Ser encuestador en México, un oficio de alto riesgo

En zonas rurales golpeadas por la delincuencia organizada, los pobladores se defienden por su propia cuenta y personas inocentes que trabajan en la industria de la opinión pagan las consecuencias. El caso ha vuelto a causa de los hermanos Copado Molina, asesinados en el estado de Puebla
23 Octubre, 2015 Actualizado el 23 de Octubre, a las 17:49
 “Ya es tiempo de reconocer que los encuestadores y la industria de la opinión está en riesgo", dice el director de Parametría empresa de investigación de mercados
“Ya es tiempo de reconocer que los encuestadores y la industria de la opinión está en riesgo", dice el director de Parametría empresa de investigación de mercados
Arena Pública

Por 15 o 10 pesos por encuesta, arriesgan su vida aquellos empleados que timbran en la puerta de los hogares o de establecimientos, identificados con los logos de firmas encuestadoras privadas.

Sofocados bajo del sol y con una dieta básica tipo "Oxxo", porque la naturaleza de su trabajo no les permite sacar tiempo suficiente para alimentarse de manera pausada y reposada, van de puerta a puerta a cumplir su trabajo para recopilar datos que son de utilidad para la investigación y toma de decisiones en nuestro país, o bien que sirven para estudios de mercado contratados para fines específicos.

A José Abraham y Rey David Copado Molina, los trataron cual criminales, los laceraron y quemaron mientras uno de ellos gritaba, mientras ardía -“yo no he hecho nada”-.

Pese a que portaban sus identificaciones que los avalaban como empleados de la firma Marketing Research & Services que presta servicios de encuestas de opinión, no fue suficiente prueba para salvarlos de la muchedumbre del municipio de Ajalpan, Puebla, que los confundió como miembros de una banda de secuestradores de niños.

Los hermanos empapados de sangre por tantos golpes recibidos aún con vida intentaron llamar a sus familiares, pero no pudieron entrar al pueblo porque la gente tenía acordonado el lugar, con palos y piedras, según declaraciones de Felipe Ángel Copado Molina, hermano de las dos víctimas.

Pocas garantías para un trabajo tan arriesgado

Rey David deja a su esposa y un par de gemelos huérfanos, no contaba con Seguridad Social, afore ni Infonavit. Porque este tipo de empresas outsourcing no dan ningún tipo de prestaciones y los que trabajan en estas, ganan por trabajo realizado.

Él y su hermano tenían experiencia en este oficio y llevaban cuatro años laborando para la empresa que se dedica a realizar estudios de mercado. 

Según la empresa Marketing Research & Services, es la primera vez que suceden este tipo de infortunios.

No es la primera vez

Pese a estas declaraciones dadas por la empresa, existe un antecedente de  acontecimientos similares en otros estados de la República y precisamente con encuestadores puerta a puerta.  

Tal es el caso de otros dos cadáveres de encuestadores encontrados en la zona rural de la sierra de Tarahumara en Chihuahua, que aconteció a mediados de marzo de este año, a quienes también habrían sido contratados como encuestadores temporales para levantar un sondeo para el censo 2015, tal como lo informó el INEGI en aquel entonces.

También en 2009 secuestraron a encuestadores de Parametría. Fransisco Abundi, director de esta misma empresa dedicada a la investigación estratégica de opinión y análisis de resultados, afirma que al igual que al INEGI, ellos han tenido que sufrir por la pérdida de algunos de sus encuestadores.

“Este no es un caso aislado, tenemos antecedentes y hay estados dónde es más delicado trabajar por los niveles de delincuencia…y lo inusual de este caso es que no se trató esta vez de un grupo delincuencial organizado, se trató de la reacción de una población ante una situación de inseguridad, ejerciendo justicia por mano propia”, afirmó Abundis en entrevista radiofónica.

Indicando que después de tantos casos de violencia reportados en contra de personas que se dedican a la industria de la investigación de opinión, ya es tiempo de reconocer que los encuestadores son vulnerables.

"Deberían apoyarles en tomar más medidas de protección y otro tipo de prevenciones, aparte de las que ya se ejercen", agregó.

Porque de lo contrario dejar de levantar información, es algo que ya sucede en éstas empresas para zonas de alta inseguridad, acarreando una alta pérdida social y de registros históricos que podría traer serias consecuencias más allá de lo económico.  

A fondo: Inegi condena episodio de violencia ocurrido en Ajalpan, Puebla