Línea 12, ¿cirugía mayor?

08-09-2014 08:26

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y sus funcionarios, busca torcerles el brazo al Grupo Carso, Ica y Alstom -las empresas del llamado consorcio de la malograda Línea 12 del Metro de la Ciudad de México- así como a la española CAF que construyó los vagones, para que se hagan cargo al 100% de la reparación de la Línea 12.

Ya la francesa Systra dictaminó que la línea requiere de una reparación mayor para su puesta en marcha, lo que también implica un gasto millonario que algunos expertos calculan que sería cercano al costo original de la vía.

No hay que olvidar que la construcción de la Línea 12 tuvo un costo de más de 26 mil millones de pesos a lo largo de cinco años de construcción, monto que superó en 50% al costo originalmente planeado de 17 mil 500 millones de pesos.

Así que si se decide corregir el problema de la Línea 12 a fondo y con soluciones de largo plazo, está claro que el costo será muy elevado. Otras alternativas para poner en marcha la línea en un menor tiempo sería realizar algunas correcciones en los rieles, durmientes, sujetadores, entre otros arreglos, lo que podría significar un costo menor; aunque se elevaría el costo del mantenimiento a futuro.

La decisión final aún sigue pendiente y la respuesta del consorcio y de la española CAF también. Queda claro que al consorcio y al propio CAF les interesa seguir haciendo negocios con el gobierno del DF, particularmente ahora que el Presidente anunció la ampliación de cuatro líneas del Metro de la ciudad de México con una longitud conjunta de 43.5 kilómetros, lo que significa añadir 20% más a la extensión actual del Metro capitalino. Un proyecto que duplica en extensión a la Línea 3 que recorre de sur a norte la Ciudad de México, desde Ciudad Universitaria hasta Indios Verdes.

Así que, con estos proyectos en puerta, el consorcio ha mostrado una buena disposición para corregir las fallas que les competen, aunque aún no sabemos si estarán dispuestos a asumir un costo tan alto a cambio, sobre todo si el gobierno de Mancera decide realizar una cirugía mayor a la Línea 12 como lo ha recomendado Systra.

Sabemos que será muy difícil que el gobierno del DF obligue legalmente a las empresas a asumir toda esta responsabilidad porque los contratos que firmaron con el Metro durante el gobierno de Marcelo Ebrard, no lo consignan así y más aún cuando se ha demostrado que hubo errores graves -y hasta ahora sospechas de corrupción- en la planeación, diseño y adquisición de los trenes desde el gobierno del DF en los tiempos de Ebrard.

Otro cantar es la pugna política que libran Ebrard-Mancera en la arena de un PRD resquebrajado y la responsabilidad que se llegara a fincar a los funcionarios responsables del proyecto de la L-12 durante el gobierno de Ebrard, incluyendo al propio ex jefe de gobierno.

Mientras tanto el Grupo Carso de Carlos Slim -que participa con 17% del consorcio a través de Carso Infraestructura y Construcción- es el que ha mostrado mayor disposición para aceptar la corrección de las fallas y de hecho ya ha asumido el costo de las reparaciones que se llevan a cabo. Sin embargo ICA, de Bernardo Quintana -que tiene 53% del consorcio- aún muestra ciertas reticencias dada la presión financiera que enfrenta el grupo constructor, aún y cuando Carso ya tiene una alta injerencia en el destino de ICA.

La danza de los proyectos de infraestructura que vienen desde el sector público -y desde el gobierno federal- es de tal magnitud, que estas empresas difícilmente ofrecerán resistencia para llegar a un acuerdo en el asunto de la L-12 con un gobierno del Distrito Federal que ha mostrado fuertes simpatías con Peña Nieto y su gobierno. En este asunto, también el gobierno federal tiene cartas sobre la mesa.

 

PRESIÓN FISCAL POR PETRÓLEO

Durante los últimos años los altos precios internacionales del petróleo encubrieron la constante caída en la producción petrolera de Pemex y ello permitió que los ingresos del gobierno no se vieran mermados por esta caída. Sin embargo, para 2015 será notoria la presión sobre las finanzas públicas derivada de la caída de la producción petrolera. Una caída que afectará los ingresos del gobierno en 91 mil 500 millones de pesos para el próximo año, según lo dicho por el secretario Videgaray. El deterioro de Pemex es noticia en las cuentas públicas.