonios de los soldados que son recabados por la autoridad militar para ser utilizadas en investigaciones civiles.

La organización documentó testimonios inconsistentes muy similares unos de otros o con sospechas de estar influenciados en beneficio de un compañero o para evadir la responsabilidad de algún miembro de la corporación.

 

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Tan solo entre 2012 y 2016 se registraron al menos 58 juicios penales en contra de soldados por obstaculizar las investigaciones con falsas declaraciones e informes, por simular la existencia de pruebas, encubrir, dilatar injustificadamente la puesta a disposición de un detenido, entre otras.

El caso Tlatlaya, un enfrentamiento entre soldados y civiles que dejó un saldo de 22 muertos, al menos 12 fueron ejecutados extrajudicialmente, es un buen ejemplo de un caso obstaculizado por la doble investigación.

 

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La justicia militar fue la primera en tener acceso a la escena del crimen y a las declaraciones de los soldados, sin embargo, no compartieron la información con la justicia civil, tampoco los medios de prueba ni reconocieron como víctima a la sobreviviente, aunque esto último tampoco lo hizo la autoridad civil.

Como resultado seis de siete soldados procesados por la justicia militar fueron absueltos, al séptimo lo condenaron a un año de prisión por desobediencia.

Otro artículo del Código de Justicia Miliar que obstaculiza aplicar la justicia civil a los soldados es el 129, que les permite a los acusados de cometer un delito o violación a los derechos humanos en contra de civiles ser detenido en prisiones militares.

WOLA documentó que en diversas ocasiones los soldados que son testigos en investigaciones civiles son acuartelados en instalaciones militares, lo que dificulta que comparezcan ante la PGR.

En el caso del proceso penal por la desaparición forzada y homicidio de siete jornales en el municipio de Calera, Zacatecas en julio de 2015, las autoridades militares han mantenido bajo custodia a los cuatro soldados acusados por la PGR de desaparición forzada, homicidio calificado y contra la administración de justicia.

En octubre de 2016 un juez ordenó trasladarlos a un juzgado civil para que estuvieran presentes durante su juicio, pero los soldados presentaron un amparo que evitó su trasladó.

Por otra parte, el artículo 57 no excluye del fuero militar los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en contra de sus propios compañeros.

WOLA documentó que incluso hay casos de soldados que aseguran haber sido víctimas de tortura por otros soldados para obtener confesiones forzadas, pero cuando los jueces civiles los reciben no tienen la precaución de asegurar que se excluyan estos testimonios como prueba.

 

Las autoridades militares encubren a los testimonios de los soldados que son recabados por la autoridad militar para ser utilizadas en investigaciones civiles.

 

Los obstáculos para procesar a los soldados que cometen delitos no vienen únicamente de la justicia militar, también vienen de la ineficiencia del fuero civil.

Son excepcionales los casos en que las autoridades civiles investigan a los superiores jerárquicos de los soldados acusados de cometer un delito, un problema en el sistema de justicia ya que son fundamentales para valorar si hay responsabilidad entre los subalternos y sus superiores.

Además, WOLA asegura que faltan investigación y juicios diligentes, pues a la PGR le toma hasta tres años llevar a los soldados a un juicio, es decir, obtener un auto de formal prisión y hasta seis obtener una sentencia condenatoria.

La organización recomienda a las víctimas de delitos por parte de militares continuar con la práctica de presentar quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como demandas de amparo para la búsqueda de personas desaparecidas en cuarteles militares o para que las investigaciones de la PGR sean serias y diligentes.

Aunque no son garantía de una pronta ejecución de la justicia, han contribuido ha lograr mejores resultados en los juicios contra soldados, concluye.

 

MÁS INFORMACIÓN: Justicia olvidada, La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México, WOLA, noviembre 2017.

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